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El presidente Gustavo Petro instaló el Puesto de Mando Unificado en Ituango (Antioquia).
El presidente Gustavo Petro instaló el Puesto de Mando Unificado en Ituango (Antioquia). | Foto: Presidencia de la República

ANTIOQUIA

Banda criminal Los Pachelly le responde al Gobierno: quiere sumarse a acuerdo de paz total

El grupo delictivo mantiene el poder en el municipio de Bello, ubicado en el norte del Valle de Aburrá.

29 de agosto de 2022

Un día después de que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le pidiera señales a la organización delincuencial urbana de Los Pachelly para definir si querían ser incluidos en la política de ‘paz total’, el grupo emitió un comunicado en el que sentó las bases de la conversación que podrían entablar con el Estado: justicia, verdad y reparación.

La petición del Gobierno nacional se dio el pasado 27 de agosto en medio de la instalación del puesto de mando unificado que busca contener las violencias en el municipio de Ituango y el resto del departamento de Antioquia, azotado en los últimos meses por la arremetida del Clan del Golfo, ELN, Los Caparros, disidencias de las Farc y grupos locales.

“Hacemos un llamado en esta región a Los Pachelly y a Los Caparros para que manifiesten su disposición en apostar a la paz total. El llamado es a que ellos piensen si el ejercicio de la violencia, para acumular o proteger riqueza, les está generado felicidad y bienestar para ellos mismos y sus familias”, anunció el funcionario de la Casa de Nariño.

En ese sentido, les solicitó un comunicado, video o emisión de palabras a través de un medio de información. Así fue. En un texto de 29 reglones, Los Pachelly mostraron optimismo frente a las declaraciones de Rueda y anticiparon que están dispuestos a la negociación, tal como lo afirmaron en los primeros días del mandato de Gustavo Petro.

La invitación obedece a que esta organización armada está activa desde hace 30 años, configurándose como una de las bandas más antiguas que opera en los municipios del Valle de Aburrá. Si bien el poder ha pasado de cabecillas, el orden se mantiene bajo el mando de los apellidos Henao Acevedo, responsables del tráfico de drogas y homicidios.

De acuerdo con investigaciones de la Policía Nacional, alias Albert tiene la batuta de Los Pachelly. Él está pagando una condena en un centro carcelario por el delito de concierto para delinquir, pero desde el penal, supuestamente, da órdenes a las personas que representan su nombre en las calles de la ciudad.

“El grupo armado urbano Los Pachelly recibimos con esperanza su llamado público el día de ayer en su visita a nuestra región, invitándonos a manifestar nuestra voluntad de dialogo para sumarnos a consolidar la paz total propuesta por nuestro señor presidente de la República, Gustavo Petro”, se lee en los primeros párrafos del comunicado.

Luego propuso al Movimiento Social por la Reconciliación y la Convivencia Sinergia para que sea el interlocutor entre los delegados del Gobierno nacional y los integrantes de la organización. De acuerdo con los planes fijados inicialmente, el movimiento se encargaría de los primeros acercamientos y la gestión del diálogo.

Tal cual la proposición, la agenda tendría como foco “el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, para que la garantía de no repetición del conflicto sea la atención integral para el empoderamiento de nuestras comunidades y la formulación de un pacto social para la reconciliación urbana”, concluye el texto que fue remitido al presidente Gustavo Petro.

A juicio de Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín, la familia Henao Acevedo debe ser considerada como una de las estructuras criminales más peligrosas del país porque tiene “la suficiente capacidad de daño”. Por ejemplo, la Fiscalía halló en los últimos años una conexión entre ellos y el Clan del Golfo, sostenido en el tráfico de armas.

Recientemente, las cápsulas de inteligencia dieron a conocer que Los Pachelly ayudaron a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a cometer el crimen en el que fallecieron dos patrulleros de la Policía en el corregimiento San Félix, en el marco del plan pistola que impulsan contra los miembros de la fuerza pública en varias regiones del país.