La polémica propuesta del voto de los militares

Colombia es uno de los pocos países de América Latina en el que los militares y los policías no van a las urnas. Desde hace casi un siglo se frenó la participación en política de los cuerpos castrenses, y posiblemente ello contribuyó a que haya sido uno de los pocos en los que no hubo golpes de Estado ni dictaduras militares. Mantener al Ejército lejos de la deliberación política ha sido un consenso fuerte en el país, hasta ahora. Sin embargo, ante la inminencia del fin del conflicto el senador Roy Barreras, hoy parte del equipo negociador del gobierno en La Habana, anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional para devolverles el voto a los militares. ¿Es el momento para ello?

Desde el gobierno de Enrique Olaya Herrera en los años treinta, los uniformados tienen prohibido votar como una medida para facilitar su profesionalización y evitar que militaran en algún partido. En la década siguiente esa norma alcanzó rango constitucional. Ello blindó relativamente al Ejército de mezclarse en el conflicto bipartidista de los años cincuenta, al punto que la fórmula de transición para terminar la guerra civil fue la Presidencia de un general –Gustavo Rojas Pinilla y, después de su caída, de una junta militar–. Pero cuando liberales y conservadores pactaron el Frente Nacional y derrocaron a Rojas, la separación definitiva de la milicia y las elecciones quedó ratificada definitivamente con el famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en el teatro Patria, cuando les entregó a los militares el manejo del orden público.

Si bien desde entonces los uniformados se mantuvieron al margen de los debates partidistas, muchos historiadores señalan que en aquella época, como herencia de la participación en la guerra de Corea, las Fuerzas Armadas adquirieron otra connotación política: el anticomunismo. Tanto el informe ‘Basta ya’ del Grupo de Memoria Histórica, como varios de los ensayos escritos por intelectuales de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas señalan la profunda ideologización del sector castrense colombiano, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, cuyas secuelas se sienten hasta el día de hoy.

Ahora, terminada la guerra insurgente en Colombia, y en consecuencia la doctrina del enemigo interno, es plausible que los militares recuperen el voto. En todas las democracias estables esto es corriente y no representa distorsión en el papel de la fuerza pública. Sin embargo, ¿ese es el caso de Colombia? Según un experto en Fuerzas Militares como Eduardo Pizarro, de ninguna manera. “Hay que esperar que el país se normalice”, dice. Porque en medio de la polarización ideológica, el voto militar puede convertirse en una talanquera para la necesaria transición que deben hacer las Fuerzas Militares y de Policía, así como la propia democracia.

Barreras ha dejado claro que su proyecto solo se refiere al voto, y no a la deliberación ni a la militancia partidaria. Sin embargo, es muy difícil establecer estas fronteras. Con toda razón el general Manuel José Bonnet se preguntaba si los cuarteles se convertirían en escenarios a los que irían los políticos a cazar votos. Al fin y al cabo las Fuerzas Armadas y de Policía tienen 450.000 miembros. Otros se preguntan cómo podrían los soldados ejercer su libre ejercicio al voto bajo una estructura de mando y obediencia. O si se haría de manera escalonada. Todos estos detalles son los que harían viable o descartable la propuesta.

No cabe duda de que la intención de Barreras es equilibrar las cargas. Si en La Habana se trabaja a todo vapor para encontrar una fórmula de participación política para las Farc, el voto militar sería otra manera de mostrar que Colombia camina hacia una nueva realidad política. Posiblemente se anticipó demasiado. Pero es seguro que estos serán los debates del posconflicto, y hay que prepararse para darlos en profundidad y con tino. Al fin y al cabo, el fin de la guerra es la gran oportunidad para construir la vigencia plena de la democracia.