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Piedad Córdoba en la  Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rinde testimonio
Piedad Córdoba, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

análisis

Piedad Córdoba, acorralada

Señalada de haber influido sobre las Farc para dejar a algunos secuestrados por más tiempo en cautiverio para favorecerse políticamente, la exsenadora podría ser llamada a tribunales. Además, un hermano suyo fue capturado con fines de extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los presuntos negocios de Piedad Córdoba con Álex Saab también están siendo investigados.

Parecería que el mundo entero se le vino encima a Piedad Córdoba.

La ahora candidata petrista al Senado ha vivido muchas crisis, pero esta última la pone muy cerca de los linderos del Código Penal. Y también en el ojo de la justicia estadounidense.

Piedad, a sus 67 años de edad, tendrá que repartir ahora el tiempo entre su campaña política para volver al Senado y atender a los tribunales.

Álvaro Córdoba, un hermano suyo, ya fue capturado con fines de extradición acusado de vínculos con el narcotráfico y las disidencias de las Farc y sus hijos estarían relacionados con presuntos negocios con el régimen de Nicolás Maduro.

Las últimas acusaciones en su contra son muy graves. La señalan de influir sobre la guerrilla para que decenas de secuestrados en su poder permanecieran más tiempo en cautiverio con el fin de producir efectos políticos a favor suyo y del presidente venezolano Hugo Chávez.

En su calidad de senadora liberal logró que el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) le otorgara un papel mediador, por un tiempo, para buscar la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla, pero se habría aprovechado de esa decisión.

Ella, que ya tenía simpatía por el presidente Hugo Chávez, se abrazó al régimen venezolano que apoyaba a las Farc, y entre ambos fungieron ayudar en la búsqueda de la paz y de la liberación de los secuestrados en poder de los subversivos.

Piedad se puso del lado las Farc que proponía un “intercambio humanitario”, dirigido a lograr que el Gobierno liberara guerrilleros presos en cárceles colombianas a cambio de secuestrados en poder de la guerrilla.

Para ponerle mayor presión a su demanda, las Farc buscaron involucrar a los gobiernos de Francia y Estados Unidos, pues tenían en su poder a Íngrid Betancourt (que también tiene la nacionalidad francesa) y a tres contratistas estadounidenses: Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.

Según se vino a saber ahora, Piedad aconsejaba a la guerrilla para que Íngrid y los tres estadounidenses fueran los últimos en ser liberados, a la espera de que Francia y Estados Unidos pusieran presión sobre Colombia para aceptar el intercambio humanitario y sacar cientos de guerrilleros de las cárceles.

Por el año 2007, Chávez y Piedad compartían intereses políticos y querían ganar réditos por cuenta de las liberaciones de secuestrados en Colombia que llevaban años en poder de las Farc. El presidente venezolano quería mejorar popularidad para el referendo constitucional, el cual perdió finalmente, y Piedad se preparaba como candidata presidencial y también fracasó en sus pretensiones.

Íngrid Betancourt y Piedad Córdoba. Al fondo, los campamentos donde las Farc mantenían a los secuestrados
Íngrid Betancourt y Piedad Córdoba. Al fondo, los campamentos donde las Farc mantenían a los secuestrados - Foto: SEMANA

Cuando Uribe extraditó a alias Sonia y Simpn Trinidad, guerrilleros de las Farc, a Estados Unidos, Piedad y la insurgencia insistían en que ambos debían ser devueltos a su país y pretendían que mantener secuestrados a los tres estadounidenses se convertiría en un mecanismo de presión para obtener sus exigencias.

Mucho de esto se conoció por los computadores del llamado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, muerto en Ecuador en marzo de 2008 durante un operativo militar ejecutado desde Colombia, pero dicha información no pudo ser judicializada por no haber sido recaudada conforme a la ley.

Esa falla procesal en la recaudación de las pruebas llevó a que la justicia le restaurara a Piedad el derecho de ser elegida en cargos públicos y a una indemnización de 2.000 millones de pesos. Tampoco prosperó la causa penal en su contra.

Según se supo en ese momento, Piedad era conocida en las filas de las Farc con el alias de Teodora.

Pero en las últimas horas acaban de conocerse nuevos hechos gracias a la información suministrada por su exasesor Andrés Vásquez, a la Corte Suprema de Justicia.

