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La JEP expresa “preocupación” por recorte en su presupuesto para 2021

El Gobierno recortó el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un comunicado, el tribunal dijo que los recursos solicitados son fundamentales para la atención y protección a víctimas, testigos e intervinientes.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció sobre el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2021. El proyecto fue aprobado en el Congreso por un monto de 314 billones de pesos y solo falta la sanción presidencial.

Sin embargo, hubo varias propuestas de ajustes que no lograron prosperar, entre ellas el monto destinado al funcionamiento de la Jurisdicción Especial. Este lunes se había presentado una proposición impulsada por varios congresistas de diferentes partidos para incrementar el valor presupuestado en unos 30.000 millones de pesos, alertando que si no se establecía este monto, la JEP quedaría desfinanciada.

Finalmente la proposición no fue aprobada, por lo que la Jurisdicción Especial emitió un comunicado en el que reitera la preocupación por esta desfinanciación. “La JEP expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que es fundamental para la atención y protección a víctimas, testigos e intervinientes".

Hay varios componentes que quedarían mayoritariamente afectados con el monto asignado para la jurisdicción. Uno de ellos es el programa de protección a víctimas, fundamental para que se puedan esclarecer los hechos y cumplir con el acuerdo de verdad, justicia y reparación.

Según mencionó la entidad, de los 30.000 millones que pedían para su financiación, 19.613 iban destinados a este componente, tarea que está a cargo de la Unidad de Investigación y Asociación (UIA). Igualmente, otra de las destinaciones de este monto eran 4.100 millones de pesos para la representación y atención de las víctimas en los procesos judiciales.

“Teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes de la JEP y que hay casos macro en curso que demandan la participación de las víctimas”, mencionó la entidad.

De estos 30.000 millones unos 6.300 eran necesarios para tecnologías de la información. “Le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil, al servicio de las víctimas, de los intervinientes en los procesos y de la sociedad en general”.

La JEP también dice que la solicitud para que este incremento quedara asignado en el presupuesto de 2021 se había hecho desde el 13 de julio de este año, se reiteró el 21 de agosto cuando ya estaba radicado el proyecto en el Congreso y se volvió a solicitar el 28 de agosto y el 7 de octubre.

“Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de 88.000 millones de pesos entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a 30.014 millones de pesos, sin obtener el aval del Gobierno nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso”, aseguró la JEP.

El tribunal agradeció a los sectores políticos que hicieron esta solicitud en el Congreso y que han estado comprometidos con la implementación del Acuerdo de Paz desde el Legislativo.

Algunas voces cercanas al Acuerdo de Paz han reaccionado. Uno de ellos fue el senador Roy Barreras, quien comentó: “Han atacado a la JEP de múltiples maneras. Hoy el presupuesto presentado por el Gobierno y aprobado por sus mayorías asfixió su funcionamiento recortando su presupuesto. Sesión atropellada en la que incluso nos negaron la palabra. ¡Poca democracia queda, defenderla es obligatorio!”.

Martin Santos, hijo del expresidente Santos, dijo: “Desfinanciar la JEP es partirle la columna vertebral al proceso de paz. Lo prometieron en campaña, lo están cumpliendo”.

Sin embargo, otras voces que se han opuesto a la Jurisdicción Especial y en general al Acuerdo de Paz con las FARC también reaccionaron. Uno de ellos fue el congresista conservador Jaime Felipe Lozada, quien cuestionó que estos recursos realmente fueran a ser usados para la atención de las víctimas.

La JEP ha causado controversia desde su creación. Recientemente fue mencionada por el expresidente Álvaro Uribe en su propuesta de referendo, en la que uno de los puntos es la derogación de la Jurisdicción Especial. Igualmente, desde el Centro Democrático, esta idea siempre se ha apoyado. La senadora Milla Romero, quien entró en reemplazo del expresidente al Senado, ya radicó un proyecto para buscar eliminarla.

José Daniel López, de Cambio Radical, uno de los que impulsó la proposición para asignar mayores recursos a la JEP en el debate de la Cámara de Representantes, le comentó a SEMANA su reacción sobre la proposición negada y los alcances de la decisión.

“Esto es muy grave por dos razones: primero, porque revela que tenemos un gobierno bipolar. Ante la comunidad internacional posa de comprometido con el acuerdo de paz, y domésticamente, le niega a la JEP la plata necesaria para su funcionamiento, mientras sus barras bravas anuncian proyectos para eliminarla. Segundo, porque los recursos negados eran fundamentales para asesorar jurídicamente a las víctimas de la guerra y para proteger la vida e integridad de los declarantes y procesados. ¿Cómo esperar que se sepa la verdad del conflicto armado, si no disponemos los recursos necesarios para proteger a quienes la conocen de primera mano?”, cuestionó López.