La contraofensiva

Es un hecho indiscutible que la guerra contra la subversión y los paramilitares se libra en Colombia pero se ventila públicamente en Estados Unidos y muy pronto será comidilla diaria en varios países europeos. Y eso es así porque cada día que pasa el conflicto armado interno deja de ser un asunto de interés nacional para convertirse en un tema de carácter mundial. “La guerra ya no nos pertenece”, dijo un analista político a esta revista.

Pero de ese conflicto armado hay una materia que todavía Colombia tiene pendiente ante la comunidad internacional: los derechos humanos. Es por eso que cada vez que un organismo internacional se ocupa de este asunto tan sensible inmediatamente produce conmoción nacional. Así sucedió recientemente cuando la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch hizo público su informe en el que, entre otras cosas, denunciaba la presunta relación de algunas unidades militares con grupos paramilitares.

Algo similar podría suceder en las próximas semanas cuando la oficina del delegado de las Naciones Unidas en el país dé a conocer su balance de la situación de los derechos humanos en Colombia. De hecho, el delegado del organismo internacional, Anders Kompass, ya puso el dedo en la llaga cuando cuestionó la voluntad política del Estado para combatir este flagelo que, sin duda, es un objetivo común de la humanidad.

Es por todas estas razones que varios funcionarios del gobierno de Andrés Pastrana han tenido que desfilar por los distintos escenarios internacionales para tratar de explicar que la violación de los derechos humanos no es una política del Estado colombiano y que, por el contrario, para el gobierno la lucha contra este tipo de violaciones es una de las prioridades. La semana pasada le correspondió el turno al ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, quien se entrevistó con varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington para mostrar los resultados del gobierno en ese frente.



Violaciones S. A.

De acuerdo con el documento preparado por el Ministerio de Defensa, con base en informaciones de la Fiscalía General y la Procuraduría, cerca del 90 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia está relacionado con el conflicto armado interno. Esto se explica porque tanto guerrilla como paramilitares han incrementado de forma sistemática y masiva sus acciones contra la población civil mediante el secuestro y la extorsión (ver recuadros).

El informe que el ministro Ramírez entregó a los funcionarios estadounidenses sostiene, además, que los grupos guerrilleros son responsables de la inmensa mayoría de los casos de violación de los derechos humanos, seguidos de cerca por las autodefensas. En efecto, también dice que estos grupos han cometido en los últimos cinco años al menos 14.102 infracciones graves a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), de las cuales la guerrilla es responsable de 12.179, es decir, 86,3 por ciento, y los grupos de autodefensas de 1.923, es decir, 13,6 por ciento.

Una de las cosas que más llama la atención del documento es que, pese a los cuestionamientos a que está sometida la Fuerza Pública por los organismos internacionales, la participación de miembros de las distintas instituciones en casos de violación de derechos humanos es cada vez más marginal. En palabras de un procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, “en comparación con los años anteriores a 1997 el índice de funcionarios involucrados, tanto de la Policía como del Ejército, ha disminuido notoriamente, lo cual indica que las campañas de prevención han tenido un buen efecto”.

Pero la Procuraduría no es la única institución que reconoce dichos avances. Una ONG, como la Comisión Colombiana de Juristas, sostiene en el informe que “la disminución de los casos atribuidos a la Fuerza Pública en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario del 15,68 por ciento en 1995 bajó a 3,72 por ciento en 1998 y al 2 por ciento en 1999”.

Pero la cifra que sí resulta verdaderamente escandalosa es la que tiene que ver con el número de secuestros en el país. En los últimos seis años este macabro crimen se multiplicó por tres. La guerrilla es la principal responsable de este aumento. Los grupos subversivos pasaron de realizar el 35 por ciento de los plagios al 53 por ciento. Del total de secuestros de la guerrilla, las Farc y el ELN suman el 88 por ciento en proporciones similares entre sí, mientras que el 12 por ciento restante lo efectúan sus organizaciones disidentes.

También dice el informe que tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares comparten el dudoso honor de ser los abanderados en número de asesinatos y en masacres a la población civil. Sólo el año pasado fueron cometidos 1.653 asesinatos, cuando en 1995 esa cifra fue de 485. Los grupos guerrilleros fueron responsables del 55 por ciento de esos casos y las autodefensas del 46 por ciento. Los otros se le atribuyen a delincuencia común organizada.

Algo similar sucede con las masacres. En 1995 se cometieron 128; el año pasado esa cifra fue de 551. Los principales actores fueron los grupos de autodefensas, a los cuales se responsabiliza del 74 por ciento de este tipo de delito. Las cifras de los últimos cinco años son escalofriantes: tanto autodefensa como guerrilla han cometido 1.253 masacres.



‘Lobby’ en Washington

De cualquier manera, y pese a la buena voluntad del gobierno, lo cierto es que el tema de los derechos humanos sigue siendo la piedra en el zapato ante la comunidad internacional. Aunque son sin duda significativos los avances de la Fuerza Pública en este sentido, como lo demuestran las buenas relaciones de altos oficiales de la institución castrense con las autoridades estadounidenses, algo que en el pasado reciente era difícil de imaginar, también es cierto que todavía se presentan casos, como las fugas de algunos oficiales de las guarniciones militares, que terminan por deteriorar la imagen de la institución (ver recuadro).

Pero el asunto no sólo tiene que ver con tocar las puertas en Washington y que éstas se abran. Como la guerra interna ya se globalizó, y por lo tanto hay que ventilarla en escenarios internacionales, ya se empiezan a escuchar voces que cuestionan la presencia permanente de los oficiales colombianos en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, entre otras cosas porque la guerra en Colombia no sólo se mantiene sino que se intensifica. “Sería bueno que esa tarea la desempeñara, por ejemplo, el vicepresidente Gustavo Bell. De esta manera cada uno tendría un papel que cumplir”, dijo a SEMANA un analista. En otras palabras, lo que algunas personas piensan es que por intensificar la guerra diplomática, algo sin duda plausible, el gobierno empiece a descuidar la guerra contra los grupos insurgentes. Y tampoco se trata de eso.