Prorrogar, prorrogar y prorrogar

El cubilete del ministro Fernando Londoño no se queda quieto. Cuando se esperaba que el referendo estuviera listo y que la discusión se centrara en los 17 puntos acordados en las comisiones el gobierno lanzó la semana pasada un nuevo tema a la palestra: la prórroga de un año para los actuales alcaldes y gobernadores. A pesar de haber sido derrotada en el primer debate el ministro Londoño tiene toda la intención de revivir una propuesta que se mete con la propia supervivencia política de los congresistas en sus regiones.

Pero, ¿qué motiva al gobierno a incluir otro punto más al referendo y qué implicaciones tiene para los municipios y departamentos del país? Para el Ministro del Interior la prórroga tiene "razones jurídicas y de conveniencia". El gobierno respalda la propuesta como una manera de ajustar el calendario electoral y así unificar las elecciones locales en todo el territorio nacional. Se calcula que en el curso del próximo año y en fechas diferentes unos 150 municipios elegirán alcaldes. Por otro lado, este año de gracia le permitiría a la Registraduría Nacional del Estado Civil adecuar el censo electoral y mejorar la seguridad del sistema de identificación.

Esas son las razones técnicas pero la decisión tiene sus aristas políticas. En primer lugar, si el Congreso aprueba incluir la prórroga del mandato en el texto final el gobierno se ganaría de inmediato a los más de 1.000 alcaldes y 32 gobernadores y sus burocracias locales como jefes de debate. Así, el problema de movilizar unos seis millones de votos aprobatorios que requiere el referendo para reformar la Constitución estaría parcialmente solucionado. Sin el interés de los mandatarios regionales para seguir en el poder el propio presidente Alvaro Uribe se vería obligado a montarle campaña al 'Sí' por todo el país. En vez de conducir la guerra y dirigir la reactivación de la economía, la energía y el liderazgo del primer mandatario se destinaría a sacar adelante el referendo, a base de carisma y gastándose su prestigio.

No obstante, cabe preguntarse si para sincronizar las elecciones locales vale la pena cambiar tan abruptamente las reglas del juego político en las regiones. Ampliar el mandato a los alcaldes y los gobernadores divide inmediatamente a los políticos porque cada congresista patrocinó o fue contradictor de los actuales mandatarios. Por ende, buscará mantenerlo en el poder o estará ya montando campaña para arrebatarle el mandato. Para la muestra un botón: apenas el gobierno anunció el apoyo a la prórroga quedaron congeladas las aspiraciones políticas de varios parlamentarios, como el senador antioqueño Mario Uribe, quien aspira a la Alcaldía de Medellín, o la representante Nancy Patricia Gutiérrez, que quería lanzarse a la Gobernación de Cundinamarca. Nada caería mejor para los congresistas aspirantes que otro año más para preparar campaña y, en especial, para ahorrarse el desprestigio personal de renunciar a la curul con sólo tres meses de ejercicio.

El agua y el aceite

El impulso del ministro Londoño a esta iniciativa no haría más que romper un principio básico de la democracia: "reglas ciertas, resultados inciertos". Hace dos semanas la propuesta fue derrotada en las comisiones tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Sin embargo, al apoyo del presidente Uribe, que lo hizo explícito en sus encuentros con alcaldes y gobernadores, se le sumaron las gestiones de Horacio Serpa, director del Partido Liberal. Así, el jefe de gobierno y el de la minoría más importante estarían de acuerdo con la medida. De inmediato el mal ambiente a la medida bajó y ahora está más cerca de ser aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes esta semana.

Serpa llamó personalmente a algunos parlamentarios para convencerlos de la conveniencia de aprobar la prórroga. Esta postura está en clara contravía de aquella que defendió unas semanas atrás: la negativa de incluir más temas al referendo. Este lunes los congresistas del liberalismo oficialista celebrarán una reunión con Serpa para definir si siguen en bloque las directrices del jefe del partido o si quedan en libertad de tomar las decisiones individualmente. Algunos congresistas liberales no estarían de acuerdo con la prórroga porque afecta directamente sus intereses regionales. Y en política una cosa son las decisiones a conciencia y otras las de supervivencia.

Desde el punto de vista del ciudadano la propuesta tiene sus matices. Mientras en Bogotá y Medellín los alcaldes Antanas Mockus y Luis Pérez, respectivamente, gozan de altos índices de popularidad, la aceptación de la gestión de Jhon Maro Rodríguez, alcalde de Cali, es muy baja (ver gráfico). Lo que apoyarían los habitantes de la capital no caería muy bien dentro de la ciudadanía caleña. No hay mejor termómetro de la gestión de los alcaldes que la decisión de las elecciones de octubre de 2003.

Porque lo cierto es que revivir la ampliación del mandato es colgarle más bolas al árbol de Navidad. Ya se comenzaron a escuchar las críticas a la longitud del texto del referendo, la dificultad para entender las preguntas y la necesidad de redactarlas en un lenguaje más neutro y menos parcializado. Tampoco se podría evitar que en la plenaria algunos congresistas se unan para modificar temas que los tocan como, por ejemplo, bajar más el umbral hasta volverlo inocuo.

Sin embargo el referendo ha aguantado en estos tres meses de todo: la inclusión de nuevos temas como la penalización de la droga; el ultimátum del ministro Londoño y la improvisación en el manejo de las bancadas. Con la unión entre buena parte del uribismo y del serpismo y la presión de los alcaldes a los legisladores no sería extraño que al final de la semana el texto llegue a los 18 puntos. Nada garantiza que del sorprendente cubilete del gobierno salgan más sorpresas en las próximas semanas.