La batalla por los cerros de Bogotá

Bogotá no tiene mar, pero tiene cerros. Hasta hace poco, la ciudad creció a espaldas de esta joya ambiental. La batalla entre quienes lo ven como un espacio legítimo para construir y aquellos que rechazan toda intervención lleva décadas. Pero en las últimas semanas el conflicto se agudizó por dos proyectos: Monte Rosales y Cerro Verde.

Y esta es solo la punta del iceberg. A raíz de un fallo del Consejo de Estado de 2013, en los próximos meses se sabrá si se edificarán nuevos proyectos en la zona. SEMANA estableció que hay 117 planos de urbanismo aprobados en la reserva. Para unos habrá un impacto ambiental irreparable y para otros un derecho adquirido que pone en riesgo multimillonarias inversiones.

En el corazón del problema hay un confuso Frankenstein jurídico, producto de por lo menos 27 acuerdos, fallos, planos y leyes diferentes. En 1976 el Inderena declaró a los cerros reserva forestal, pero se siguió construyendo. Incluso varios decretos anularon la restricción e integraron nuevas urbanizaciones en la zona.

En 2005 el Ministerio de Ambiente fijó nuevos límites a la reserva y levantó el veto de edificación sobre 976 hectáreas, que definió como una ‘franja de adecuación’. Este espacio, donde la ciudad limita con los montes, ya tenía más de 500 hectáreas construidas, pero la decisión también entregaba los muchos espacios vacíos a nuevos proyectos.

Al año, el Tribunal de Cundinamarca anuló la decisión y en 2013 el Consejo de Estado le dio un marco definitivo a las montañas bogotanas. Ordenó protegerlas, pero dejó en firme parte de la decisión del Ministerio, argumentando que ya había barrios en la franja de adecuación y decidió que los constructores con derechos adquiridos podrían sacar adelante sus obras.

Frente a este galimatías jurídico, lo difícil ahora es definir quién puede y quién no puede construir. Esa papa caliente está en manos de varias entidades distritales y nacionales que tienen que cumplir la sentencia en los próximos meses. Gerardo Ardila, secretario de Planeación Distrital, dijo que “si en otros momentos primó el fortalecimiento de la industria constructora, hoy defendemos los ecosistemas. Eso sí, quienes hayan obtenido derechos y lo demuestren, para adelante”.

Según Planeación, hay 117 planos urbanísticos en los cerros que van desde la legalización de barrios informales hasta megaproyectos de torres. Como la norma cambió tanto, es necesario estudiar cada licencia para definir si conserva sus derechos. Hay 19 que aprobaron antes de 1977, cuando se declaró la reserva. Otras, las entregaron con la condición de que se levanten las restricciones ambientales y se van a hundir.

Entre esos dos casos hay una zona gris que Planeación debe revisar a fondo para determinar, entre otras cosas, si el constructor cumplió los requisitos o si las tramitaron sabiendo que invadían una zona protegida. Si esto se demuestra, no hay obra. Pero probar la mala fe nunca es fácil y las evidencias están enterradas en polvorientos archivos de curadurías, del Acueducto, del IDU o de alcaldías locales.

Para Camilo Reales, de la Asociación Amigos de la Montaña, “la ciudadanía está denunciando, verificando las licencias, agotando todas las instancias. Es un momento clave”.

Bogotá, con menos de cuatro metros cuadrados de zona verde por habitante, no se puede seguir dando el lujo de ignorar ese tesoro verde. Por eso, aclarar de una vez por todas cuales son las reglas y definir quién puede y quién no puede construir es determinante para el desarrollo futuro de la ciudad, su pulmón y su estética paisajística. (Vea la infografía sobre la situación actual de construcción en los cerros)