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Ramón Jesurún es, desde noviembre de 2015, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Ramón Jesurún es, desde noviembre de 2015, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. - Foto: Juan Carlos Sierra

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Reventa de boletas: los pecados que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le encontró a Ramón Jesurún

El fallo en el que se confirma la multa al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el escándalo de la reventa de las boletas de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, dejó al descubierto reveladores e inéditos testimonios de cómo el directivo estaría involucrado en el oscuro episodio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún; el presidente de la Difútbol, Álvaro González Álzate, y el secretario general de la Federación, Andrés Tamayo, por las irregularidades que se presentaron en la entrega del millonario contrato para el manejo de la venta de boletas para los partidos definitivos de la Selección Colombia en la recta final de las eliminatorias al Mundial de 2018.

Lo primero que hizo el Tribunal fue desvirtuar los argumentos de Jesurún, González y Tamayo para que les levantaran la multa. Ellos aseguraron que hubo una presunta violación al debido proceso, pues, según su punto de vista, no se tenía claro si fueron investigados por infracción a los derechos del consumidor o por infracción a las normas de libre competencia.

El Tribunal le dio la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que impuso las multas, y que explicó que adelantó dos investigaciones paralelas porque el caso lo ameritaba; de esa manera, el Tribunal señala que: ”No se vulneró el derecho al debido proceso, pues los dos procedimientos adelantados por la Superintendencia de Industria y Comercio se fundamentaron en normas y competencias diferentes, a saber, la vulneración del derecho a la libre competencia, de una parte, y, por la otra, la vulneración de los derechos del consumidor”.

El segundo argumento de Jesurún y los otros directivos consistía en otra supuesta vulneración al debido proceso porque no se le dio acceso al acuerdo del programa de beneficios por colaboración.

Como se sabe, el escándalo de las boletas estalló cuando Ticket Shop, la empresa que ganó el contrato, se acogió a ese programa y delató todo lo que pasó ante la SIC, dejando al descubierto el entramado de reventa y quiénes estaban involucrados.

Los multados consideraban que era su derecho tener acceso pleno al expediente completo con las pruebas que entregaron César Carreño e Iván Darío Arce, responsables de Ticket Shop, la firma que delató el acuerdo por debajo de la mesa.

Pero el Tribunal desestimó también esa pretensión, pues “las pruebas mencionadas, que sirvieron de fundamento para la imposición de la sanción, fueron conocidas por los implicados, esto es, el aspecto relevante de la delación para efectos del ejercicio del derecho al debido proceso de los demandantes consistió en que estos pudieran controvertirlas, circunstancia que permitió la garantía del derecho fundamental de que se trata”.

Sin embargo, al desestimar una tercera pretensión de los solicitantes, el Tribunal incluyó en la sentencia nuevos y contundentes detalles de conversaciones que confirman que Jesurún habría tenido plena certeza del modus operandi en la reventa de boletas.

El directivo y sus compañeros argumentaron, según el Tribunal, que “la SIC no indicó si el negocio de la reventa es una actividad ilegal ni probó que la Federación Colombiana de Fútbol o algunos de sus empleados hubiesen participado en la reventa”; pero se desvirtuaron esas razones, con pruebas contundentes que comprometen seriamente, en especial, a Jesurún.

La primera es una declaración de Elías Yamhure, hombre fuerte de Ticket Ya, la firma que, según la SIC, manejó realmente la boletería tras bambalinas mientras Ticket Shop firmó oficialmente el contrato.

En el testimonio citado por el Tribunal, Yamhure admite que se reunió varias veces en la sede de la Federación con algunos directivos.

“Y unas dos o tres veces con el doctor Ramón Jesurún también en presencia de Andrés Tamayo y de Luis Guillermo Escobar, que era el nuevo gerente de la Federación, y siempre para temas que tenían que ver con el contrato de Ticket Shop y de la Federación”.

Lo que resulta llamativo es ¿por qué Elías Yamhure, directivo de Ticket Ya, y quien oficialmente no tenía que ver nada con el contrato de la boletería, se reunía con Jesurún para hablar de ese tema?

Otra de las evidencias muy comprometedoras para el actual presidente de la Fedefútbol es la de Luis Guillermo Escobar, cuya declaración, citada por el Tribunal, cuenta los detalles de varias reuniones, entre ellas un desayuno de trabajo el 21 de abril de 2016, entre Jesurún y Yamhure.

Escobar, entonces director general de la Federación, respondió en interrogatorio ante la SIC sobre las visitas de Elías Yamhure, el hombre que, en teoría no tenía nada que ver con el negocio de las boletas, pero asistía a acompañar a los beneficiarios del contrato.

-Pregunta: ¿tiene más o menos conocimiento, o recuerda qué tan frecuente se reunieron con ese señor?

-Luis Guillermo Escobar: o sea, yo como una vez antes de cada partido, por ejemplo, más o menos. Cada vez, es que como te digo, en la mayoría de las veces que venía Ticket Shop, venía él también.

-Pregunta: y de nuevo, el papel que cumplía en esas reuniones ¿cuál era? Fundamentalmente, ¿qué hacía él?

-Luis Guillermo Escobar: él, o sea, cómo explicarlo, él obviamente venía del lado de ellos y era como “ayúdenlos”, o sea digamos aquí o sea sí ayudaba a gestionar el tema del día, por ejemplo.

Luego, Escobar es interrogado sobre los asistentes a otra reunión con Elías Yamhure, y en la que, según su testimonio, también estuvieron presentes César Carreño e Iván Darío Arce, directivos de Ticket Shop, la firma que obtuvo el contrato, y Ramón Jesurún; en esa reunión se tomó, según Escobar, una decisión clave. Esa parte del testimonio de Escobar es demoledora.

-Pregunta: ¿para agosto de 2016 usted estaba reunido con Yamhure?

-Luis Guillermo Escobar: correcto. Pero esa reunión sí me acuerdo que estaban ellos sentados, me dijeron “mira hay que renegociar esto tín tín” y se aprobó.

-Pregunta: de nuevo un poquito para retomar el hilo, estaban ellos ¿son quiénes?

-Luis Guillermo Escobar: César, Iván, Elías y el presidente.

-Pregunta: ¿Jesurún?

-Luis Guillermo Escobar: de aquí en adelante cada vez que diga presidente, es el presidente Jesurún.

Por su parte, Jesurún admitió en su declaración que “me reuní con el señor Elías Yamhure Baccarett unos tres o cuatro meses posteriores después de asumir yo la presidencia de la FCF (…). Hablamos también un tema de un aplazamiento para unas obligaciones que ellos tenían sobre de unas fechas establecidas y hablamos sobre un tema de cambio de diseño de la boletería”.

Surgen entonces dos preguntas. Si Elías Yamhure no tenía nada que ver con el contrato de las boletas, ¿de qué obligaciones habla Jesurún? ¿Y por qué Yamhure tenía injerencia en el diseño de la boletería?

Para cerrar su providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resume categóricamente lo que en su concepto sucedió en el caso: “Ramón de Jesús Jesurún Franco, como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato de que se trata.

Hizo parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya información terminó siendo conocida por los representantes de Ticket Ya y Ticket Shop. Hizo parte de quienes decidieron adjudicar el contrato, pese a no ser la mejor oferta presentada. Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo reuniones con los representantes de Ticket Ya, pese a que no eran los adjudicatarios del contrato, circunstancia que demuestra el pleno conocimiento de la forma en que se estaba ejecutando el contrato de la boletería”.

Con esta decisión, Jesurún perdió otro round en los estrados judiciales, pero el más importante, el penal, sigue pendiente en la Fiscalía General.