Este hombre, que conoce secretos de la excongresista porque fue su asesor durante años y la acompañó a muchas citas clandestinas con la entonces guerrilla de las Farc, reveló que Piedad señalaba a dedo a quién liberar y a quién no.

Vásquez contó que Piedad era quien le decía a las Farc cómo debían tratar a los secuestrados y cuál debía ser el orden de su liberación.

También testificó sobre su cercanía con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y cómo acordaba con ellos lo que debía transarse con las Farc.

“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el Gobierno de Francia hiciera presión para el intercambio humanitario, por eso que Íngrid no fuera liberada de primera era para ella importante. Si querían mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podían liberar a Íngrid”, detalló Vásquez en su testimonio ante la Corte, revelado por Noticias Caracol.

Tras conocerse las revelaciones de Vásquez, ya son muchos los exsecuestrados que han salido a cobrarle a Piedad su cercanía con la guerrilla y su responsabilidad para haber permanecido años en la selva en condiciones infrahumanas.

La candidata presidencial Íngrid Betancourt, que estuvo en poder de las Farc más de ocho años, reaccionó con indignación y ha dicho que Piedad es “coautora” y “cómplice” de secuestro, y que como tal debe ser procesada por la justicia.

Íngrid también cuestionó la decisión de Gustavo Petro de acoger a Piedad en su lista de candidatos al Congreso.

El candidato presidencial del Pacto Histórico ha guardado silencio.

Petro no solo tiene en sus filas a Piedad, sino también a los exintegrantes de las Farc que disfrutan de curules en el Congreso por mandato del acuerdo de La Habana.

“Él ha tomado sus decisiones políticas a ciencia y conciencia, él sabía todo esto y probablemente lo sabía mucho más que todos nosotros, porque él hace parte de ese grupo de exguerrilleros y esa cercanía con el Partido Comunes y ellos tienen esa información”, dijo Betancourt a SEMANA, refiriéndose a Petro.

“Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres, esa es la realidad”, ironizó la candidata presidencial de Verde Oxígeno.

El expolicía Frank Pinchao, que logró escapar del secuestro de las Farc tras nueve años de cautiverio, también condenó la complicidad de Córdoba con la guerrilla que lo sometió a uno de los peores crímenes.

“Desde tiempos atrás se sabía que era y sigue siendo muy cercana a los miembros de las Farc. A mí me parece un hecho indignante, un hecho aberrante que ella haya jugado con la libertad y la vida de los secuestrados a través de los asesoramientos donde, según su exasesor, definía quién salía primero y quién no”, dijo Pinchao.

Marc Gonsalves, uno de los tres contratistas estadounidenses que estuvo secuestrado por las Farc, dijo en su cuenta de Twitter que los hechos “son ciertos”.

¿Ante la justicia?

Tras las acusaciones de su exasesor, Piedad Córdoba podría ser llamada a responder por esos hechos.

De acuerdo con el abogado Camilo Araque, la excongresista sí podría ser procesada por los hechos que se le imputan (complicidad o coautoría de secuestro) en atención a la aparición de hechos nuevos.

“Lo que se encontró en el computador de ‘Raúl Reyes’ no pudo ser tenido en cuenta por asuntos de forma, nunca se hizo un análisis de la conducta de Piedad Córdoba”, dijo, y agregó: “Pero una declaración de un asesor es un hecho nuevo y debe dar lugar a una investigación penal de fondo sobre la conducta de la exsenadora”.

Tampoco se descarta que los contratistas estadounidenses, quienes por culpa de Piedad podrían haber estado más años en cautiverio, o las autoridades estadounidenses, entablen una causa penal contra Córdoba y ese hecho termine con su extradición a Estados Unidos.

Saab también la compromete

En este entramado judicial que acorrala a Piedad Córdoba hay otro asunto que no dejará dormir a la excongresista liberal, hoy militante en las filas de Gustavo Petro: sus presuntos negocios con Álex Saab, extraditado a Estados Unidos como responsable de blanquear dinero proveniente de relaciones comerciales turbias entre el gobierno de Nicolás Maduro y aliados suyos.

Alex Saab, socio de Maduro y de Piedad - Foto: getty images

Desde hace muchos años se ha dicho que fue Piedad quien presentó a Saab al entonces presidente Hugo Chávez, lo que dio origen a una historia de corrupción entre el régimen venezolano, Saab y en la que Piedad también habría tenido participación y millonarios dividendos.

