Punto aparte

El 31 de diciembre pasado el presidente Andrés Pastrana firmó un decreto que dará mucho de qué hablar. Se trata de una reforma de fondo al esquema de remuneración de los profesores de las universidades públicas. Es un tema sensible que será objeto de no pocas protestas en las próximas semanas.

La nueva norma pone fin al antiguo régimen salarial de los profesores, conocido por el nombre del decreto que le dio origen (el 1444). El objetivo de éste era deseable: incentivar la capacitación y preparación de los docentes. Pero el resultado práctico no fue el mejor.

El régimen del 1444 estableció los criterios para determinar el salario de los profesores, mediante un sistema de puntos. Estos se obtenían por la experiencia calificada del docente y su productividad, entre otros factores. También había pagos adicionales a los profesores que desempeñaran cargos administrativos. El problema es que, de acuerdo con estudios del gobierno, la experiencia calificada se había convertido en una prima automática por antigüedad. Y en cuanto a los otros criterios de remuneración no había reglas claras.

En muchas universidades, aunque no todas, el 1444 se aplicó en forma laxa y dio lugar a abusos. Hubo casos extremos en los que decenas de profesores se rotaban el puesto de decano para tener derecho a la prima de los cargos administrativos. También profesores que publicaban artículos periodísticos en diarios de ciudades fronterizas como Tulcán, en Ecuador, en seguida los presentaban como una publicación académica internacional y reclamaban una prima por productividad —que se daba de por vida—. Era la llamada “feria del punto”.

Lo que hace el nuevo decreto del gobierno es preservar los mismos criterios de remuneración del régimen anterior, pero fijando unas reglas mucho más claras y estrictas para beneficiarse de los aumentos. Por ejemplo, las publicaciones que dan lugar a premios por productividad tienen que ser hechas en revistas especializadas reconocidas por Colciencias. Además la prima se da sólo en el año de la publicación y no para siempre. De otro lado, la experiencia calificada de los profesores ya no será un ascenso automático por antigüedad sino que éstos se tendrán que someter a un concurso cada tres años para certificar su calificación.

Estas medidas tomaron un tanto por sorpresa a los profesores. “El decreto no fue concertado con nosotros y esto ha causado malestar en el profesorado”, afirma Fabio Lozano, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios. “Las posibilidades de crecer en el escalafón son mínimas y esto hará más difícil atraer profesores jóvenes altamente capacitados para relevar a los que están por jubilarse”, añade.

Y es que la reforma además coincidió con el aumento salarial de año nuevo. El gobierno fijó un incremento inferior a la inflación, siguiendo un fallo de la Corte Constitucional. Algo que no fue bien recibido por muchos profesores y directivos universitarios, que consideraban que las universidades deberían tener un régimen aparte.

Por todas estas razones los sindicatos de profesores han convocado a asambleas permanentes, que se inician este lunes en la mayoría de universidades públicas del país. Un grupo de rectores, por otro lado, se reunirá en Medellín para analizar los aspectos prácticos de la aplicación del nuevo decreto.

El ministro de Educación, Francisco Lloreda, ha defendido la reforma. “Es un régimen salarial muy responsable y serio que contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación. Además permite que las universidades públicas sean viables financieramente”, asegura. Por eso no está dispuesto a echar para atrás el decreto, como piden algunos. Lo que sí ha ofrecido es sentarse con los rectores en mayo próximo, después de aplicada la norma, para evaluar si hacen falta algunos ajustes. El debate seguirá abierto.