NACIÓN
Grave situación en Córdoba por bloqueos del paro minero. Ya intervino la Defensoría
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo llegaron al punto del bloqueo en La Apartada para mediar entre la comunidad y los manifestantes.
Al clamor de los manifestantes en el paro minero se suma el llamado de la Defensoría del pueblo para que sean escuchados y atendidos por el Gobierno Nacional, ya son más de cinco días en protestas, paros y bloqueos que han afectado a los habitantes del departamento de Córdoba y Antioquia.
Justamente, al punto de bloqueo del municipio de La Apartada, entre el sur del departamento de Córdoba que limita al oriente con Ayapel y el norte del departamento de Antioquia, llegaron funcionarios de la Defensoría para intervenir en la crítica situación y evitar que la protesta se extendiera hasta el Puente San Jorge.
Entre los funcionarios estuvieron presentes el Defensor Delegado para la Prevención de la Conflictividad Social, el Defensor Regional Sur de Córdoba y funcionarios de las defensorías regionales de Antioquia, Bajo Cauca, Córdoba y Sur de Córdoba.
“Al intentar un espacio de diálogo y acercamiento, entre la Defensoría del Pueblo, la Policía de Córdoba, la Personería de La Apartada y la Gobernación de Córdoba, la comunidad exacerbada y exaltada decidió que a través del uso de la fuerza contendrían a la población minera que se dirigía al Puente San Jorge”, explica un comunicado emitido desde la misma Defensoría.
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La confrontación se habría registrado porque la comunidad que no hace parte de las protestas asegura “estar cansada”, pues han dicho que la zona o las tierras no son mineras y algunos no entienden el porqué de la manifestación que ha generado afectaciones en la economía de la región y el desabastecimiento de alimentos.
“Evitamos la confrontación de manifestantes y la comunidad en el municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba, por eso reiteramos el llamado a las autoridades regionales y nacionales para atender las manifestaciones que se vienen desarrollando en esta zona del país, para escuchar a las comunidades y buscar salidas que eviten confrontaciones”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Finalmente, gracias a la mediación de las autoridades a través del diálogo social con los voceros del paro minero, la Defensoría y miembros de la Policía Nacional lograron que la población minera que se movilizaba en caravana a La Apartadada retornara al municipio de Caucasia.
La información obtenida por la Defensoría del Pueblo indicaba que la caravana sería interceptada, precisamente en el sector de la Apartada, por la población del lugar, que estaba dispuesta a enfrentarse con palos y piedras a los manifestantes.
Así fue el proceso:
- El equipo del Defensor Regional del Sur de Córdoba intermedió ante la población que mantenía bloqueado el Puente de San Jorge garantizando la libre movilidad y la normalización de las condiciones de orden público.
- El Equipo de la Defensoría del Pueblo ubicado en el peaje de la Apartada (vía Caucasia – Montería) jugó un papel determinante en la mediación con la caravana organizada por el Comité Pro Paro Minero del Bajo Cauca, Sur de Córdoba, que se dirigía hacia el puente San Jorge.
- La mediación de la Defensoría del Pueblo en el peaje, logró detener la avanzada de la caravana y evitar la confrontación entre la población civil, con consecuencias impredecibles de perdidas humanas, heridos y daños y destrucción y quema de vehículos y motocicletas.
- El delegado para la Conflictividad Social y el Regional Sur de Córdoba lograron concertar con las personas que adelantan la protesta en la vía que de Montelíbano conduce hacia los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador para habilitar el paso a los vehículos de pasajeros, transporte público y particulares, una hora en la mañana y una hora en la tarde, hasta tanto se levanten las manifestaciones de los mineros.
Según información otorgada por el Comité de Conciliación del Paro, en la movilización participaban en ese momento más de 4.000 personas, que se trasladaban en diferentes tipos de vehículos.
¿Manifestación infiltrada?
Según el gobernador Aníbal Gaviria, mandatario de los antioqueños el grupo de mineros está siendo instrumentalizado y chantajeado para adelantar las manifestaciones.
Para Gaviria, esto no es más que otra contaminación de las protestas sociales e incluso entregó nombres de cuáles y cuantos serían los grupos criminales que, según él, están interviniendo y sometiendo al pueblo.
“Aquí hay una contaminación de la protesta social por grupos al margen de la ley. He visto que detrás del paro que se quiere mostrar con la fachada de minero, está el Clan del Golfo. Y es que la cosa es muy clara: este paro se está produciendo como rechazo a una acción del Estado que se produjo por la quema y destrucción de cinco dragas de tipo brasilero”, dijo Gaviria.
El gobernador reveló que conoce cómo estarían siendo amenazados los mineros para hacer parte de las protestas y cuáles son las consecuencias de oponerse a lo que el Clan del Golfo ordene en el territorio.
“A los comerciantes los están amenazando con mensajes a través de WhatsApp, obligándolos a cerrar sus negocios. Aquel que no lo haga, le pueden quemar el local o empiezan a cobrar extorsiones de dos millones de pesos”, aseguró el gobernador.
Del paro minero, como se ha catalogado, el gobernador de Antioquia ha dicho que lo que hay es un “paro draguero” y que le ha cambiado el nombre debido a las causas que, según dice, llevaron a las protestas y bloqueos.
“Lo he llamado paro draguero, porque en realidad fue como respuesta a la quema y destrucción de las dragas. Sumemos el intento de destrucción de la Alcaldía de Caucasia y la llegada de jóvenes encapuchados. La Policía Nacional capturó a algunos de ellos, incluyendo menores de edad”, dijo Gaviria.