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Absuelven al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco

La Sala de Casación Penal revocó la decisión proferida en primera instancia. Los magistrados consideran que el funcionario no incurrió en hechos de corrupción electoral.


La Corte Suprema de Justicia acaba de lanzarle un salvavidas al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. En cuestión de semanas, la Sala de Casación resolvió en segunda instancia absolverlo de los cargos por corrupción al sufragante, al considerar que hizo promesas de tipo político a sus electores sin incurrir en ninguna violación legal.

Hace dos meses, el gobernador había sido hallado responsable en primera instancia por haber engañado a sus votantes con falsas promesas. Por esta razón, la condena se tasó en cinco años de prisión.

El caso está relacionado con una comunidad de 800 familias desplazadas, a las que, estando en campaña, Monsalvo Gnecco les prometió que las mantendría en un predio conocido como Tierra Prometida. Esta propiedad en Valledupar es de un particular, Óscar Álex Guerra Bonilla, con quien la comunidad ha sostenido varios pleitos, incluso de tipo jurídico.

A pesar de las tensiones desatadas, el hoy gobernador les firmó un documento en el año 2011 en el cual, a cambio de los votos de los desplazados, se comprometió a: 1.) A mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble en el que estaba en curso la invasión ilegal; 2.) A acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que amparaban los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes del predio, y 3.) A incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas para el sector.

En primera instancia, los magistrados de la Corte le cuestionaron el que hubiera prometido una dádiva –consistente en mantener una invasión– violando principios democráticos con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de los electores. Y más teniendo en cuenta que se trata de comunidades en condición especial, ciudadanos desprotegidos, víctimas del conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad.

Pero la revisión que hace la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema va en una dirección distinta. Para los magistrados, las promesas del candidato Monsalvo Gnecco eran parte de una propuesta política con sustento. Incluso, había decisiones judiciales en favor de esa comunidad de desplazados para que se mantuvieran en el predio Tierra Prometida, lo cual sometía su cumplimiento a la voluntad que tuviera el mandatario que llegara al cargo. La absolución tiene dos salvamentos de voto.

“Tachar de ilegal el compromiso suscrito por candidato y comunidad constituiría un desconocimiento de la presunción de legalidad y legitimidad de los fallos emitidos por los jueces de tutela”, señala la Corte Suprema. A juicio de la Sala, acoger como suyas las propuestas de una comunidad afectada, por parte del candidato acusado, e introducir esas propuestas a su programa de gobierno electoral, no tiene la trascendencia necesaria para elevar tal conducta al reproche penal.

“El derecho penal no puede ser usado para decidir conflictos de carácter político entre contendientes que buscan definir en los estrados judiciales lo que no obtuvieron en los procesos electorales o lo que dejaron de ganar en el libre juego democrático”, dicen los magistrados.

Monsalvo Gnecco había sido condenado a pagar cinco años de prisión, pero los magistrados condicionaron la orden de captura a que la decisión quedara en firme. Así las cosas, la Sala de Casación salvó al gobernador no solo de ir a prisión, sino que además podrá recuperar el cargo que tuvo que dejar en suspenso por un par de meses.