Vuelve y cae

El hecho de que Hernando Rodríguez viajara a Santa Marta un día después de que el Tribunal Superior del Magdalena revocara la decisión judicial que lo había dejado en libertad es, por decir lo menos, un gesto temerario pues resultaba casi como su entrega a la justicia. Pero no es difícil pensar que Rodríguez a esas alturas estaba ya desesperado. Había pasado casi cuatro años vinculado a un proceso judicial, incluida una temporada como prófugo en Cuba, y además era señalado en todas partes como el pez gordo detrás del mayor desfalco de la historia del país: el escándalo asociado con la liquidación de la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) y con la creación del fondo de su pasivo social (Foncolpuertos). Un asunto que costó a la nación 4,9 billones de pesos según el último cálculo de la Contraloría.

Miembros del CTI de la regional Magdalena lo capturaron el miércoles 23 de enero cuando se bajaba del avión en Santa Marta. Estaba acompañado de su ex mujer, la senadora Martha Catalina Daniels. Un giro del destino los llevó allí a minutos de distancia de la estación de policía en donde Rodríguez pasó encerrado (aunque no en sentido literal, gracias a las comodidades derivadas del programa extramuros del Inpec) durante más de un año.

Rodríguez está en la cárcel de nuevo porque la justicia le dio alcance. Y aunque las acusaciones en su contra son concretas (prevaricato y peculado por 12.000 millones de pesos) no se podría afirmar que es el único responsable del gigantesco desfalco. Por lo menos eso se deduce del libro Conspiración en los puertos, auspiciado por la Contraloría General de la República y escrito por Felipe Lozano Puche, que acaba de publicarse.



La conspiración

Según Lozano se trató de una verdadera conspiración pues, como dijo a SEMANA, "no se puede sintetizar de otra forma el proceso de sociedades de todo tipo: premeditadas, espontáneas, duraderas, anónimas, limitadas, pero eso sí, con mucho ánimo de lucro que resultó de la decisión del presidente Gaviria de liquidar Colpuertos".

El libro revela cómo funcionó esta conspiración. Todo empezó con la liquidación laboral de los trabajadores de los terminales marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Tumaco. En estos cálculos se cometieron todo tipo de errores (involuntarios y voluntarios) que resultaron en montos considerados injustos por muchos ex empleados. Alentados muchas veces por los mismos liquidadores de Colpuertos procedieron a demandar al Estado, con lo que le quedó a Foncolpuertos la obligación de reconocer las diferencias. La mayoría de las demandas ni siquiera llegaron a los tribunales pues la empresa estuvo presta a conciliar con los trabajadores y aceptó girarles sumas multimillonarias. Así, por ejemplo, Arthur Forbes, ex presidente de uno de los sindicatos de Cartagena, tras obtener una pensión de menos de dos millones de pesos mensuales, luego de múltiples demandas y conciliaciones obtuvo una jubilación de 28 millones de pesos por mes e indemnizaciones que superaron los 1.000 millones de pesos.

Rodríguez fue el primer director de Foncolpuertos y quien montó los sistemas a través de los cuales se colaron los pagos por casi cinco billones de pesos, es decir, más de la mitad de lo que se recaudó por IVA en 2001. Pero además se necesitó la participación de abogados, políticos y funcionarios, muchos de los cuales cobraron porcentajes sobre cada pensión e indemnización que recibían los trabajadores. Al final hubo empleados que sólo recibieron el 40 por ciento de lo que se les había reconocido.

Algunos ejemplos del libro ilustran de qué manera funcionó el carrusel.



Pensiones y clientes

Un caso revelador que cita Conspiración en los puertos es el de Rafael Preciado Biojó. Con base en el decreto 2126 de 1997 el director de Foncolpuertos de la época, Salvador Atuesta (a quien la Procuraduría acaba de destituir aunque hace ya más de tres años que Foncolpuertos dejó de existir) le solicitó al ministro de Hacienda Antonio Urdinola aprobar la emisión de bonos TES como reconocimiento de las obligaciones del Fondo con algunos ex empleados. Dice el libro que con la autorización del ministro, Atuesta firmó tres resoluciones (una en abril, otra en mayo y la última en junio de 1998) ordenando el pago de 247.000 millones de pesos en bonos TES B del Banco de la República. Según los documentos citados por Lozano de aquel dinero 11.838 millones fueron cobrados por Rafael Segundo Preciado Biojó o Segundo Rafael Preciado Biojó. Además de dos nombres, Preciado Biojó usaba una tarjeta falsa de abogado, un carro Mercedes Benz azul de placas diplomáticas y todas sus influencias en el Congreso para que los políticos le ayudaran a cobrar las pensiones de sus ‘clientes’.

Preciado no se quedó con todos los 11.000 millones de pesos. Su socio, José María Iguarán Ortega, confesó ante la Fiscalía que aquél "generalmente cobraba un 20 por ciento de comisión. Los trabajadores recibían 60 por ciento y el 20 por ciento restante era un 12 por ciento para el apoderado que adelantó el proceso y un 8 por ciento para mí". La plata daba para alimentar a todos. Lozano encontró en las indagatorias en la Fiscalía que dentro del porcentaje que cobraba Preciado Biojó estaban incluidas comisiones ilegales para unos congresistas, cuyos nombres no fueron especificados, quienes se encargaban de presionar a Hacienda para que girara. Según Iguarán también hubo "tajadas" para el director del Fondo, Salvador Atuesta, y para la secretaria general, María Isabel Olarte. Preciado Biojó fue declarado culpable de falsedad y cohecho, estuvo preso y ya salió libre. Atuesta, Olarte y otros involucrados están en proceso de investigación.

Otro caso ilustrativo que relata Lozano es el de Otilio Sarmiento, nativo de Soplaviento, Atlántico, quien vivió buena parte de su juventud y toda su infancia en medio de una miseria que parecía definitiva. Su madre hacía bollos de mazorca y él, desde muy pequeño, se dedicó a cargar baldes de agua para ayudar en su casa. Consiguió luego un trabajo fijo en el terminal marítimo de Cartagena y gracias a su verbo frondoso fue elegido como miembro del sindicato de ese puerto.

En la feria de liquidaciones a Sarmiento le habían reconocido una pensión de 18.762.854 pesos mensuales, pero fue tan exorbitante que en 2001, cuando se revisaron los montos pagados, el Grupo Interno de Trabajo (GIT) del Ministerio de Trabajo bajó su pensión a 6.569.102 pesos. Esto quiere decir que, retroactivamente, Sarmiento le debe al Estado más de 900 millones.

El juez segundo penal del circuito de Santa Marta, David Romero Palmera, quien ordenó la libertad por vencimiento de términos de Hernando Rodríguez, será investigado por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante el Tribunal Superior del Magdalena. Esta medida tiene como sustento las presuntas irregularidades en el proceso observadas por el Tribunal.

Romero decretó vencimiento de términos en el proceso de Rodríguez pues habían pasado cinco meses sin que se le hubiera realizado una audiencia pública. No obstante, para tomar este tipo de medidas, la norma establece un término de seis meses. Rodríguez recobró su libertad a finales del año pasado y para ello no tuvo que pagar caución alguna: el juez Romero ordenó que se tuvieran en cuenta los 203 millones que ya había pagado en otra etapa del proceso. Pero de nada le valieron las razones del juez que lo dejó libre y ahora Rodríguez tendrá que someterse a juicio ante el Tribunal Superior del Magdalena, departamento al que, según parece, regresó en busca de su destino.



Capítulo del libro



Samario o buen samaritano. Capt. de libro Conspiración en los puertos