Indígenas piden que no se desvíe investigación sobre masacre de 12 awá

Dentro de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía sobre la masacre de 12 indígenas awá en el resguardo Gran Rosario, en Nariño, reposa la versión de militares en la región donde culpan de la matanza al indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás.
 
En el documento, divulgado por Noticias RCN, los militares dicen que este indígena awá masacró a otros miembros de su pueblo, entre los que había siete niños, porque en días pasados había secuestrado a tres de ellos para presionarlos por el pago de 10 millones de pesos.
 
Según el telenoticiero, el Ejército los rescató, pero Jairo Miguel ordenó la muerte de los que quedaron vivos, para que no testificaran en su contra.

Semana.com encontró que en 2007 líderes de la comunidad pusieron sendas denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo contra Jairo Miguel por amenazar a los integrantes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

Una aparte de las denuncias dice que el 28 de junio de ese año, más o menos hacia las 4 de la tarde, el líder Apolinar Pascal salía de su trabajo en la sede de la Unipa del predio El Verde, en el municipio de Barbacoas.

De acuerdo con la denuncia, mientras Apolinar caminaba, se encontró con Jairo Miguel, que lo llamó y le preguntó “¿ustedes andan diciendo que nosotros somos atracadores?”. Y prosiguió advirtiéndole que “si usted denuncia esto y nos pasa algo a nosotros, cuente con que nosotros tenemos que matarlos. Vamos a hacer una masacre”.

Según su testimonio, Apolinar le respondió a Jairo Miguel que no sabía de qué le estaba hablando, “además, yo no vivo con usted ni sé en qué trabaja. Yo ni me he acordado de ustedes. Lo único que tengo es mi trabajo. Si me mata y mata a otros, es problema suyo. Si me mata a mí, muero por mi verdad”.

En el mismo sentido de la versión de los militares, un testigo que escapó de la masacre le dijo en la mañana de este lunes a la W Radio que unos siete hombres llegaron armados con pistolas en la madrugada del miércoles 26 de agosto a la casa de Sixta Tulia García. Les ordenaron violentamente a todos los que estaban allí que salieran y que “entreguen la plata”.

Hasta ahora, las declaraciones de los testigos y los militares son investigadas por la Fiscalía, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el caso. Así lo confirmaron fuentes de este organismo investigador.

Lo único oficial que ha salido de la Fiscalía fueron las declaraciones del fiscal encargado, Guillermo Mendoza, en cuanto a que la masacre se hizo con armas calibre nueve milímetros que, según dijo, no usan los grupos armados ilegales.

La versión de que fue un indígena el autor de la masacre no es compartida por los awá en la zona. Un líder que conversó con Semana.com y pidió no publicar su nombre, opinó que la investigación debe concentrarse en la coincidencia de que la masacre haya ocurrido en la casa de Sixta Tulia García, una indígena de 35 años que venía denunciando la muerte de su esposo, Gonzalo Rodríguez, como un falso positivo del Ejército. Al respecto, lea ‘La masacre de Nariño: ¿una venganza?’ y ‘Volvió la barbarie’. 
 
“Lo que entendemos con lo que se ha conocido por los medios de comunicación es que quieren desviar la atención. Quieren minimizar la gravedad de la denuncia que hemos hecho sobre la posible responsabilidad del Ejército en esta matanza”, dijo el líder.

Según comentó, los militares y el gobierno han dado todo tipo de argumentos para no confirmar la sospecha que tienen. “Primero, dijeron que la masacre había ocurrido por negocios de narcotráfico, pero estuvimos en la casa donde ocurrió y sí vimos un cultivo de coca, pero era muy pequeño y estaba quemado por las fumigaciones”, dijo. 

“Ahora dicen que fue un indígena el que cometió la masacre por una extorsión. Es muy fácil decir que nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos porque así el gobierno se lava las manos ante nuestra constante solicitud de protección”, agregó el líder awá.

En la Fiscalía saben que no se pueden tomar decisiones a la ligera y que el caso debe ser manejado son suma cautela, pues en una zona de conflicto como Nariño se entretejen todo tipo de sospechas, intrigas y coincidencias.

Lo que sí se puede concluir hasta ahora es que es cierta la ausencia de protección para estos indígenas. Si la comunidad había denunciado en 2007 las amenazas que hizo Jairo Miguel Paí Nastacuás, ¿por qué no los protegieron desde ese momento? Y si Sixta Tulia García había expuesto su pellejo diciendo que a su esposo lo habían matado miembros del Ejército de manera ilegal, ¿por qué la dejaron sola?

Definitivamente, ambos caminos conducen a la desconfianza.