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“La Procuraduría terminó siendo un escampadero de políticos”: Piedad Córdoba

La senadora electa y Gustavo Petro han tenido un mal precedente con la Procuraduría. Por esto, Córdoba aplaudió la eliminación de la entidad disciplinaria.


Si hay una institución con la que Piedad Córdoba ha tenido dificultades en su vida política es con la Procuraduría. Por esto, la controvertida senadora no escondió su satisfacción ante el anuncio de Gustavo Petro de eliminar el organismo disciplinario.

Petro dijo este martes que la idea es que la Procuraduría pase al poder judicial y se convierta en la gran fiscalía anticorrupción.

“No nos digamos mentiras, la Procuraduría terminó siendo un escampadero de politiqueros, un pote inmenso de mermelada para devolverle puestos a los senadores que la eligen, una herramienta de persecución de la extrema derecha y un órgano sesgado que protege a clanes políticos”, manifestó Córdoba.

Reiteró “que estoy en que se cierre la Procuraduría y con que sus buenos funcionarios, la mayoría de ellos expertos y honestos, pasen a la Fiscalía al área de persecución de delitos y corrupción en lo público”.

Tanto Córdoba como Petro no han tenido las mejores experiencias personales y políticas con la Procuraduría.

Recordemos que el organismo de control destituyó e inhabilitó a la hoy congresista del Pacto Histórico para ejercer cargos públicos durante 18 años durante la administración de Alejandro Ordóñez por la investigación sobre la Farcpolítica, pero el Consejo de Estado echó para abajo la decisión.

Por los lados de Petro, él fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por el procurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de las basuras en Bogotá, una decisión disciplinaria que terminó por frustrar los cuatro años de administración que el líder de izquierda pretendía adelantar en la capital del país.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió devolverle sus derechos democráticos y, por el contrario, consideró que la Procuraduría no tenía los dientes jurídicos para separar del cargo a un funcionario público de elección popular.

Para rematar, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, fue suspendido durante más de cuatro semanas porque, al parecer, participó en política en favor del líder de izquierda.

El hecho ocurrió a escasas semanas de las elecciones y Petro supo aprovechar el momento para mostrarle anticipadamente los dientes a la Procuraduría. “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular. La Procuraduría no puede evadir el mandato popular”, dijo.

Recordó “que ya un procurador facista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”.

Por esto, en la propuesta de Petro este martes se pretende eliminar la Procuraduría y pasar a los empleados a una fiscalía anticorrupción con dientes jurídicos para poder sancionar y destituir.