Sigue el baño de sangre, ahora toca a los excombatientes de las Farc

Para matar a William Saavedra lo llamaron y le pusieron una cita: pasar por el restaurante Rancho Panorama de Tuluá. No le importó postergar la compra de la torta de cumpleaños de uno de sus cinco hijos para asistir a este encuentro que aparentemente sería importante. Pero la sorpresa que quería darle a la familia terminó convertida en una tragedia. Sentado en un salón, rodeado por personas que él creía de confianza, asesinaron al primer excomandante de las Farc. El sicario le descargó los cinco tiros de su pistola y emprendió la huida.

“Estimados colegas representantes a la Cámara, con dolor en el corazón me toca anunciarles que asesinaron a un compañero en Tuluá”, informó afligido Marcos Calarcá en medio de una discusión de ese martes en el Congreso. Con rapidez la noticia tomó vuelo. No solo los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común lamentaron por redes sociales su deceso, sino políticos, líderes de opinión y simpatizantes del acuerdo. Con su muerte, se elevó a 126 el número de excombatientes asesinados desde que esa guerrilla se acogió a una salida negociada al conflicto armado.

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Saavedra había salido de Marquetalia hace más de un año en busca de oportunidades. Con él, arrastró 32 hombres y mujeres que confiaron en su liderazgo. Aunque no fue uno de los líderes más visibles de la exguerrilla, estuvo en la fase final de la negociación en La Habana. Allí ayudó a planear y coordinar cómo se agruparían las estructuras militares hasta avanzar a la dejación de armas. Una vez con el plan en marcha, se encargó de trasladar por la espesura de la cordillera Occidental a las filas que comandó por años. Al final, los llevó de vuelta a Marquetalia, el municipio donde hace 53 años surgieron las Farc.

Saavedra cumplió la misión que le habían encomendado una vez las zonas veredales se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Pero en pocos meses salió corriendo. Lo habría hecho por falta de garantías. Quienes compartieron con él, dicen que no había mucho de donde agarrarse para progresar. Por eso el exguerrillero optó por reorganizarse en el norte del Valle, una tierra que sí conocía, junto a un grupo de personas de confianza. Con ellos puso a andar iniciativas productivas en una tierra que tenían en alquiler con opción de compra.

Cuando lo mataron había subido al pueblo con un amigo que se preparaba para firmar los papeles de su proyecto productivo. Los excombatientes de las Farc que se organizaban en Tuluá quedaron huérfanos de líder. Están llenos de tristeza, pero también de miedo y rabia. “William decía que no le iba a pasar nada porque estaba comprometido con el proceso. La gente en la vereda sabía en qué andaba y a qué se dedicaba. Él creyó que eso era suficiente y no había más a qué temer”, le contó a SEMANA la senadora Victoria Sandino.

Hizo ruido

Wilson Saavedra es el primer excomandante de las Farc asesinado. Su caso tuvo eco por el liderazgo que mostró en tiempos de paz y el papel que jugó cuando hacía la guerra. Estuvo más de 30 años en la insurgencia. Fue operador de radio y enfermero. Lideró la columna Víctor Saavedra y al final, antes de dejar las armas, asumió la dirección del frente 21 y el Comando Central.

Al exguerrillero asesinado sus amigos lo recuerdan por haber sido el facilitador entre Pablo Catatumbo y Alfonso Cano. Si bien él no hizo el contacto directo del intercambio epistolar entre la exguerrilla y los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos, sí ayudó a que las misivas siempre llegaran a su destino final.

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Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, los mandos medios de la extinta guerrilla se podrían juntar hasta en tres grupos: 1) aquellos que se marginaron desde antes de concluir la negociación, como Gentil Duarte. 2) Otros, como Rodrigo Cadete, aunque alcanzaron a gozar de algunos beneficios terminaron en la disidencia. Y 3) Hombres como Saavedra, que venían siguiendo al pie de la letra lo que les deparaba su proceso de reincorporación.

Su historia se convirtió en un caso tan emblemático como el que el partido vivió el 16 de enero de 2018, cuando en Peque (Antioquia) murieron asesinados dos delegados enviados por las Farc a la región a hacer pedagogía de paz en medio de la campaña electoral. “Ellos llegaron, los increparon y les pidieron abandonar el lugar de inmediato. No consiguieron transporte para salir, les tocó quedarse y esa misma noche los asesinaron. A ellos les fue negada la protección. Esa fue ‘Crónica de una muerte anunciada’”, dice Camilo Fagua, miembro del Partido de la Farc.

De mal en peor

El asesinato de Saavedra sirve de combustible para quienes creen que la reedición de la masacre de la Unión Patriótica está a la vuelta de la esquina. ¿Con el Partido de la Farc se repite la historia? “Todos debemos unir fuerzas para exigir que se respete la vida de los excombatientes”, aseguró la excandidata presidencial Clara López. Pero no solo ella lo cree. En esa misma línea están otros líderes, como la senadora de la bancada de los decentes Aída Avella.

