“Lluvia de contratos”, así calificó Procuraduría las presuntas irregularidades del exalcalde de Susacón, Boyacá; le formuló pliego de cargos

La Procuraduría General de la Nación inició acciones legales contra Jairo Rincón Quintana, exalcalde de Susacón, municipio al norte de Boyacá, al presentar un pliego de cargos en su contra por supuestas irregularidades en contratos que ascienden a más de 142 millones de pesos, que se habrían celebrado “sin las normas ajustadas a la ley”.

De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio Público, en 2017 Rincón Quintana habría suscrito varios contratos con entidades sin ánimo de lucro bajo la modalidad de convenios de asociación. Uno de estos contratos, por un valor de $ 38.073.400, estaría destinado al suministro del complemento alimentario para estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas oficiales, en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Otro contrato bajo investigación involucra trabajos para el mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público en Susacón, con un valor de 21 millones de pesos.

La Procuraduría Provincial de Sogamoso señaló que, aparentemente, el exmandatario “habría celebrado los contratos sin estar presentes las condiciones de excepcionalidad requeridas para celebrar estos convenios y en contravía de los principios de la contratación de transparencia, objetividad y libre competencia”.

Además, se destacó que Rincón Quintana habría suscrito convenios para la adquisición de uniformes deportivos en el marco de los juegos campesinos de Susacón, así como para el suministro de elementos audiovisuales para instituciones educativas, ambos contratos por un monto superior a los 78 millones de pesos.

La Procuraduría sostiene que el exalcalde habría participado en la actividad contractual del municipio sin respetar los principios de la contratación estatal, lo que ha motivado la apertura de un proceso disciplinario en su contra.

Procuraduría abre investigación contra la alcaldesa de Santa Marta

En otras actuaciones, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y su entonces secretario de Gobierno encargado, Bayron Arrieta Jiménez, por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 970 millones para la implementación de un programa que garantice la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

Al parecer, la administración distrital celebró un convenio de asociación en el que no se habría evidenciado que la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos conforme a una solicitud de la Registraduría.

En ese sentido, la Procuraduría advirtió que, en los documentos aportados hasta ahora, no se soporta que la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, haya sido la manera adecuada de satisfacer la necesidad de la entidad. Tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector adecuado que conlleve que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad.

Se investiga, además, una presunta adición al convenio de un poco menos del 50 %, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación alguna y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos.

El ente disciplinario solicitó a la Alcaldía de Santa Marta documentación relacionada con este convenio de asociación suscrito con la Asociación de Gente Joven (AGJ).

Al respecto, la administración distrital emitió un comunicado de prensa en el que aseguran haber enviado toda la documentación requerida por el órgano de control. “La administración informa que el proceso de investigación se lleva a cabo en total transparencia y acorde a lo solicitado por el órgano de control, el cual, en primera instancia, solicitó una documentación que fue entregada por parte de la Alcaldía y de los cuales no ha habido más pronunciamientos”, dice parte del comunicado.

Y agregaron: “Con base en lo anterior, el Distrito reitera la disposición de hacer entrega de cualquier otra solicitud dentro de los términos que la Procuraduría exija, si así lo considere, no sin antes ratificar que el proceso contractual en mención cumple con los requisitos de ley”.