"La degradación del conflicto se refleja en las víctimas de las minas explosivas": Nuevo Arco Iris

“Un adulto mayor de 79 años, indígena del resguardo Nasa West, falleció al pisar una mina en zona rural del municipio de Planadas (Tolima) el sábado 19 de noviembre. Su nieto, quien estaba con él en labores de caza, se devolvió al resguardo para avisar la situación. Dos hombres de la comunidad y un menor de edad, también nieto del señor que había pisado la mina, salieron a auxiliarlo. Cuando se dirigían al lugar del accidente, el menor activó otra mina que le causó la muerte. Los dos hombres indígenas que lo acompañaban sufrieron múltiples heridas”.
 
El relato es uno de los tantos que se encuentran en la página Colombiasinminas.org, que lleva la cuenta de las víctimas de las minas en el país, pero que también, a través de historias, refleja el drama que por esto se vive en el país.
 
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) publicó esta semana un penoso informe. Un total de 4.191 personas murieron o fueron mutiladas en 2010 a causa de las minas antipersonal en todo el mundo, lo que supone un 5 por ciento más que el año anterior.
 
Colombia es el segundo país con mayor número de víctimas (512). En el primero está Afganistán (1.211). Después de Colombia sigue Pakistán (394), Camboya (286), Birmania (274), Irán (158) y Somalia (154). Las cifras pueden ser más altas, teniendo en cuenta que los datos son incompletos, debido a un subregistro en algunos países.
 
En Colombia, la utilización masiva de la guerrilla por estos artefactos ha aumentado en los últimos años. “Está desbordada y corresponde a esa nueva forma de actuar de las FARC”, señala Ariel Ávila, coordinador del área de conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, quien asegura que mientras los bombarderos de las Fuerzas Militares continúen, difícilmente disminuirá el número de personas afectadas por esos artefactos.
 
“Hay algo claro. Tener campos minados es la principal defensa de la guerrilla ante las acciones de las fuerzas armadas. Es lo único que les queda. Y claro, eso da cuenta de la degradación del conflicto en el país”, asegura Ávila.
 
Arco Iris tiene censados más de 300 municipios que tienen este tipo de artefactos explosivos. Los departamentos en los que está concentrado la problemática son Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Meta y Caquetá. “La cifra de afectados venía disminuyendo en los años 2005, 2006 y 2007, sin embargo se evidencia hoy un aumento, aún en zonas en donde el conflicto ha disminuido”, asegura Ávila.
 
A dicho crecimiento desproporcionado que señala Nuevo Arco Iris se suma las nuevas formas en que estos artefactos aparecen. “Usan tubos de PVC, los vidrios y la materia fecal para camuflarlos, lo que hace más difícil que sean detectados”, dice.
 
Respecto a la situación de Latinoamérica, Kate Wiggans, de ICBM, señaló que el mayor problema está en Colombia, principalmente a causa de su uso por la guerrilla de las FARC.
 
“Ahora están enterrándolas a tres metros bajo tierra, las cargas explosivas llegan hasta los 15 kilos y por su fabricación improvisada, es tan difícil calcular en dónde están o cuántas hay”, advierte el coordinador de conflicto de Nuevo Arco Iris.