Las tensionantes 48 horas de vida que le restan al fast track

Las negociaciones de paz con las Farc durante más de cinco años en La Habana tuvieron momentos álgidos y no fueron pocas las veces que se habló de crisis. Incluso, la comunidad internacional tuvo que intervenir en un par de ocasiones para no mandar al traste los esfuerzos por ponerle punto final a más de 50 años de guerra.

Ahora hay una situación similar en el Congreso de la República, donde al trámite expedito del fast track –utilizado para el desarrollo legal de los acuerdos de paz– le quedan solo 48 tesnionantes horas de vida. Pero hay una diferencia grande y es que aquí, en este escenario legislativo, la injerencia internacional es poco viable o permitida.

La tensión en el Capitolio es de tal nivel que es más oscuro que satisfactorio el panorama que se avizora para los tres proyectos que están en vilo: la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la reforma política y la creación de 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto.

Las mayorías que acompañaron en los últimos años casi sin ningún reparo lo que se negociaba en Cuba y el desarrollo legislativo que ello implica ahora expresan inconformidad y hasta cambiaron sus posturas para oponerse al contenido de esas iniciativas. Todo, por supuesto, a la luz de la campaña por el 2018 que se anticipó y en la que estos temas de paz pocos réditos electorales rinden en las urnas. Hay una especie de orfandad política.

Los legisladores que aspiran a reelegirse en las congresionales de marzo, en muchas ocasiones siguiendo las directrices de los precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño en las presidenciales de mayo, están moviéndose con fuerza para que –a toda costa– estas iniciativas del fast track no les generen un castigo en las urnas y al mismo tiempo tampoco queden ante la opinión como los que abandonaron la paz en la recta final.

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Claro que en esto también hay una alta dosis de responsabilidad del Ejecutivo, que poco trabajo político y de cabildeo les ha exigido a sus ministros y demás funcionarios, por lo que los congresistas sienten que desde Palacio hay poco interés en salvar los proyectos que aún restan por ser aprobados. Es más, hay hasta quejas directas sobre el papel del presidente Juan Manuel Santos.

El senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los que más ha apoyado el proceso de paz, no resistió más lo que es una especie de abandono de Santos a los trámites legislativos y le recriminó de forma directa al Jefe de Estado por su amplia y reiterada agenda internacional.

"El Presidente no puede estar en el exterior recibiendo premios de una paz que está haciendo agua en el Congreso. Lo quisiera ver, incluso, ayudando a hacer las conciliaciones, porque esta es su obra de Gobierno y él tiene que jugársela a fondo”, dijo Velasco en un tono más que ofuscado. Hasta ahora no ha recibido respuesta alguna a una opinión que es generalizada.

En el Capitolio ronda el fantasma de la primera ley de víctimas que se hundió durante s conciliación en 2009, cuando a última hora el entonces presidente Álvaro Uribe (hoy líder máximo de la oposición y del Centro Democrático), junto a su ministro de Hacienda del momento, Óscar Iván Zuluaga, argumentaron que no había recursos para financiarla y que lo mejor era dejarla morir en esta fase final. Y eso sucedió.

Ahora quienes parecen alineados con una tesis similar a la de esa época son los congresistas, que no quieren darle trámite final a los tres proyectos que el Gobierno espera ver aprobados para culminar con el desarrollo legal del posconflicto. Y tienen, además, la puerta que les abrió la Corte Constitucional para modificar los textos de estos proyectos, cosa que en Cuba, durante la negociación, se había acordado prohibir.

Las movidas de los partidos 

Los conservadores comenzaron a oponerse fuertemente a las 16 circunscripciones especiales de paz asegurando que no serían las víctimas sino testaferros del narcotráfico quienes podrían llegar a esas curules, pues en las zonas donde se crearían hay presencia de las bandas criminales y de las disidencias de las Farc. Tumaco, Buenaventura, Catatumbo, Caquetá y Guaviare son las que más resquemores despiertan, pero sin decir que allí han tenido buenos votos.

A los liberales, a un sector de la U y a Cambio Radical –de posturas opuestas en otros aspectos– los une la animadversión que ahora sienten por la reforma política que hace pocas semanas venían apoyando. Si bien hay temas como el transfuguismo y las coaliciones que les interesan, preferirían sacrificarlos. En esto también los respaldan otros sectores.

Y casi todos los partidos con asiento en el Congreso se han sumado al uribista Centro Democrático para criticar la reglamentación de la JEP. Si bien cada colectividad tiene argumentos distintos para oponerse a este proyecto, hay solidaridad de cuerpo para expresar quejas sobre aspectos concretos como los impedimentos a los magistrados de esta jurisdicción o los castigos a violadores de niños en el marco del conflicto.

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"Hay indolentes que se apresuran a declarar la muerte de los pacientes que están en coma, otros piden que los desconecten y los médicos tratamos de salvarlos", fue el símil al que recurrió el senador de la U Roy Barreras para describir lo que está pasando en la recta final del fast track.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha estado en las últimas horas explorando fórmulas legislativas y jurídicas para salvar los tres proyectos descritos en estas líneas, pero desde el mismo Capitolio aseguran que su trabajo no ha sido apoyado con contundencia por el resto de equipo de la Casa de Nariño. Parece haber una tensión interna.

Lo cierto de esta radiografía es que estas 48 horas que le restan de vida al fast track –su vigencia culmina este 30 de noviembre– son definitivas para determinar si la JEP, la reforma política y las circunscripciones de paz pueden salir avante o si, definitivamente, el interés electoral y el desentendimiento del Gobierno primaron sobre el desarrollo legislativo para el posconflicto. La tensión sube a cada instante.