"7.392 personas ya se han sometido a la JEP": Patricia Linares

SEMANA: ¿Qué significa que este 15 de marzo la JEP abra sus puertas?

PATRICIA LINARES: La jurisdicción de paz es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado en La Habana para garantizarles a las víctimas y a la sociedad sus derechos. Abrir las puertas significa que con el marco normativo que se está consolidando ya podemos atender muchas de nuestras tareas de cara al público, para responder a esa demanda de justicia que significa la JEP. Empezamos a acercarnos a las comunidades, a las víctimas y a las instituciones para empezar a recibir la información que será punto de partida.

SEMANA: ¿En qué ha consistido esta etapa de preparación para lo que viene?

P.L.: Tuvimos un proceso de alistamiento de cerca de dos meses muy intenso, que implicó cumplir dos tareas ineludibles y urgentes. Primero, construir un reglamento, que no es otra cosa que el marco normativo al que nos supeditamos como magistrados para cumplir las tareas. Segundo, producir un proyecto con las normas de procedimiento que garanticen seguridad jurídica, el debido proceso y todos los derechos de las víctimas y los que se someten a este sistema esperando las garantías plenas.

SEMANA: El proyecto de procedimiento debe ir al Congreso. Pero es una legislatura en época electoral y posiblemente la bancada mayoritaria la ocuparán los opositores al proceso de paz. ¿Hay un plan B por si ese proyecto no prospera en el Legislativo?

P.L.: Yo no hablaría de plan B. Hay actuaciones de la JEP que ineludiblemente requieren de normas de procedimiento, pero esta jurisdicción supone una estructura que no se guía por la lógica de lo adversarial, sino de sometimiento voluntario. Por ejemplo, a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llegan las personas voluntariamente para contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas. Esas versiones se van a contrastar con la información que proviene de los informes analizados y con la expresión que tengan las víctimas sobre situaciones específicas. Mucho de todo eso no necesita una norma en sentido estricto procesal. Sin embargo, ya tenemos un marco normativo a partir del acto legislativo, y ojalá pronto tengamos la ley estatutaria que nos permita avanzar en el cumplimiento de esas tareas. Hay otras para las que a futuro sí se necesitará la norma de procedimiento.

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SEMANA: ¿Cuál es el trámite exacto que debe cumplir ese proyecto de procedimiento?

P.L.: Esas normas de procedimiento ya están prácticamente terminadas. Nosotros no tenemos la iniciativa legislativa: elaboramos esas normas y las ponemos a consideración del presidente de la República. Esta semana le entregaremos el proyecto y él lo llevará al Congreso en esta legislatura que comienza. Se trata de una ley ordinaria, esperamos que el Congreso la haya expedido al terminar la legislatura.

SEMANA: Ustedes van a recibir voluminosos informes sobre décadas del conflicto de nueve entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. ¿Cómo van a hacer para no naufragar en ese mar de información?

P.L.: Precisamente queremos evitar ese riesgo y para ello constituimos el grupo de análisis de información, para el procesamiento y análisis de todos lo que llegue con los más altos estándares de calidad. Habrá un director y un grupo en el que no solo estarán abogados, sino también matemáticos, antropólogos, politólogos, expertos en temas de conflicto y estructuras armadas. Hay cerca de 113 personas en ese grupo, que atenderá directrices de un representante de cada sala y cada sección de la JEP. El grupo de análisis irradiará sus resultados a toda la JEP.

SEMANA: El fiscal jefe de la JEP, Giovanni Álvarez, provocó una controversia al decir que tenía competencia para iniciar investigaciones de oficio. ¿Eso es así?

P.L.: La Unidad de Investigación y Acusación es un componente de la JEP cuyo director es autónomo para desarrollar su trabajo, es una especie de Fiscalía de la JEP. Esa controversia que yo llamaría una posición expresada por él, la debatimos de la mejor manera con el propio director de la unidad. Tuvimos varias sesiones de trabajo y afortunadamente llegamos a un acuerdo: no le corresponde a él iniciar investigaciones de oficio. En derecho y en una institución como esta son naturales estos debates y yo diría que necesarios.

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SEMANA: ¿Cuándo se realizará la primera audiencia en la que víctimas y victimarios se encuentren frente a frente?

P.L.: Calculamos que en el corto plazo se pueden empezar a dar las primeras audiencias. Hay que observar la envergadura del trabajo que se viene para entender por qué somos cautos a la hora de hablar de fechas. Tenemos alrededor de 2.910 solicitudes de amnistías de excombatientes de la Farc, que incluyen 500 personas privadas de la libertad que ya suscribieron el acta de sometimiento. Estamos obligados a un trato simultáneo, simétrico pero diferenciado hacia los miembros de la fuerza pública que decidan someterse; por ese lado tenemos 1.824 personas que ya suscribieron acta de compromiso y que una vez arranquemos el próximo jueves, aspirarán a pronunciamientos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sobre su solicitud de renuncia por parte del Estado de la acción penal.

SEMANA: ¿Cuántas personas en total va a procesar la JEP?

P.L.: La Secretaría Ejecutiva va a presentarnos un informe y nos han adelantado que contemplará la información sobre 7.392 personas que ya se han sometido a esta jurisdicción. Todo eso está sobre la mesa para empezar a tomar decisiones. Además, esperamos los informes que entrarán a la Sala de Reconocimiento de Verdad. Muchas organizaciones ya los tienen listos. Ya me reuní con la señora vicefiscal para diseñar un plan de remisión de la información y con el director de la Unidad de Posconflicto de la Contraloría. Nos corresponde, así mismo, revisar condenas y sustituir sanciones de los excombatientes que ya se encuentran sentenciados por la justicia ordinaria y que pueden acudir a la JEP.

SEMANA: ¿Todo lo logístico –como vehículos, computadores, oficinas– está listo?

P.L.: Está en marcha. La Secretaría Ejecutiva con Fondopaz están al frente de eso. Hoy solo los magistrados tenemos computadores, pero me han informado que está en curso la correspondiente contratación. Hay que hacer adecuaciones al edificio, están los recursos acordados con Hacienda, pero son recursos públicos y por tanto sometidos a una serie de procedimientos para poder ser ejecutados. Es un proceso y hay que tener paciencia. Pero subrayo que tenemos condiciones dignas, estamos agradecidos con el esfuerzo del gobierno y las demás instancias.

SEMANA: Hay muchos sectores escépticos, ¿cómo va la JEP a construir credibilidad?

P.L.: Estamos cumpliendo nuestra función de manera rigurosa y sometida al marco normativo que nos rija. Siempre teniendo presente que la centralidad de este proceso la tienen las víctimas, pero también honrando los compromisos que emanan de esa normativa frente a quienes dieron el paso de dejar las armas y decidieron someterse a este modelo de justicia transicional.