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Procuraduría investiga a ministro de Agricultura

La investigación se realiza por presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla cuando se desempeñaba como funcionario de Findeter.

13 de agosto de 2020

Por presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cinco exdirectivos de Findeter, entre quienes se encuentra el actual ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Zambrano, y el exsecretario general del Ministerio de Cultura, Enzo Rafael Ariza Ayala.

 
Los otros exdirectivos de Findeter investigados son: los exvicepresidentes técnicos Alejandro Maya Martínez y Alejandro Callejas Aristizábal, el exsecrretario general Helmuth Barros Peña y el exgerente de Infraestructura José Andrés Torres Rodríguez.

 
El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución del contrato interadministrativo 2828 de 2014, que tenía por objeto “prestar servicios de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura cultural a nivel nacional, en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”, así como en el desarrollo del Convenio de Asociación 13 de 2015, para construir la nueva sede del museo.

 
También ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar "la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública".
Zea llegó al Ministerio de Agricultura en febrero de este año en reemplazo de Andrés Valencia. Anteriormente se desempeñó como presidente de Fiduagraria. 
En diciembre pasado, el Ministerio Público anunció una indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Ministerio de Cultura y Findeter por presuntas irregularidades en la construcción de la obra.  El ente de control señaló entonces que la Procuraduría Regional del Atlántico buscaba "determinar si las obras se encuentran paralizadas y abandonadas o, por el contrario, se están ejecutando por parte del contratista. Así mismo, busca establecer el uso adecuado a los recursos girados por la nación para la construcción del escenario".