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Según las pruebas recogidas por las autoridades, en los cinco inmuebles se almacena y comercializaba droga.
Bienes en nueve departamentos fueron objeto de extinción de dominio. Imagen de archivo. | Foto: Extinción de dominio en Bucaramanga

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Millonaria extinción de dominio a organización aliada con Los Pelusos, el ELN y el Cartel de Sinaloa

Los bienes que fueron ocupados por las autoridades tienen un valor calculado de 83 mil millones de pesos y están ubicados en nueve departamentos. La red de tráfico usaba pistas clandestinas en Venezuela para enviar la droga hacia Centroamérica.

10 de abril de 2021

Bienes por un costo calculado en 83 mil millones de pesos, que pertenecían a una red de tráfico de estupefacientes que operaba en diferentes regiones del país, fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata del resultado de un operativo que se realizó en nueve departamentos del país donde la red narcotraficante tenía millonarias propiedades y negocios a través de los cuales blanqueaban sus ingresos.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, las propiedades a las que se les impuso la medida fueron adquiridas con dineros producto de la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Venezuela, con destino final Guatemala, Honduras y Belice.

Según las investigaciones, que dieron los primeros resultados en 2019, cuando fueron capturados 10 de los jefes de esta organización narcotraficante, tendrían negocios con el cartel de Sinaloa al que le envían la droga a Centroamérica. En Colombia, la alianza de esta organización sería con el ELN y con Los Pelusos, con quienes realizaban un trueque para que les fuera permitido el paso de droga, se aprovisionaban de los insumos para el procesamiento de la droga y el suministro de la pasta base de coca en la zona de frontera.

Según señaló la directora especializada de extinción del derecho de dominio, Patricia Saavedra Yepes, “estas alianzas criminales le generaban millonarios ingresos a la organización que la invirtió en un complejo esquema de sociedades comerciales de textiles, hidrocarburos y transportes; bares, casas de cambio, inmobiliarias, hoteles y ganaderas a través de las cuales movían millonarias sumas de dinero”.

La red trasnacional tenía bienes ubicados en Cúcuta, Chinacota, Los Patios, Villa del Rosario, Sardinata, Zulia (Norte de Santander); Valledupar y San Alberto (Cesar); Bucaramanga (Santander); Villavicencio, Puerto Lleras, Barranca de Upía y Acacias (Meta); San José del Guaviare (Guaviare); Barranquilla (Atlántico); Santa Marta (Magdalena); Cartago (Valle del Cauca); San José y Manizales (Caldas); Cota y Chía (Cundinamarca), y Bogotá.

La red, a la que le fue desmantelada su millonaria red de propiedades y empresas, por medio de las medidas de extinción de dominio, usaban la ciudad de México para trasladar importantes cantidades de dinero producto de la comercialización de las sustancias ilícitas a Colombia. Para lavar el dinero, la banda recurría a envíos a través de casas de cambio ubicadas en Bogotá y Cúcuta.

Estos establecimientos de comercio eran controlados por Fabián Mauricio Ortiz Cañizares, alias ‘Rólex’, quien a través de Luz Dary Bautista Lázaro, alias ‘Pocahontas’, enviaba el dinero a las zonas de producción del estupefaciente. Dichas sumas eran utilizadas para pagar las coimas que al parecer exigían los militares venezolanos que controlaban el espacio aéreo, para dar el aval y permitir el tránsito de las aeronaves cargadas con cocaína, según señaló la Fiscalía en 2019, cuando fue desarticulada la banda.

En ese momento fueron capturados Fabián Mauricio Ortiz Cañizares, alias ‘Rólex’ o ‘Totoy’; Ariel Augusto Irreño Gómez, alias ‘Hamilton’; José de San Martín Gil, alias ‘Juanca’; Juan Carlos Vergara Montes, conocido con el alias de ‘Gabriel’; Luz Dary Bautista Lázaro, alias ‘Pocahontas’; Eustaquio Rodríguez Rincón, alias ‘Tacho’; Luis Alfredo Náñez Duarte, alias ‘Camilo’; Jorge Antonio Moreno Lizarazo, alias ‘Moreno’, y Miguel Ángel Díaz Córdoba, alias ‘Miguelón’.

El rastreo de los bienes y negocios de los miembros de esta red generó que se impusieran estas medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a varios bienes entre inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio.