“Nos ofrecían viajes y todo tipo de premios”: ante la JEP, ocho militares reconocen formalmente responsabilidad en falsos positivos

“A fulano le dieron un premio, a otro un viaje a Estados Unidos para hacer un curso”. Esta frase hizo parte del puñado de testimonios desgarradores y crudos que, de manera escrita y oral, ante la JEP, acaban de radicar ocho de los 10 integrantes del Ejército Nacional que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

Los uniformados reconocieron ante la JEP la imputación proferida el pasado 11 de julio, en la que básicamente admiten haber hecho parte de una verdadera máquina de guerra y crueldad.

Se trata del coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; del Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar; de Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, y de dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica. De igual manera, según la JEP, se les atribuyó responsabilidad, en calidad de máximos responsables por su participación determinante, a tres sargentos en retiro.

En sus reconocimientos escritos, los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables”.

En los próximos días se fijará fecha de audiencia pública, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente a los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos de Norte de Santander y la costa Caribe.

Es decir, los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer uno público, ante la justicia, las víctimas y el país, por los crímenes documentados en Dabeiba. Se trata de un escenario de priorización, en el cual confluye un macrocaso nacional (03), que investiga los ‘falsos positivos’, con uno territorial (04), que priorizó la región de Urabá.

Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP.

Estos son algunos de los fragmentos textuales de los reconocimientos enviados a la JEP:

Efraín Enrique Prada Correa: “Reconozco que influí en aquellos que no querían participar en esos hechos y motivé a los que lo hacían, recordándoles el plan de bienestar y permisos que estaba ordenado por el comandante de la Brigada, que consistía en permisos y felicitaciones para el personal que diera resultados operacionales, y en muchas ocasiones ser tenidos en cuenta para viajes al exterior, como ocurrió con el sargento Coral, a quien se le dio un viaje a EE. UU., para hacer un curso, como premio a los resultados operacionales ilegales realizados.

También sucedió en mi caso, me fue otorgado un viaje al exterior, dos días después de haber presentado un resultado extrajudicial el 21 de junio de 2006″.

Jaime Coral Trujillo: “Si yo hubiese puesto en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes, muy seguramente miles de vidas de seres humanos inocentes, no se habían presentado, por ello vengo aquí no solo a reconocer mi vil responsabilidad en todos los hechos y las conductas consagradas en el AUTO 01 del 2022, sino mi responsabilidad general por este patrón macrocriminal, lo hago después de analizar, que mi silencio, mi cobardía, mi actuación criminal, mi deseo de honrar y darle gusto a mis superiores, generó esta práctica inhumana, que ocasionó miles de muertos y millones de víctimas indirectas, a quienes afecté”.

Yair Leandro Rodríguez Giraldo: “Reconozco que con mis acciones causé daños morales, emocionales y en la salud mental y física, así como la estigmatización y revictimización padecida por los familiares de las víctimas, también reconozco que hubo afectación al patrimonio familiar y económico, así como los daños diferenciados por la condición de género”.

William Andrés Capera Vargas: “Iniciaré por manifestarles que mi participación en estos crímenes es un peso que he cargado en mi conciencia desde que los cometí; no he tenido una sola noche de paz y solo cuando iniciaron las versiones voluntarias a las que fui citado por parte del despacho del Dr. Ramelli fue que empecé a sentir algo de alivio, porque por fin pude contar todo lo que había hecho en el BCG 79. Esta cruz ha sido muy difícil de cargar, son muchos años de silencio recordando tantas vivencias horrorosas que hicieron de mí un ser humano despreciable. Soy consciente del grave daño que ocasioné con mis conductas, pero también con mi silencio”.

Fidel Iván Ochoa Blanco: “Tengo toda la disposición de realizar acciones, tareas y actividades con la finalidad de reparar los daños causados y de esta manera también aportar a la construcción del tejido social”.

Edie Pinzón Turcios: “Me permito indicar que acepto responsabilidad por la muerte y desaparición forzada de Edinson Alexánder Lezcano Hurtado ocurrida el 18 de mayo de 2002 en la vereda Alto Bonito del municipio de Dabeiba, Antioquia (…) Quiero reconocer que yo solo me limité a decirle a ese Sargento Villalba que no contara conmigo para eso (asesinar), pero tampoco hice nada para evitar el asesinato de esas dos personas. Además, que hice el desafortunado reporte del supuesto combate y en la investigación de la justicia penal militar no fui capaz de decir la verdad (por miedo a que fueran a hacerle algo a mi novia) de como habían ocurrido los hechos”.