La candidata de Petro al Senado ha negado cualquier irregularidad, pero muchas investigaciones han establecido que no solo lo conoció, sino que viajaron juntos en aviones privados y que compartían negocios. SEMANA reveló recientemente que empresas del entorno criminal de Saab le pagaron tiquetes a Córdoba y a integrantes de su familia.

Pero Andrés Vásquez, el hombre que testificó ante la Fiscalía contra Piedad, confirmó que sí fue Piedad quien llevó a Saab a Venezuela.

“Piedad le presenta a Álex Saab tanto a Nicolás (Maduro) como a Tarek el Aissami. Yo estuve en esa reunión con Tarek. En esa reunión, Piedad se reúne con el director del SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, en donde compartió varias cosas”, dijo Vásquez.

Un informe elaborado por la Asamblea Nacional de Ecuador no solo da cuenta del entramado de corrupción y lavado de dinero que habrían orquestado el empresario Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, que tiene conexiones en Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia, sino que también menciona a pesos pesados de la política regional, como los expresidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, así como a la exsenadora Piedad Córdoba, en medio de este caso en el que, según las investigaciones, se lavaron cerca de 160 millones de dólares.

Según dijo el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio a SEMANA, Piedad habría sido determinante para la firma de un convenio entre Venezuela y Colombia a fin de que Saab se ganara el contrato para la construcción de 8.400 viviendas en Venezuela, por valor de 654 millones de dólares, de las cuales no se construyó ni una sola casa.

ingrid betancourt
INGRID BETANCOURT- LIBERACION SOLDADOS Y POLICIAS OPERACION JAQUE AEROPUERTO CATAM-BOGOTA JULIO 2 DE 2008 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA - Foto: Semana

Después, Saab se convirtió en el contratista preferido de Maduro y otros dicen que realmente era su testaferro para hacer distintos tipos de negocios que le dejarían millones y millones de dólares.

Hoy Saab está preso en Estados Unidos y será juzgado por blanqueo de dinero. Otros delitos por los que era acusado fueron retirados en virtud del acuerdo de extradición.

La investigación de la Asamblea Ecuatoriana señala, además, que era tal la amistad entre Saab y Córdoba, que el hijo de la exsenadora, Camilo Castro Córdoba, trabajó para él. Y que fue nombrado presidente de la empresa panameña Papalma Investment S. A., donde el hijo de Piedad haría negocios con Álex Saab.

Este lunes, la columnista de Los Irreverentes Anni Abello denunció que otro hijo de Piedad, Juan Luis Castro, habría renunciado a su curul en el Senado el año pasado, días después de que cerraran la sociedad que él, su hermano y su madre, crearon en Panamá, para recibir comisiones de Venezuela.

Abello dijo: “La empresa Papalma fue cerrada cuando la extradición de Saab era inminente”.

Hermano de Piedad pedido en extradición

El pasado 4 de febrero, Álvaro Córdoba Ruíz, hermano de la exsenadora Córdoba, fue detenido por la Policía colombiana con fines de extradición por pedido de un tribunal estadounidense que lo acusa de vínculos con el narcotráfico.

El hermano de la candidata petrista es reclamado por un tribunal de Nueva York por tráfico de más de cinco kilos de cocaína y uso de armas de fuego.

La exsenadora se ha defendido diciendo que todo es “una persecución política” contra ella y su familia.

“Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados”, dijo Córdoba en su cuenta de Twiter.

Según lo publicó SEMANA, los investigadores de Estados Unidos, por medio de agentes encubiertos, lograron infiltrar esta organización que enviaba cocaína desde Colombia, pasando por Centroamérica, hasta llegar a su destino en ese país.

Entre las primeras evidencias encontradas descubrieron que este cartel no trabajaba solo, estaba articulado con las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos. Paso a paso, fueron armando la cadena de tráfico de drogas hasta encontrar quién era el enlace entre los narcotraficantes y las disidencias.

Álvaro Córdoba, que manejaba un bajo perfil, según fuentes judiciales de ese país, era el encargado de conseguir la droga con la organización del disidente Gentil Duarte, de las Farc, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Sin lugar a dudas todas estas acusaciones y hechos de la justicia en marcha hacen que Piedad Córdoba, que llegó a ser presidenta del Partido Liberal de Colombia y senadora por tres periodos legislativos, esté pasando por uno de sus peores momentos.