A la par con la Unidad Investigativa de la Fiscalía, que lidera Martha Mancera, la Farc organizó su mesa de derechos humanos, en cabeza de Camilo Fagua. Este viene haciendo seguimiento al fenómeno para dilucidar si es sistemático o no. En un informe preliminar conocido por SEMANA, la exguerrilla detalla que en total han muerto 126 excombatientes. Entre ellos, contabilizan a uno que murió en la cárcel de Cómbita por una negligencia médica. Solo dos son mujeres y el resto hombres.

Los departamentos con más casos son Cauca (23), Nariño (19), Antioquia (16) y Caquetá (13). En abril, septiembre, diciembre y enero se han presentado los picos que el Partido de la Farc registra desde el 1 de noviembre de 2016. Al hacer la radiografía de los líderes sociales asesinados en contraste con las zonas con más crímenes de excombatientes, hay una gran coincidencia.

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La coincidencia podría tener que ver con la incapacidad del Estado para ocupar con eficacia las zonas de las Farc, que ahora se pelean varios grupos armados. En disputa no solo está la cadena del narcotráfico, sino las rutas y otras economías ilegales, como la minería ilegal o el contrabando. Aun así, algunos en el partido vienen moviendo la tesis de que “el Estado resulta siendo el mayor responsable por acción u omisión. En su mayoría los grupos paramilitares cometen los hechos. Se fortalecen ante el ojo cómplice de miembros de la fuerza pública. Si no, ¿por qué en las mismas zonas donde hay alta presencia militar estas estructuras se fortalecen en vez de desaparecer?”, le dijo un miembro del partido a esta revista.

Pero los asesinatos, en su mayoría a manos de sicarios, apenas parecen la punta del iceberg. Entre homicidios, desapariciones forzadas y tentativas de homicidio las cuentas que lleva el partido van en 150. Esto, sin contar un subregistro que dicen que hay de al menos 50 amenazas reportadas. “Daremos a conocer nuestro plan de exterminio a los guerrilleros camuflados en varias organizaciones”, decía el segundo párrafo de un panfleto conocido en Arauca.

Saavedra pasó por algo de esto. A pesar de que nunca instauró una denuncia formal, en más de una oportunidad lo llamaron para decirle que sabían dónde vivía, dónde trabajaba y cuántos hijos tenía. Para la Fiscalía las afectaciones documentadas, no solo de homicidios, van en 134. De ellas, han esclarecido 65. Los Grupos Armados Organizados Residuales (24), Clan del Golfo (8), ELN (7) y EPL (5) aparecen como los autores intelectuales. A pesar que en las cuentas no aparecen los agentes de Estado hay al menos dos episodios con los que estarían involucrados. El primero ocurrió en Arauca donde intentaron presentar a un familiar de un excombatiente como si fuera un disidente de las Farc. El otro, muy conocido, ocurrió no hace más de un mes en Catatumbo, donde un cabo mató a Dímar Torres. De hecho, la Farc tiene interpuesta una denuncia ante la Fiscalía por simulación de hostigamiento de la fuerza pública en Tolima, donde hombres encapuchados amenazaron a integrantes del partido.

Cuesta arriba

Si en la pasada campaña electoral los dirigentes del Partido de la Farc la tuvieron cuesta arriba, para las elecciones regionales todo parece indicar que no tienen por dónde andar. Expertos consultados por SEMANA aseguraron que no hay garantías para que vayan a hacer política a nivel local. Las amenazas pululan, pero además ya está claro que se convierten en realidad, no solo contra ellos sino también contra quienes los rodean. Al menos 31 familiares de excombatientes, incluso niños, han muerto desde la firma del acuerdo de paz.

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Se ha dicho una y mil veces que la seguridad legal y física de los excombatientes son elementos claves para que no fracase el proceso de reincorporación. Con el fin de dar una respuesta a la compleja dinámica regional, la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales está ampliando de tres a seis el número de oficinas regionales y reforzando su capacidad analítica. Sin embargo, los excombatientes piden insistentemente que el Estado ataque la raíz del problema que se expresa con estructuras armadas que tienen capturada la región. Solo así, dicen, “evitamos ese desangre”. Para conseguirlo, le han pedido sin mucho éxito al Gobierno que impulse la autonomía y misión real de la Unidad Especial. Pero hasta ahora si acaso ha logrado la captura de uno que otro gatillero, pero nadie que haya ordenado matar a los exguerrilleros.

El presidente Iván Duque pidió capturar a los responsables de la muerte de Saavedra, mientras las Farc insisten en que las reciba para hablar del tema.