Fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a SEMANA que se producirían varios relevos de personal activo en el Departamento de Control de Armas (DCCAE).
Los cambios estarían relacionados con presuntos hechos de corrupción que se vendrían presentando desde hace varios meses en los trámites para la venta de armas de fuego de Indumil al público.
Al parecer, y de acuerdo con varias denuncias públicas conocidas por SEMANA, personal uniformado se habría puesto del lado de redes mafiosas de tramitadores para cobrar entre 5 y 30 millones de pesos por otorgar un arma de fuego.
El supuesto carrusel corrupto funcionaría de la siguiente manera: los uniformados del DCCAE serían los encargados de obstaculizar los procesos dentro de la unidad, con el propósito de agilizar los trámites de los clientes de los intermediarios.
Un coronel retirado del Ejército le contó a SEMANA que la plataforma en la que se realiza el registro para obtener un arma de fuego legal estaría siendo saboteada por los propios militares, lo que obligaría a los interesados a acudir a los tramitadores.
La denuncia fue ratificada por el mayor retirado del Ejército Jorge Castillo, quien coincidió con el coronel en que, dentro del DCCAE, la plataforma no permite avanzar en el proceso a quienes quieren realizar el trámite legal sin acudir a terceros.
“Son unas mafias que llevan manejando el tema de la compra de armas; hay una mafia desde afuera que le llaman los tramitadores, que cobran por trámites gratis, pero que tienen conexión dentro de la entidad en Bogotá y las regionales”, explicó Castillo.
#ArmasDeFuego El trámite ante el DCCA para obtener un arma se ha convertido en un negocio sucio de corrupción descarada. Antes de que se genere el pago autorizado, en la inmensa mayoría de los casos hay que pagar entre 10 y 26 millones de pesos en coimas a tramitadores y… pic.twitter.com/cgE2KbsQYt
— Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) October 12, 2026
El mayor Castillo agregó: “Un trámite puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Los trámites quedan a la mitad siempre y por eso las personas deben acudir a los tramitadores. El DCCAE lo que hace es que carga la disponibilidad a una plataforma, el usuario la escoge, se carga en el perfil del usuario y de ahí se supone que ya se puede hacer la compra; sin embargo, ese cargue del arma dentro de la plataforma, ahí es donde está la corrupción”.