La advertencia que el fiscal de la CPI le hizo a Colombia en ‘El País de España’

Luego de que esta semana, en una declaración conjunta en la Casa de Nariño, en compañía del presidente Iván Duque, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), revelara que el organismo tomó la determinación de archivar la investigación preliminar por violaciones de derechos humanos en Colombia, se siguen generando ecos de una decisión que no significa que los ojos de ese importante tribunal u organismo no vuelvan a estar sobre Colombia.

Según Karim Khan, el país está cumpliendo con los avances en las investigaciones pertinentes, que permitan esclarecer los casos de violencia en los cuales han sido afectados los derechos humanos.

En diálogo con El País de España, Khan advirtió que esto de ninguna manera significa que no se pueda eventualmente volver a abrir una investigación preliminar para verificar si las instituciones de justicia, especialmente la JEP y la Fiscalía, están ejerciendo su rol de manera adecuada para indagar casos de posibles violaciones a los derechos humanos.

“Por supuesto. Tenemos ejemplos anteriores. El Estatuto de Roma lo deja claro. Mientras se siga la dirección adecuada y estemos aquí para apoyar en lo que podamos, como se prevé en el acuerdo, no intervendremos. Pero si alguna vez determinamos que los procesos son una farsa, que son ficción, que tienen como objetivo ocultar algo o que hay impunidad deliberada, mi oficina no tardará en intervenir y cumplir con sus propias obligaciones estatutarias”, dijo Khan a El País de España.

Y agregó que Colombia “estuvo bajo examen preliminar durante 17 años. Como jurista, uno tiene que cumplir con el Estatuto, y este dispone de forma muy clara que si un Estado es sincero, está dispuesto y puede procesar los que son considerados crímenes por el Estatuto de Roma, la Corte no debe intervenir en ese proceso. Tras evaluar el admirable trabajo de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que ha habido un intento genuino por parte de las instituciones de Colombia de cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo correcto era seguir apoyando a Colombia, pero no como parte del examen preliminar”.

Las implicaciones del acuerdo entre la CPI y Colombia, es que por ejemplo, obligan a las instituciones en el país, especialmente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía a ser más ágiles y eficientes para evitar una nueva observación sobre Colombia. En el trascendental documento, el Gobierno Duque se comprometió a continuar apoyando los procesos de la justicia ordinaria, al sistema de Justicia y Paz (paramilitares) y a la JEP (Farc). De otro lado, entregará presupuesto para la rama judicial y brindará protección a jueces, fiscales y comparecientes. Todos estos avances tendrán que ser informados a la Fiscalía de la Corte Internacional.

Analistas consultados por SEMANA coinciden en que el acuerdo implica una mayor responsabilidad de las instituciones para fortalecer la justicia. En el caso de la JEP, que tiene en sus manos el juzgamiento de las Farc por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, le corresponderá, en el marco de la justicia retributiva, mostrar efectividad en la verdad y sanción de los hechos.

En diálogo con El País de España, Khan también destacó los avances en materia de paz en Colombia tras la firma del acuerdo de La Habana: “Es importante reconocer que hace casi cinco años hubo un Acuerdo de paz. Hace seis años no lo había. Ha habido tres jurisdicciones diferentes: la ordinaria, luego tuvimos, antes del Acuerdo de paz, la Ley de Justicia y Paz, y después la JEP. Cada una de ellas requirió un grado de compromiso por parte de mi entidad para evaluar cómo trabajaban”; dijo al diario español El País.