Unión Interparlamentaria pide a Congreso de Colombia explicaciones por caso Uribe

SEMANA conoció en primicia una carta que envió la Unión Interparlamentaria, cuya sede está en Ginebra, Suiza, al presidente del Congreso en Colombia, Arturo Char. Allí se pide información sobre el conocido caso Uribe, que en principio estuvo en la Corte Suprema de Justicia y cuyo proceso pasó luego a manos de la Fiscalía.

La carta está firmada por el secretario general de la organización, Martin Chungong, y señala en comunicación dirigida a Char: “Tengo el honor de dirigirme a Usted en relación con el trabajo del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP)”. Y agrega la carta: “Con motivo de su próxima sesión, que se celebrará de manera virtual del 22 al 27 de octubre de 2020, el Comité se centrará, en lo que se refiere a Colombia, únicamente en el examen de tres nuevas denuncias recibidas concernientes a la situación de los actuales y anteriores congresistas, los señores Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Luis Emilio Tovar Bello”.

El documento conocido por Semana Noticias revela que según el querellante –que en este caso se refiere al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa en cabeza de la firma del abogado Víctor Mosquera Marín– del año 2005 al 2010, en Colombia, “se registraron reiterados y notorios episodios públicos de enfrentamientos y enemistad grave de forma personal e institucional entre el gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez (electo del 2002 al 2006 y reelecto 2006 al 2010) y la Corte Suprema de Justicia”.

Se advierte que esas agresiones trascendieron el hecho de ser meras acusaciones y calificaciones verbales al escenario judicial, donde ambas partes se denunciaron penal y disciplinariamente.

La carta reconoce que este enfrentamiento es reconocido y evidenciado por lo que no se puede desligar lo ocurrido con “la realidad que vivía el país para finales del año 2007, pues en esos momentos existía un público y notorio enfrentamiento del Presidente de la República con el Alto Tribunal”.

Parte de los argumentos de la defensa internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez que fueron puestos en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interplaramenaria (UIP) se transgredió el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia – que había sido modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que creó la Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La tesis es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “había perdido competencia desde el 18 de enero de 2018 para investigar al señor Uribe, ya que el texto constitucional fue claro al establecer que la competente para investigar lo es la Sala Especial de Instrucción”.

Recordemos que el caso pasó tiempo después a manos de la Fiscalía General y fue la jueza 30 de control de garantías Clara Ximena Salcedo quien tras dos audiencias concedió la libertad al expresidente Uribe, entre otras cosas, argumentando que como lo consideró la Fiscalía y la Procuraduría o el Ministerio Público: “No es posible ni constitucionalmente admisible equiparar indagatoria a imputación”.

Un punto importante que resalta la carta y que es un argumento de la defensa internacional del expresidente Uribe: “El ámbito de la privacidad del señor Uribe fue invadido y agredido de forma abusiva y arbitraria entre el 7 y 28 de marzo de 2018 por parte de la autoridad pública y sus efectos se mantuvieron en el tiempo, conforme a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, liderada por el Magistrado José Luis Barceló tuvo también interceptada la línea telefónica (317xxxxx19) perteneciente al señor Uribe, toda vez que no mediaba orden judicial para la interceptación de la línea telefónica del mismo, ya que este no era sujeto procesal en el mencionado proceso”.