¿Peligra el Estado social de derecho?

Con un título técnico que informa poco y confunde mucho, la Cámara acaba de aprobar, en sexto debate, un proyecto de reforma constitucional que amenaza la unidad de la coalición de partidos que apoya al gobierno Santos. Establecería -si se aprueba en las dos vueltas que le restan en el Senado- la "sostenibilidad fiscal" como derecho de todos los colombianos. Es decir, que no puede haber decisiones tomadas por cualquier organismo del Estado que afecten el equilibrio de las finanzas públicas.

Pero detrás de un principio sano, como es evitar que el Estado se vea obligado a hacer gastos para los cuales no tiene dinero, se esconde un debate de fondo que para los opositores del proyecto significa quebrarle la columna vertebral a la Constitución. La razón es que se pondría en tela de juicio la operatividad de la carta de derechos introducida por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que, gracias a la tutela, les permite a los ciudadanos hacer valer derechos sociales sin que sea necesaria una ley o una decisión del gobierno. La obligación de que su cumplimiento no afecte la sostenibilidad fiscal impondría límites, agregaría instancias y disminuiría las acciones judiciales dirigidas a garantizar esos derechos.

En la otra esquina, los promotores de la iniciativa consideran que no es viable plantear gastos que no tienen una base fiscal sólida. Decisiones de la Corte Constitucional, como la que obligó al Estado a atender a los desplazados, u otras en materia de salud que le dan carácter general a tutelas individuales, desde hace tiempo han encendido las alarmas sobre el desborde que puede ocasionar a las finanzas públicas. Con el objeto de cerrar el dique, el ministro de Hacienda del gobierno Uribe, Óscar Iván Zuluaga, introdujo el proyecto de reforma constitucional que el año pasado fue aprobado, sin mucha discusión pública, en primera vuelta.

Pero la pelea es de fondo. Desde el punto de vista filosófico es una controversia entre el enfoque garantista, que enfatiza los derechos sociales, y la visión economicista, que le da prioridad al equilibrio fiscal para el buen desarrollo del país. No es exagerado decir que lo que está en juego es el predominio de los criterios económicos o el de los derechos esenciales. Aunque suene a un juego de palabras, es un dilema entre el Estado social de derecho, consagrado por la Constituyente del 91 como base de la organización social, y un Estado que privilegia la sanidad macroeconómica.

En el campo político, los dos bandos están claramente alineados. El gobierno Santos heredó la iniciativa de la administración Uribe y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry -quien posee credenciales sólidas como economista ortodoxo- la asumió como causa propia. Cuenta con el apoyo de su partido -el Conservador­-, el de La U y el de Cambio Radical. En el otro lado están los liberales -que en todos los demás temas de la agenda legislativa han votado a favor de los proyectos del gobierno-, los verdes y el Polo Democrático. A estos se suman, afuera del Capitolio, juristas y columnistas que defienden a capa y espada la Corte Constitucional y sus fallos como pieza fundamental para la vigencia de la Carta del 91.

La correlación de fuerzas parlamentarias favorece al proyecto. Sin embargo, le quedan dos retenes -la Comisión Primera y la plenaria del Senado-, y en la primera de ellas la votación, si se realizara hoy, estaría empatada 9 a 9, después de la detención del senador de Cambio Radical Javier Cáceres. Si no hay una modificación en la composición de esa cédula legislativa, la suerte del acto legislativo estaría en entredicho.

En un panorama tan complejo, la actitud del Partido Liberal será crucial. La posición oficial, reiterada en la Cámara por su vocero Guillermo Rivera, es de oposición. Pero esa postura ha sido más coherente en el Senado que en la Cámara, donde algunos de sus miembros votaron a favor y el director de la colectividad, Rafael Pardo, le permitió libertad de voto a la bancada. Un sector del liberalismo, el más cercano al expresidente César Gaviria, es más radical en su rechazo a la sostenibilidad fiscal, por sus consecuencias negativas para la plena vigencia de la Constitución del 91 y porque implica un recorte de hecho a las atribuciones de la Corte Constitucional.

Por esa razón, y aprovechando un encuentro informal que se produjo en un almuerzo ofrecido por el presidente Santos a la reina Sofía de España, el exministro de Gobierno y exvicepresidente Humberto de la Calle recibió de Santos y de Gaviria el difícil encargo de diseñar una fórmula creativa que combine el respeto a los fallos de la Corte Constitucional, el cumplimiento pleno de la Carta de derechos y la sostenibilidad fiscal.

De la Calle se inventó la figura de "incidente de impacto fiscal". La norma, que se incluirá en el texto para el trámite en los dos debates que faltan, les permitiría a los gobiernos, cuando haya una decisión de la Corte que golpee las finanzas públicas, solicitar en un plazo de tres días una reunión para establecer las condiciones bajo las cuales se puede cumplir el fallo. Se tendrían en cuenta, por ejemplo, criterios como plazos y cuotas para hacer viable la asignación de recursos.

Fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que el presidente Santos ha sido constructivo en la búsqueda de fórmulas, especialmente en su interlocución con el Partido Liberal. Aunque apoya la iniciativa, al gobierno no le convendría una aprobación a la brava de una reforma constitucional de tan profundas implicaciones, ni enviar una señal de que está dispuesto a recortarle poderes a la Corte Constitucional.

Pero los enemigos del proyecto consideran que no hay alternativa de conciliación posible. Además de proteger la espina dorsal de la Constitución, cuestionan que se lleve a la Carta Política una visión que responde a una sola opción, entre muchas, para manejar la economía: varios países acuden, en momentos particulares, a la receta keynesiana de aumentar gastos fiscales en forma no sostenible para contrarrestar ciclos depresivos.

Desde ya se prevé que, si la sostenibilidad fiscal se aprueba, será demandada y quedará en manos de su principal afectada, la Corte Constitucional. En cualquier caso, es muy probable que el debate público que hasta ahora no ha tenido el proyecto, se intensifique en las próximas semanas sobre uno de los temas más cruciales para el Estado social de derecho.