El destino de los desplazados del Tercer Milenio

El grupo de desplazado que se refugiaron en el Parque Tercer Milenio, por más de dos meses, desalojaron la zona. El retiro voluntario, que inició el domingo 2 de agosto, se logró gracias a un acuerdo con la administración distrital.

La medida fue tomada en la mesa de diálogo, en la que participaron voceros de la comunidad desplazada y personal de la administración de la ciudad, encabezado por Clara López, secretaria de Gobierno de Bogotá. Como mediadores intervinieron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Para Samuel Moreno, Alcalde de Bogotá, la propuestas de acuerdo entregada a la comunidad se logró gracias al censo que adelantaron con la administración distrital porque les permitió caracterizar a las personas que estaban en el lugar e identificar qué ayudas se le debía entregar a cada familia.

Moreno, aseguró en diálogo con La FM que las ayudas económicas entregadas por Acción Social fueron dadas de manera personal, para asegurar que cada quien recibiera el dinero de acuerdo a lo que necesita. Escuche cómo hizo la administración distrital y Acción Social para evitar que las ayudas se entregaran de manera incorrecta.

Sin embargo desplazados que todavía estaban desalojando la zona hablaron con La FM y manifestaron rechazo por algunos hechos registrados durante el tiempo que ellos estuvieron en el Parque. Los conflictos con la Policía y la forma cómo algunos integrantes de la fuerza pública amenazaron a los desplazados dicíéndoles que si no se iban, los sacaban a la fuerza, fueron los puntos denunciados, escúchelos.

En el balance entregado por el Alcalde de Bogotá se dio a conocer qué pasará con los desplazados que se encontraban en el lugar y cómo fue la entrega de los dineros por parte de Acción Social. Escuche cómo fue el proceso y qué apoyo se le prestó a la comunidad para lograr el regreso a su lugar de origen.

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En RCN habló Teodoro Petkoff, director del periódico ‘Tal Cual’, sobre el cierre de 32 emisoras de radio y dos canales de televisión en Venezuela. Al parecer la determinación del gobierno Chávez se debió a que las licencias no estaban en orden, a lo que Petkoff respondió que este no era un problema legal sino político.

La semana pasada el gobierno presentó un proyecto de ley sobre delitos mediáticos que apunta a todos los medios de comunicación y sería aplicado a aquellos que afecten la seguridad nacional. Para Petkoff esto le da un margen discrecional muy amplio a quienes van a calificar estos delitos, que es el propio gobierno.

Las penas del proyecto de ley van de seis meses a cuatro años para quien sea calificado de delincuente mediático. Según Petkoff, el proyecto busca reducir desde todos los campos la libertad de expresión y lo que se está aplicando no es la ley sino la política de Chávez.