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    En 2013, el presidente electo, Gustavo Petro, fue destituido de su cargo como alcalde por la Procuraduría. Por eso señalan que su propuesta tiene un tufo de revancha.
En 2013, el presidente electo, Gustavo Petro, fue destituido de su cargo como alcalde por la Procuraduría. Por eso señalan que su propuesta tiene un tufo de revancha. - Foto: foto: guillermo torres-semana

polémica

Si la Procuraduría es eliminada en el gobierno de Gustavo Petro, ¿quiénes serían los afectados?

La propuesta del presidente electo Gustavo Petro de eliminar la entidad ha causado un alboroto. Aunque es claro que la corrupción campea, preocupa que la cura sea peor que la enfermedad.

La promesa del presidente electo, Gustavo Petro, de luchar contra la corrupción fue una de sus principales banderas. La repetía una y otra vez durante la campaña que inició el mismo día que fue derrotado por Iván Duque, pero lo que nunca había dicho es que implicaba imponerle los santos óleos a la Procuraduría, propuesta que apenas lanza, y que ya ha generado alboroto y muchas dudas. ¿Es una revancha por su destitución cuando fue alcalde de Bogotá? ¿Qué tipo de reforma plantea? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Y la más espinosa: ¿es la puerta de entrada a una constituyente?

La propuesta, de inmediato, generó radicales posiciones encontradas, pero es poco lo que se sabe. Petro, quien se encuentra de vacaciones en Europa, después de armar la controversia, apenas publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló: “Transformar la Procuraduría en la gran fiscalía anticorrupción, dentro del poder judicial, no es eliminarla, es empoderarla como toca. La corrupción no es una irregularidad administrativa, es un delito. Nada deben temer los empleados”.

Sobre este complejo tema, Petro solo habló, por primera vez, hasta el 23 de mayo de este año, y en ese momento señaló, con acaloradas palabras y un tufo de revancha, que “la Procuraduría es una policía política que no tiene otro sentido que perseguir funcionarios que no piensan igual que el presidente. Lo que queremos, siguiendo la sentencia de la Corte IDH, y eso incluye una reforma constitucional, es pasar el dinero del aparato de funcionarios hacia el Poder Judicial, fortaleciéndolo, para allí constituir la gran Fiscalía Anticorrupción. La corrupción no es una irregularidad, sino un delito”.

La innegable corrupción rampante que hay en Colombia y los pobres resultados para enfrentar escándalos como el de Odebrecht en la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos, los habituales carteles de la alimentación escolar, de la hemofilia, de la salud, el robo a los recursos de la paz y todos los zarpazos que los corruptos dan a los recursos públicos, sin que haya decisiones de fondo, le dan la razón a Petro.

Los partidos

El tema no será fácil de sacar adelante y puede ser la prueba ácida para el gran acuerdo nacional que se ha venido planteando desde que Petro ganó las elecciones. Solo una aplanadora en el Congreso puede lograr que esta ambiciosa iniciativa, acompañada de otros cambios planteados a la justicia, salga adelante. En ese escenario, el Centro Democrático será el principal y, probablemente, único contrapeso.

Justamente, el congresista del Centro Democrático Gabriel Vallejo prendió las alarmas. Considera que la Procuraduría es una institución que representa a los ciudadanos y es esencial en la Constitución de 1991. Por eso dice que hacer una reforma constitucional no es el camino y la Corte terminaría tumbándola, además, advierte una suerte de revancha. “No le queda bien al presidente electo porque parece un tufillo de venganza, recuerde la pelea que casó con Alejandro Ordóñez cuando fue destituido”.

Pero el temor en el Centro Democrático apunta más allá, a juicio de Vallejo, al ser la Procuraduría un elemento esencial de la Constitución de 1991, no se podría reformar por el Congreso (acto legislativo), “en ese caso, la fórmula sería una constituyente, a eso nos quieren llevar, rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos, y hasta podrían incluir un artículo para la reelección”. Ese último es el principal temor en el uribismo.

