¿Revocar a Petro es misión imposible?

Al mismo tiempo que una comisión del Concejo de Bogotá votaba en contra de la propuesta de reforma al Plan de Ordenamiento Territorial de Gustavo Petro, la Registraduría anunció que las firmas válidas para revocar al alcalde son suficientes. El revés político fue por punta y punta y así comenzó un capítulo inédito de la política de la capital. 

Nunca antes se había promovido una campaña para tumbar a un mandatario de Bogotá en que el número de firmas conseguidas superara ampliamente la cifra requerida. La Registraduría certificó la validez de 357.250 firmas, 60.000 más de las necesarias. Eso, y la noticia de que los concejales le vetaron el POT al alcalde, lo que tampoco tiene antecedentes, lo dejaron transitoriamente contra las cuerdas. 

Su partido, los Progresistas, alistan la artillería jurídica y política para contener el sacudón. De hecho antes de que la Registraduría le diera el aval a las firmas, el exsecretario de Gobierno de Petro, Guillermo Asprilla, le salió al paso a la decisión diciendo que había algunas fraudulentas. 

“El 37 por ciento de las firmas que presentaron ni siquiera está en el Censo Electoral. Solo el 22 por ciento es válido”, dijo a SEMANA. Según Asprilla, un equipo de diez grafólogos y peritos comprobaron que 438.200 firmas son inválidas. Con esos argumentos, los defensores del alcalde planean instaurar un recurso de reposición ante la Registraduría Distrital. 

En respuesta, el representante Miguel Gómez, quien ha sido el promotor de la campaña contra Petro calificó al alcalde de “aprendiz de tirano”. Según él era difícil que el burgomaestre reconociera las firmas y por eso salió a desprestigiarlas antes de que la Registraduría les diera el aval. “Los tiranos son los que desconocen las leyes, cuando no les convienen”, agregó. 

En caso de que la Registraduría Distrital deje en firme su decisión, Petro presentaría otro recurso ante la Registraduría Nacional, que es una entidad diferente. Ese trámite no tiene límite de tiempo. Es decir, aunque la importancia del caso amerita celeridad, ese proceso puede tardar meses pues el registrador, Carlos Ariel Sánchez, deberá cotejar todos los argumentos. Pero en todo caso, cuando confirme la validez de las firmas, tendrá dos meses para convocar a la votación. Para eso, los escuderos del alcalde también tienen una carta: pedir la supervisión de una comisión internacional al proceso de revocatoria. 

Sin embargo, el mecanismo de defensa más contundente para Petro es el propio proceso de revocatoria. Las condiciones que se tienen que cumplir son tan exigentes que parecen infranqueables. Primero que todo es necesario que participe el 55 por ciento de los votantes de las elecciones pasadas. 

Es decir 1.234.214 ciudadanos pues en las elecciones de 2011 hubo 2.244.025 votos válidos. De esa cantidad de votantes, la mitad más uno (617.107) deben votar ‘sí’ para que Petro salga del Palacio Liévano. De ser así, sería la primera vez que esta figura constitucional se estrena en el país, pues hasta ahora 38 procesos similares se han convocado en otros municipios y ninguno ha prosperado.

Pero además de los requisitos jurídicos, también hay obstáculos políticos para quienes quieren tumbar a Petro: 1) la época, 2) la falta de respaldo a la revocatoria en los partidos políticos y 3) el debilitamiento de la oposición.

Para comenzar, si convocar a las urnas en temporada electoral es complicadísimo, hacerlo a destiempo lo es mucho más. La experiencia ha demostrado que cuando se convocan consultas internas de los partidos o referendos que no coinciden con las elecciones al Congreso, casi nadie sale. Consciente de esa dificultad, Gómez anunció que la campaña para la revocatoria comenzaría esta misma semana.

A este obstáculo se suma que no hay ningún partido que respalde oficialmente la revocatoria del alcalde, ni siquiera La U, que es el partido de Gómez. Y en tercer lugar, si bien en el Cabildo hay oposición contra Petro, esta también ha quedado disminuida después de que se conoció la noticia de que muchos concejales participaron del carrusel de la contratación. Es decir, el pulso será en las calles, sin mayor participación de la clase política.

Falta ver si la convocatoria supera las enormes barreras que le quedan por delante. Pero todo indica que es una misión casi imposible.