Huelga de hambre de médicos: Procuraduría interviene en el Cesar

Encadenados a sillas en la entrada del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, médicos de ese centro asistencial cumplen dos semanas en huelga de hambre para exigirles a los gobiernos nacional y departamental el pago de 11 meses de salarios atrasados.

Aunque en su momento la Superintendencia Nacional de Salud anunció una auditoría en el Rosario Pumarejo para conocer el estado de las deudas del departamento con ese hospital, este sábado la Procuraduría intervino en el caso al pedirle al gobernador (e), Wilson Solano García, que en las próximas 24 horas presente una propuesta de pago para saldar la deuda.

De acuerdo con el ente de control, al 31 de marzo la deuda de la administración departamental con el hospital sumaba $26.686 millones, flujo de recursos que, según estableció la Procuraduría, “se requiere en forma inmediata debido a la grave situación que reporta el Rosario Pumarejo”.

La entidad llamó la atención no solo por el atraso en el pago de salarios, que suman $182.214.465, sino también por el compromiso de contratos de prestación de servicios, por valor de $18.601.787.342, “deudas que están afectando directamente el mínimo vital de los trabajadores y, en general, al personal médico-asistencial que presta sus servicios a esta institución”.

El Ministerio Público encontró que al consultar la plataforma Pisis del Ministerio de Salud, utilizada para el intercambio de información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), el departamento del Cesar, a través de su Secretaría de Salud, aparece como el mayor deudor de esa entidad de salud del Estado.

Por eso, la Procuraduría recordó al gobernador Solano la obligación que tiene el departamento de cumplir el ordenamiento legal y dos peticiones de la Superintendencia de Salud para el saneamiento de cartera y facturación.

El pasado 3 de agosto el personal del hospital Pumarejo de López completó un mes en huelga, con cese de actividades programadas y ambulatorias y solo atendiendo urgencias vitales.

El médico Julio Peralta, líder de los empleados, denunció que las irregularidades no solo se presentan en la falta de salarios, sino también al “no direccionamiento de pacientes del régimen subsidiado al hospital”, en lo que llamó una estrategia fraguada para que la población sea atendida en la red privada de la ciudad, lo que va en detrimento del funcionamiento de la red pública.