Procuraduría denuncia falta de avances en política migratoria y advierte consecuencias: “No dudaremos en ejercer nuestra función disciplinaria”

En una audiencia sobre la política integral migratoria del país, la Procuraduría General de la Nación destacó que continúa tomando medidas preventivas para evitar la vulneración de la población migrante en zonas fronterizas. Sin embargo, advirtió que si no se observa progreso y esfuerzo por parte del Estado para mejorar sus condiciones, no dudará en ejercer su función disciplinaria.

El Ministerio Público reafirmó que, a pesar de las 48 recomendaciones emitidas en un informe preventivo y las visitas realizadas por sus equipos institucionales, se evidencia la falta de acciones para mitigar los riesgos existentes en lugares como Cúcuta, Necoclí y Acandí.

La preocupación radica en que los hallazgos, validados por la alerta temprana bilateral emitida por la Defensoría del Pueblo de Colombia y Panamá, no estén recibiendo la debida atención. En este sentido, la Procuraduría General hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Migración Colombia en zonas fronterizas como Necoclí y San Andrés, así como organizar los puestos de control en los puentes Simón Bolívar y Atanasio Girardot en condiciones dignas para funcionarios y usuarios.

Asimismo, el organismo de control enfatizó que el enfoque de derechos humanos debe prevalecer en el abordaje de esta problemática, tanto a nivel nacional como territorial.

La Procuraduría detalló que actualmente Necoclí es el punto con mayor flujo migratorio irregular, con un promedio de 1200 a 1500 personas diarias. Por otra parte, en Norte de Santander, se registra un promedio de 50 mil personas diarias en tránsito debido a la migración pendular que se produjo tras el retiro de los controles en puentes internacionales que comunican con Venezuela. Además, según el ente de control, se mencionó que en San Andrés opera una ruta migratoria incluso promocionada por una agencia de turismo.

Ante esta situación, la Procuraduría insiste en la necesidad de tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones de la población migrante y evitar posibles vulneraciones de sus derechos.

Defensorías de Colombia y Panamá emiten alerta temprana

La alerta temprana binacional emitida por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá es una respuesta a los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes en la frontera entre ambos países.

Esta alerta evidencia el control territorial de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en Colombia, así como la creciente organización de grupos delictivos locales en Panamá en las zonas de Necoclí, Turbo, Antioquia, Unguía, Acandí, Juradó en Chocó, Pinogana, Chepigana, Emberá Wounaan y Guna Yala en la provincia del Darién.

“Los equipos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron a lo largo de los últimos 8 meses de trabajo, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas. En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas. Adicionalmente, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera”, señaló el defensor colombiano, Carlos Camargo Assis, el pasado mes de abril.

De acuerdo con las entidades, son múltiples los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, tanto los migrantes, como las poblaciones que viven en la región alertada, entre ellos: violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas.

“Durante ocho meses los equipos técnicos de las Defensorías del Pueblo de los dos países estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona. Encontramos una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, añadió el defensor Camargo.

Por su parte, Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo de Panamá, indicó que “ha sido un trabajo mediante visitas de campo entrevistas a personas en movilidad humana y lugareños. Debemos prestar especial interés en los lugareños quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes hemos venido advirtiendo en conjunto con Unicef los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas con el flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes”.

La alerta temprana binacional hace seis recomendaciones de alcance binacional para garantizar los derechos de estas poblaciones, incluyendo el establecimiento de una mesa permanente de atención a la población migrante con la participación de Migración Colombia, Migración Panamá y los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.