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| 4/7/2018 10:30:00 PM

¿Qué pasa con la plata de la paz?

Las denuncias en la implementación del posconflicto pueden poner en riesgo la consolidación de la paz.

Plata del posconflicto pone en riesgo implementeción de la paz ¿Qué pasa con la plata de la paz?

Si la negociación política con las Farc en Cuba fue difícil, esta semana quedó claro que la implementación del acuerdo en Colombia será peor. La consolidación de la paz pasa por uno de los momentos más críticos. Esta vez, el manejo del dinero dejó en entredicho los procesos que se vienen ejecutando desde que las Farc dejaron las armas.

El tema saltó a la opinión por una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en la que manifiestan, muy diplomáticamente, su preocupación frente a la transparencia de la gobernabilidad y la lenta ejecución de los proyectos productivos del posconflicto. Adicionalmente, pedían aclarar la inesperada salida de Marcela Huertas, coordinadora técnica del Fondo Colombia Sostenible, que tenía bajo su responsabilidad el manejo de la bicoca de 200 millones de dólares. Esa gota rebosó la copa.

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Al corte de cuentas que solicitaban los cooperantes internacionales se sumó otra salida intempestiva. Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), renunció a su cargo horas después de que se conoció la noticia que la Contraloría le pedía al gobierno todos los contratos adjudicados sobre la implementación de la paz. Mientras tanto, en la emisora La W, Julio Sánchez Cristo le hizo una extensa entrevista a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, que dejó más preguntas que respuestas y la puso contra la pared cuando reveló que su pareja se benefició de un jugoso contrato del gobierno. Pero más allá de si hubo irregularidad o conflicto de interés, los oyentes de La W quedaron perplejos cuando Ospina admitió que, a la fecha, no hay un solo proyecto productivo funcionando para los excombatientes de las Farc.

En medio de este escándalo en ciernes, el fiscal Néstor Humberto Martínez salió al ruedo. Por medio de una carta dirigida al presidente, el fiscal dejó entrever que el país no solo enfrentaba un problema de absoluta ineficacia del gobierno, sino un escándalo de corrupción de los contratos de la paz en las regiones.

A la cascada de denuncias se sumó el cuestionamiento de que la chequera de la paz era un fortín del Partido Liberal. En cuestión de horas, el presidente reaccionó y ordenó hacer pública toda la información. Y mientras todo esto sucedía, el jefe del posconflicto en el gobierno, Rafael Pardo, se recuperaba de una delicada operación cardiovascular en Estados Unidos.

Esta semana, sin duda, fue difícil para la legitimidad de la paz y dejó a los colombianos tan preocupados como confundidos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué tiene que ver la JEP con el Fondo Colombia en Paz? ¿Por qué las renuncias intempestivas? ¿Por qué no hay un solo proyecto productivo andando? ¿Quién controla los recursos?, y ¿de qué tamaño es la corrupción en los contratos de la paz?

Tormenta peligrosa

Para empezar a entender lo que pasa con la implementación del acuerdo de paz con las Farc, hay que tener en cuenta varias cosas. El Fondo Colombia en Paz es una gran bolsa con cinco bolsillos que patrocinan buena parte de los proyectos que se acordaron en La Habana. Cuatro de los fondos corresponden a cooperación internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, Unión Europea y Banco Mundial) y el quinto se nutre del presupuesto general de la Nación.

Aunque los funcionarios de esta entidad adscrita a la Alta Consejería del Posconflicto participan de todas las reuniones que se llevan a cabo en los cinco fondos, lo cierto es que su directora, Gloria Ospina, solo administra el bolsillo al que llega la plata de la Nación. Con este dinero específicamente se financian los proyectos de varias agencias que creó el Estado para aterrizar los acuerdos, como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras.

