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El proyecto busca una modernización del proceso electoral. - Foto: David Estrada Larrañeta / Semana

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El revolcón a las elecciones que contempla la reforma al Código Electoral

La iniciativa propone ampliar la jornada electoral hasta las 5.00 p.m.; que haya transporte público gratuito ese día; que los colombianos migren a un voto mixto y electrónico de forma gradual; y que en las listas de los partidos aumente la participación de las mujeres.

Desde hace varios años una de las grandes reformas que está pendiente es la del Codigo Electoral. Esta busca modernizar la manera en que los colombianos, a través del voto popular, eligen a sus goberantes. 

Por esa razón, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado acaban de radicar en el Ministerio del Interior un proyecto en el que proponen la modificación de este Código, que viene de 1986, para adaptarlo a los tiempos de hoy y al avance de la tecnología.

“Desde la Registraduría del siglo XXI tenemos el compromiso de modernizar las elecciones y la identificación de los colombianos. Por eso, presentamos este proyecto, producto de un arduo trabajo interinstitucional, y esperamos contar con el apoyo del Congreso de la República”, aseguró el registrador nacional, Alexander Vega.

Según la Registraudría, “las normas que actualmente gobiernan las elecciones en Colombia imponen una sola forma de depositar el voto que, en esencia, aún sigue el modelo de votaciones del siglo XIX”.

Precisamente, uno de los grandes cambios que contempla el proyecto es la forma en la que los colombianos ejercen este derecho. La propuesta del código permite combinar de manera progresiva nuevas modalidades de voto entre las que se encuentran el manual, electrónico mixto presencial, electrónico remoto y anticipado.

El  voto mixto hace referencia al que puede ser marcado por el votante en dispositivos electrónicos. Sin embargo, recibirá una constancia física que será depositada  en las urnas.

Otro punto importante es que se propone ampliar en una hora la jornada electoral, es decir, hasta las 5 de la tarde. Gracias a las actas digitalizadas, los escrutinios se conocerán de forma más ágil el mismo día de la votación y se puede brindar una mayor transparencia. 

En materia tecnológica, uno de los puntos importantes de la reforma es que se buscará establecer la identificación del sufragante por medios digitales a través de la implementación de sistemas biométricos de autenticación. El objetivo será certificar más garantías tanto para el votante como para los entes de control.

Uno de los cambios fundamentales será la modalidad para ejercer el voto.

También se buscará combatir la trashumancia, un delito que se configura cuando se inscriben cédulas en lugares distintos a lo de residencia, una práctica que ha sido histórica en las elecciones en el país. 

Para ello se plantea que se brinde transporte público gratuito el día de las elecciones hacia los puntos de votación. Esto deberá ser solicitado y gestionado por los mandatarios locales y regionales.

En esencia lo que busca este punto es evitar que los políticos aprovechen para brindar el transporte a los electores, especialmente en las zonas apartadas. Así mismo, combatir la abstención en el país que en ocasiones es superior al 50 por ciento.

Con el fin de incentivar a los colombianos a votar, el proyecto también contempla mayores beneficios para los ciudadanos. Por ejemplo, dice que el sufragante tendrá derecho a un día de descanso compensatorio remunerado dentro de los dos meses siguientes al día de la votación o que incluso podrá acumularlo al periodo de vacaciones.

Para la inscripción de la cédula, la reforma también contempla otros cambios estructurales. Se eliminarían los periodos de inscripción de cédulas que se estipulan en la actualidad un año antes de las elecciones, para que se implemente un esquema en el que el Estado verifica a través del censo electoral el lugar de domicilio del ciudadano para ubicarlo en el puesto de votación más cercano.

Con respecto al censo electoral, este también influirá en la elección de los jurados de votación ya que se cambiará el mecanismo por el cual se acudía a los jefes de recursos humanos de las empresas privadas y entidades públicas. Ahora se seleccionará por medio del censo a posibles ciudadanos que tengan las aptitudes para llevar esta tarea a cabo y cumplir con el deber.

En el caso de los partidos se busca mejorar la forma en la que se hace la inscripción de los candidatos. Y el proyecto se refiere a una modalidad que ha cogido fuerza en las últimas elecciones: la recolección firmas.

Al respecto el proyecto propone que los comités podrán empezar a registrarse ante la autoridad electoral desde un año y hasta siete meses previos a las elecciones y que la publicidad de sus procesos de recolección de firmas debe terminar seis meses antes de los comicios.

La reforma también estipula una modernización institucional de las entidades. En el caso de la Registraduría buscarán establecerse mayores parámetros de profesionalización de su planta.

El Consejo Nacional Electoral buscará fortalecer sus competencias implementando un modelo de “consejos seccionales electorales”, que buscan que los ciudadanos en las regiones puedan apoyar los procesos del organismo electoral.

Respecto a quienes tengan aspiraciones presidenciales o para alcaldías, el proyecto aclara que por el Estatuto de la Oposición el segundo en votación tendrá derecho a una curul en corporaciones públicas de elección popular. Para ello tendrá 24 horas para manifestar si elige o rechaza esta opción, pero si el segundo es el voto en blanco se perderá la curul. Es decir, el segundo de Presidencia podrá ir al Congreso y los segundos en alcaldías a los consejos.

La cuota de género también será fundamental. El proyecto dice que se incrementará del 10 al 40 por ciento la cuota de género en las listas de candidatos a corporaciones públicas. Así mismo, en el caso de las de elección popular el documento dice que “en las listas donde se elijan cinco o más curules deberán conformarse por un mínimo de 40 por ciento de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación”.

Se establece un nuevo concepto de “violencia política contra la mujer” el cual contempla que se protegerán los derechos de las mujeres para que puedan gozar de los derechos políticos y electorales. Con esto se busca darle mayor garantías a las mujeres en el ejercicio de sus campañas y proceso de elección para prevenir hechos de violencia psicológica, simbólica, física, entre otros.

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