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Corte Suprema choca con magistrados atornillados de la Judicatura por tutela de Ramos

Por: Archivo Particular

A pesar de que los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria no deberían estar en sus cargos, tomaron una decisión contraria a derecho que añade más sombras al caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Choque de trenes con la Corte Suprema.


La Corte Constitucional ya dio su ultimátum el pasado 28 de agosto: los magistrados tienen un periodo de ocho años que es improrrogable así exista la vacante o no se hayan nombrado los reemplazos. A pesar de este mensaje dirigido, los magistrados Pedro Sanabria y Julia Emma Mejía llevan más de 11 años atornillados a sus cargos en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Según ellos, después de la decisión de la Corte Constitucional, pusieron a disposición del Congreso sus despachos, en una comunicación que curiosamente no usa la palabra renuncia. A Sanabria y a Garzón se les olvida que cada día que pasan allí y cada decisión que toman es abiertamente inconstitucional. Y para la muestra, un botón.

Esta semana, ambos aparecieron como los firmantes de una acción de tutela que separó al magistrado de la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema Ariel Torres de un caso que de por sí ya ha sido bastante accidentado. La decisión de la Judicatura favorece al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien está siendo procesado por parapolítica desde hace siete años en la Corte Suprema.

Torres repartió un proyecto de fallo el pasado 24 de marzo a la sala en donde comparte asiento con su colega Jorge Caldas. La ponencia se filtró a Noticias Uno, medio de comunicación que publicó el pasado 12 de julio el estudio jurídico que hizo el magistrado Torres. Este concluye que Ramos debe ser condenado a 19 años de prisión porque no solamente recibió dinero para sus campañas políticas de los paramilitares El Tuso Sierra y Miguel Arroyave, sino que también tuvo un papel activo de “fomento, promoción, dirección, encabezamiento, constitución y de jefatura” con respecto a la organización.

El análisis del caso que hizo Ariel Torres resultó ser sustancialmente más gravoso para Ramos, pues el mismo caso que revisó antes un magistrado en la Sala de Casación Penal de la corte –Eyder Patiño– consideraba que el exfuncionario debía pagar nueve años de prisión. Ahora la Judicatura, sin determinar ningún tipo de responsabilidad directa del magistrado Ariel Torres con la filtración, resuelve una acción de tutela en favor del exgobernador, protegiendo su derecho al debido proceso. Según la peculiar tesis, el solo hecho de que se hubiera filtrado la ponencia es suficiente para apartarlo del caso, pues Torres era “el guardián del expediente”.

Ante esta decisión, reaccionó duramente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema a través de un comunicado. Este tribunal pidió las autoridades competentes que revisen de manera urgente el fallo, pues consideran “evidente” la falta de competencia de esa sala de la Judicatura para conocer de las acciones de tutela y la ausencia de soporte probatorio para separar al magistrado Torres del caso Ramos. “No existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo. Inexplicablemente, también se dispone que en el proceso se presente una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación”, cuestionaron los magistrados.

La decisión de la Judicatura es contraria a todos los precedentes que han emitido las Altas Cortes. Para no ir muy lejos, la Corte Constitucional revisó este mismo caso cuando se filtró la ponencia de Ramos que estaba en el despacho de Eyder Patiño. La conclusión fue un jalón de orejas para funcionarios y periodistas, pero quedó claro que ante la imposibilidad de endilgarse responsabilidades específicas el caso debía continuar su rumbo.

Seguramente, la decisión que emitió la Judicatura -con ponencia de la magistrada Julia Emma Garzón- se caerá en la Corte Constitucional si la tutela es seleccionada. Sin embargo, por tiempos, esta tutela contraria a derecho y tomada por magistrados que no deberían estar en sus cargos, pone en riesgo un caso al que ya lo rondan las sombras.

Cabe recordar que Ramos tenía contratados los servicios del abogado Gustavo Moreno, y aunque este asegura que no hubo manejos irregulares, hay episodios oscuros que están en investigación. El más evidente, el asesinato del testigo Carlos Enrique Areiza, a quien la Corte había pedido protección especial pues consideraba que podría haber sido presionado para que se retractara en el caso Ramos.

El caso pasará a manos del magistrado Jorge Caldas, quien curiosamente lleva siete meses con la ponencia en su escritorio sin que haya accedido a darle ni siquiera una primera discusión con su colega Torres. A menos de que la Corte Constitucional lo impida, Caldas tendrá que proyectar un nuevo fallo y la decisión será tomada con el concurso de un nuevo magistrado que aún está pendiente de ser elegido. La Sala Plena de la Corte Suprema está en deliberaciones para escoger quién ocupará esta vacante sobre la cual se acaban de posar todos los reflectores.