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El desembolso de los dineros se hace en la medida en que lo solicitan los directores de las diferentes agencias. En estos primeros seis meses de operación, según argumentó Ospina, se presentaron varios retrasos en los pagos a los contratistas porque se sobrecargó a la fiducia responsable. Por eso, desde el 1 de abril Fiduprevisora asumió la misión y se vienen normalizando los pagos. Ahora bien, las convocatorias y selección de los contratistas para cada una de las entidades no están a cargo de Fondo Paz en Colombia. Eso sí, ellos se encargan de hacer una revisión final del candidato seleccionado.

Frente a los fondos de cooperación internacional que llegan a las otras cuatro bolsas, hay que decir que cada uno tiene sus propios proyectos, estructuras de administración y gobernanza. Allí el gobierno tiene voz, pero no voto. Por eso, en medio de la polvareda levantada muchos terminaron por confundir una cosa con la otra. Y es que del Fondo Multidonante, a donde llegan los dineros de 11 países de la ONU, salió la plata que se viene usando para financiar la Jurisdicción Especial para la Paz. Una vez se agote la reserva, la competencia habrá caducado y el nuevo alto tribunal recibirá directamente del presupuesto nacional lo que necesita para funcionar.

También hubo cuestionamientos esta semana sobre el ‘bolsillo’ del Fondo Colombia Sostenible, a donde llegan los aportes que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero este tiene una particularidad. En él no solo están alojados los 200 millones de dólares que el organismo internacional aportó, sino también 100 más que solicitó la Nación en crédito. Dentro del comité de esta instancia se decidió no renovar el contrato de su coordinadora, Marcela Huertas, una funcionaria de gran trayectoria. La Casa de Nariño decidió su salida directamente. Al margen de quién tomó la decisión, nadie consultó a los embajadores aportantes.

Ahora, los dos polémicos contratos con Synersis S. A. S. y Nextura, que habrían beneficiado a la pareja sentimental de Gloria Ospina, Iván Fernando Cifuentes, no se tramitaron por medio del Fondo Colombia en Paz. Pero esto no exime a las partes de las críticas. No solo las autoridades deberán revisar los vicios en los que incurrió la Alta Consejería cuando adjudicó el contrato, sino también el valor de las inversiones que está haciendo. ¿La razón? Muchos vieron innecesario el gasto de 1.340 millones de pesos en un sistema de monitoreo del posconflicto cuando el gobierno cuenta con diferentes plataformas que con ciertos ajustes podrían facilitar el mismo trabajo.

Y la lista de cuestionamientos a la Alta Consejería del Posconflicto es larga. Al anterior se suman los 686 millones de pesos invertidos para desarrollar una página web que albergue el programa y aún no es de acceso público. Aunque diferentes versiones alegan irregularidades, voceros de la entidad advierten no solo que apenas en diciembre pasado se aprobó el Plan Marco de Implementación del Acuerdo con sus indicadores y productos, sino que también han transcurrido pocos días desde que las agencias comenzaron a colgar la información de sus procesos.

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¿Qué pasa en la JEP?

A otra entidad derivada del posconflicto también le llovieron cuestionamientos en los últimos días: la Jurisdicción Especial para la Paz. La polémica reciente tuvo como blanco la gestión del secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, encargado de las labores para la puesta en marcha de la JEP. La Organización de las Naciones Unidas nombró a Correa hace cerca de un año y posteriormente lo ratificó el Comité de Escogencia, el grupo de notables encargado de elegir a los magistrados y demás cabezas de la jurisdicción de paz. Asumió una misión compleja y atípica porque mezclaba ciertas tareas jurídicas y montar todo el andamiaje logístico.

Correa estaba encargado de atender requerimientos preliminares de las víctimas y tramitar miles de actas suscritas con exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros que van a resolver sus prontuarios ante la JEP. Al mismo tiempo, tenía el desafío de conseguir un lugar adecuado para el funcionamiento de la jurisdicción y de dotarlo plenamente. El secretario arrancó de cero, prácticamente solo y como la máxima autoridad. Pero cuando ya hubo sede (un moderno edificio al nororiente de Bogotá) y los magistrados escogidos comenzaron a llegar, se presentó un choque de fuerzas en la JEP.

