Por el suelo

Durante años, el emblemático club San Fernando de Calí estuvo al borde de la ruina y a pesar de los esfuerzos de sus socios, la única tabla de salvación que les quedó fue echar mano del mayor de sus activos: el lote donde está su sede. Un terreno de 22.500 metros cuadrados muy bien ubicado. Pero las normas de planeación decían que la única actividad permitida en ese trozo de ciudad era la institucional, y eso espantaba a los inversionistas. Esto cambió en el último mes, gracias a que el Concejo modificó el uso del suelo y permitió que allí se hagan desarrollos comerciales. Para la decisión se argumentó que por el frente cruza una de las troncales del sistema de transporte masivo, MIO, y que con el cambio se abría paso a la renovación urbana. Sin embargo, la buena noticia para los socios del San Fernando se aguó cuando autoridades locales comenzaron a investigar un posible acto de corrupción disfrazado con el discurso del desarrollo.

Las dudas de que algo turbio pudo suceder surgieron el pasado 25 de agosto, cuando los 21 concejales de Cali debatían el tema en plenaria. A las 12:15 minutos de la madrugada no se habían puesto de acuerdo y el proyecto estaba hundido. La principal razón es que un desarrollo comercial de gran impacto en ese lugar podria generar un caos vehicular similar al que sucedió en la Autopista Norte de Bogotá con el Centro Comercial Santafé. Además, para algunos este tipo de construcciones sería incompatible con el Hospital Universitario del Valle, el estadio Pascual Guerrero, las piscinas Panamericanas y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que son sus vecinos.

Durante el debate en el Concejo llamó la atención de los asistentes que al menos un grupo de cinco ediles desaparecía por ratos en una oficina del segundo piso. Cuando todos regresaron, se aplazó la votación para la mañana siguiente y con una sorpresiva mayoría de 17 votos a favor y cuatro en contra, se aprobó el cambio. El ruido que generó el proceso, al que la prensa local describió como un 'pupitrazo' del Concejo, se sumó a información recibida por la Procuraduría e hizo que este organismo abriera una investigación para saber si detrás de la decisión hubo plata para algunos concejales y funcionarios del municipio.

El presidente del club, Jaime Caicedo, dijo a SEMANA que si bien recibieron una propuesta de compra del lote por parte de almacenes Carrefour condicionada al cambio del uso del suelo, "no le hemos dado un peso a nadie". Acepta que del tema habló en privado con el alcalde, Apolinar Salcedo quien, según él, se comprometió a que el club no sería liquidado.

Además de lo sucedido el día de la votación, no ha pasado inadvertido que un comerciante de Bogotá, en los últimos 15 días, ha pagado más de 2.000 millones de pesos de las deudas del club, lo que ha sido interpretado como si en la práctica estuviera comprándolo a cuentagotas. Caicedo dice que este hombre llegó recomendado por Carrefour, pero el vocero de la cadena francesa, Mario Acevedo, aclaró que esto no fue así, que conocen al comerciante porque les alquila un lote en Bogotá, pero que no actúa a nombre de ellos. Confirmó que siguen interesados en el predio, pero una vez pase la tempestad jurídica.

"Este tipo de iniciativas toca muchos intereses, pues define los negocios que llegarán en el futuro e incide en el valor de la tierra", dice Fabiola Aguirre, directora de Planeación Municipal, quien asegura que a su despacho han llegado denuncias de posibles irregularidades en el cambio del uso del suelo en otros lugares de la ciudad.

Por ahora, el club que se volvió famoso por sus fiestas, que incluían artistas de la talla de Lucho Bermúdez, del cual adoptaron la canción San Fernando como himno, tiene vía libre para buscar inversionistas. Sin embargo, para los caleños, los resultados de las investigaciones de la Procuraduría serán los que dirán qué tan costoso le salió a la ciudad el salvavidas del club.