En la misma línea está Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, quien asegura que “desde ya se está viendo lo que viene con Petro. Ya anunció que empezará a eliminar las entidades que pueden hacerle frente al totalitarismo que pretende”.

En Cambio Radical, el congresista César Lorduy también la considera inconveniente. “Si la finalidad es tener una justicia pronta y oportuna, bienvenidos esos ajustes. Pero la preocupación es que so pretexto de una reforma a la justicia, con punta de lanza de la Procuraduría, que no la comparto, pueden incluir muchas cosas. Tenemos el derecho de preocuparnos por lo que vendrá, mucho más si lo que se busca es una constituyente”, agregó Lorduy.

Para Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, es una propuesta acertada que busca la eliminación de una “institución monárquica, vetusta, costosa y que no da resultados. No ha cumplido con lo que se ha comprometido, tiene cada vez más poder y presupuesto y no funciona, es simplemente un fortín burocrático que vale 2 billones de pesos”.

Sobre la posibilidad de que la Corte tumbe la reforma, dijo que “por supuesto que el Congreso puede modificar la Constitución, es una de sus funciones. El temor del articulito o de una constituyente que busque la reelección de Petro es solo un fantasma del uribismo, que sí les sirvió cuando se trataba de Álvaro Uribe”.

En el Partido Liberal no hay una posición clara, apenas natural cuando están tratando de sumarse a la coalición de Petro. El senador Lidio García fue tibio en su posición y dijo: “Una reforma tan profunda que debe ser analizada por una comisión de expertos no es descabellada y puede funcionar muy bien, pero debe ser estudiada, sobre todo porque al Congreso llega un artículo y salen 20”. Lo que sí manifestó fue un temor por una eventual constituyente. “Nosotros sabemos en qué puede terminar”, dijo, al plantear la posible intención reeleccionista.

El fantasma de la Corte

Ante la duda de si es posible eliminar la Procuraduría vía acto legislativo, el constitucionalista Juan Manuel Charry fue más pragmático. “El argumento de que la jurisprudencia plantea que es un elemento esencial de la Constitución del 91 y la Corte no daría vía libre es válido y real. Sin embargo, ya lo han hecho con otras entidades. Pero este debate tiene un fuerte componente político y es claro, así se diga lo contrario, que depende en últimas de la decisión política de los magistrados. Dependerá del momento, de las mayorías y de una voluntad nacional Yo me atrevo a decir que sí pasará”, sostuvo Charry.

Históricamente, se ha considerado a la Procuraduría como un fortín burocrático que, en algunos casos, ha servido como trampolín para aspiraciones presidenciales y pago de favores políticos.

Aunque la procuradora Margarita Cabello no se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente electo. El que sí se pronunció fue el exprocurador Fernando Carrillo. “Bienvenida la transformación de la Procuraduría. Se trata de fortalecerla, dignificarla, despolitizarla y tecnificarla en la lucha contra la corrupción. No destruirla ni eliminarla. El reto es preservar su independencia frente al poder político”, dijo Carrillo, quien se caracterizó por ser un procurador aliado del Gobierno Santos y que poco o nada investigó el escándalo de Odebrecht.

El también exprocurador Jaime Bernal Cuéllar afirmó que “la propuesta es totalmente inconveniente porque la Procuraduría tiene la competencia de aplicar el régimen disciplinario a los servidores públicos cuando hay un desvío en su comportamiento. Pasarla a la Fiscalía es aumentar el trabajo en una institución ineficiente por la sobrecarga. Lo que se debe hacer es evitar la duplicidad de funciones con la misma Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos”.

Lo que por ahora resulta claro es que la propuesta de Petro, más allá de las posiciones encontradas, resulta audaz. El cambio se convertiría en un acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser sancionados con una sentencia de un juez. Daría fin a una entidad que hoy está en el ojo del huracán y a la cual los astros parecen haberse alineado para quitarle poder. De algún modo, el nuevo Gobierno se evitaría un billonario gasto entre funcionamiento e inversión. ¿Petro lo logrará?