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La historia de Robin, el joven acusado injustamente de abusar y asesinar a su hijastra

La captura de un menor por el supuesto abuso y homicidio de una bebé en Galapa, Atlántico, terminó en un perverso ejemplo de un sistema judicial fallido. Esta es su historia.


“La golpeó hasta causarle la muerte”, fue la sentencia de la Fiscalía en contra de un menor de 17 años de edad, recién graduado de bachiller y con la ilusión de formar una familia, pero que terminó metido en lío penal, juzgado por las instituciones y condenado a muerte por sus vecinos del barrio Mundo Feliz en Galapa, Atlántico.

Fue declarado culpable por la muchedumbre y su vida estuvo en juego, pues casi lo linchan. Pero en realidad, era inocente del crimen del que lo señalaban.

El 30 de abril, llegó sin signos vitales al hospital de Galapa, en el departamento del Atlántico, una bebé de apenas tres meses de nacida.

Los médicos alertaron a la Policía por un aterrador dictamen sobre violencia y abuso. Las pruebas apuntaban a su padrastro como responsable, pues justamente el menor, la noche de ese sábado, tenía bajo su cuidado a la niña.

José Fernando Vargas, alcalde de Galapa, y la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, se pronunciaron en su momento.

“Son hechos totalmente inaceptables, dolorosos, y no solo nos indigna a nosotros como institución, sino a toda Colombia”, declaró la funcionaria.

La exigencia de justicia que hizo la turba indignada, con la mitad de la información y apoyada por el ICBF y hasta la Defensoría del Pueblo, se convirtió en el más claro ejemplo de linchamiento judicial, a cargo de la Policía, la Fiscalía y los jueces. No investigaron, pero capturaron. No indagaron, pero sí judicializaron. Era el poder del Estado en pleno contra un adolescente.

La defensa del menor quedó en manos del abogado Iván Arnache, quien de manera repetida le insistió al juez tercero de Control de Garantías para la Infancia y Adolescencia de Barranquilla que ese procedimiento era ilegal. No hubo flagrancia y además se estaba procesando al adolescente sin la prueba técnica forense: la necropsia a la víctima.

Sin las evidencias y con la mera sospecha, el menor fue capturado. El juez ordenó un internamiento que por seguridad incluyó aislarlo, pues el resto de detenidos amenazaron con vengar la muerte de la bebé.

Una semana después, Medicina Legal entregó los resultados de la necropsia: la muerte fue natural y no hubo evidencia de abuso sexual.

En otras palabras, la aberrante historia que paralizó de indignación al país fue un malentendido, un error del sistema judicial de Colombia. Las instituciones como el ICBF que durante años desatendieron las necesidades del menor, ahora, de manera apresurada y sin pruebas, pidieron condenarlo.

“Intentaron lincharlo, ahora vive escondido, todos publicaron la información con la muerte de la bebé, pero pocos lo que resultó luego de los análisis forenses. Su vida quedó destruida, no puede salir a la calle, tiene miedo, al igual que su familia, todos están estigmatizados”, dijo el abogado Arnache.

¿Quién responde?

Luego de conocer los resultados de Medicina Legal, la Fiscalía se comunicó con la defensa del menor para “disculparse” y pidió a otro juez la libertad del adolescente.

La Policía, la Fiscalía y el juez se lanzan la responsabilidad de semejante error. Una familia destruida, un país indignado, una comunidad que se quedó con las primeras declaraciones y el deseo de venganza de quienes se niegan a actualizar la información.

“Le dije muchas veces al juez que debíamos esperar el dictamen de Medicina Legal, pero dijo que con el informe de Policía era suficiente y con ese documento lo judicializó, ordenó privarlo de la libertad, no hubo la menor intención por respetar el debido proceso”, señaló el abogado Arnache.

Todos los que hablaron se indignaron y exigieron justicia, ahora se esconden. La contundencia de las declaraciones al inicio del caso no se leen con la misma energía tras conocer los resultados de la necropsia, ni siquiera para reconocer que condenaron a un inocente y expusieron su vida en el afán de juzgar, sin investigar.

Después de lograr la libertad del menor, su defensa solicitará la preclusión de la investigación, todo como antesala a una millonaria demanda que presentarán y que por obvias razones tendrán derecho de recibir ante semejante barbaridad judicial. Hasta ahora nadie se hace responsable.