La magistratura de la JEP, encabezada por Patricia Linares, tuvo diferencias con Correa y empezó a ver que su margen de maniobra se reducía. El puntillazo clave vino con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que avaló el diseño de la jurisdicción de paz, pero excluyó a la Secretaría Ejecutiva del órgano de gobierno y restringió en adelante la labor de Correa a la de administrar solamente.

Luego apareció una carta de la Contraloría que solicitaba a Correa información detallada sobre la ejecución de 4,7 millones de dólares provenientes de cooperación internacional para el montaje de la JEP. Correa respondió que él no había firmado contrato alguno y remitió el requerimiento a la ONU, instancia que administró tales recursos. Al malestar se sumaron críticas por decisiones logísticas sobre la distribución del espacio en la sede, gastos en temas no prioritarios y la carencia de muebles o computadores en algunos pisos. El pasado martes, asfixiado, el secretario ejecutivo dimitió. En su carta de renuncia asegura que cumplió su misión “con los más altos estándares de transparencia”. La Contraloría, una vez reciba y analice las cuentas de la JEP, dirá la última palabra.

Campanazo del fiscal

El pulso de poderes librado en la JEP trascendió en la misma semana en que abundaron críticas sobre el manejo de la chequera de la paz. Eso llevó a que la opinión pública asimilara los líos de la JEP como parte de aquello, aunque hasta ahora no hay evidencia de manchas de corrupción allí. Lamentable coincidencia para una entidad cuyo primer desafío es justamente construir credibilidad.

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El país apenas se enteraba de la salida de Correa cuando el fiscal general elevó las preocupaciones al señalar el elemento más crítico del panorama: el asalto de dineros destinados a proyectos para la paz. De momento, poco se sabe concretamente sobre las investigaciones de la Justicia, pero lo cierto es que comprometen decenas de millones de dólares. El ente acusador asegura que desde el año pasado viene adelantado una investigación a escala nacional y que cuenta con pruebas concluyentes sobre una red de corrupción en torno a proyectos productivos del posconflicto. El fiscal personalmente puso al tanto al presidente y en una carta oficial sostiene que la red, con información privilegiada y participación de servidores públicos, está direccionando multimillonarias adjudicaciones en favor de “determinados empresarios y contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre los mismos”. Fuentes de la Fiscalía aseguran que las mordidas comprometerían entre el 15 y el 20 por ciento de los contratos, pero la dimensión del asalto está por establecerse. El vicepresidente Óscar Naranjo cerró la semana con una rueda de prensa en la que hizo un amplio recuento de las metas y avances logrados en todos los aspectos de la paz. El general, además, asumió la responsabilidad y reconoció que “en algunos casos han faltado velocidad, coordinación y articulación” en la implementación de la paz y aseguró que el gobierno, de la mano de la Fiscalía, hará todo lo posible por blindar la paz de la amenaza de la corrupción.

Los cuestionamientos que han salido a flote afectan la confianza sobre la puesta en marcha de la paz en momentos críticos. Las dudas sobre la transparencia en la ejecución de los recursos, de cara a la comunidad internacional, pueden poner en riesgo la cooperación de los países que se la han jugado por el proceso. Pero lo más delicado es lo que pueda pasar con más de 6.000 excombatientes rasos que dejaron las armas y esperan una oportunidad lejos de la guerra y la violencia.

En junio próximo concluye el calendario de subsidios alimentarios con el que ahora subsisten y la idea era que para entonces los reincorporados ya tendrían opciones laborales en sus cooperativas y asociaciones productivas. Nada de eso ha pasado. El preocupante incumplimiento (por inoperancia del gobierno, descoordinación estatal o corrupción) pone al país en riesgo de reciclar la criminalidad y puede pavimentar el camino de una nueva violencia.

EDICIÓN 1888

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