"Explosión" de cooperativas de trabajo asociado

Desde que inició su periplo laboral por Bucaramanga, William Téllez*, un diseñador gráfico que hace dos años terminó sus estudios profesionales, ha estado vinculado a dos cooperativas de trabajo. Sin embargo, nunca conoció al resto de sus asociados, ni fue convocado a recibir una capacitación sobre el cooperativismo. Su relación con la entidad se limitó a firmar un contrato y a cobrar una suma de dinero por los servicios prestados, en una empresa de plásticos que requiere de diseñadores para los modelos de sus bolsas. Debido a la necesidad de trabajar para comenzar a sostener a su joven familia, conformada por una esposa de 24 años, empleada como él, y un bebé de un año, decidió firmar un contrato que le decía que recibiría una compensación equivalente a un salario mínimo, aunque en realidad se le reconocían $550.000 mensuales. Una dirección y el nombre Excoop era todo lo que sabía de su cooperativa.
Cambió de trabajo y ocurrió lo mismo: fue vinculado a través de una cooperativa. El salario mejoró, pero a diferencia de la primera vez, esta nueva asociación no tenía sede en Bucaramanga, si no en Bogotá.

Algo similar le ocurre a Sofía Martínez*, también de Bucaramanga, quien fue desvinculada de su trabajo como ejecutiva de publicidad y encontró, en una empresa dedicada a la edición de directorios, otra forma de devengar un ingreso. Está contratada por medio de una cooperativa de trabajo asociado (CTA), gana comisiones por sus ventas y sus ingresos mensuales pueden alcanzar el millón de pesos, pero su contrato fue elaborado de tal forma que se le reconoce una compensación mensual equivalente a un salario mínimo. Esto le ha ocasionado problemas con las entidades bancarias ya que le niegan constantemente sus solicitudes de crédito. “Ni siquiera puedo tramitar una tarjeta de crédito o aumentar el cupo, ya que el certificado que expide la cooperativa sólo indica que recibo un ingreso mínimo y esto no es garantía para los bancos. Uno lo hace por la necesidad de trabajar, pero a mi me parece una forma pésima de contratación, por mí deberían acabarla”, afirma Sofía.

Estos casos ilustran la situación de miles de trabajadores colombianos vinculados por medio de CTA que ante la necesidad de devengar un ingreso, aceptan las condiciones de la empresa, así como de la cooperativa con la cual firman el contrato.

Los organismos del Estado, el gremio y las propias cooperativas afirman que no todas las CTA están violando los derechos de los trabajadores, pero sí son conscientes de que se está viviendo una situación irregular a la que hay que ponerle un “tate-quieto”.

¿Qué ocurre?
Para el superintendente de la Economía Solidaria, Enrique Valderrama Jaramillo, el problema nació debido a la demanda laboral. En su concepto, un sector de los empresarios del país encontró en las cooperativas de trabajo asociado una forma de abaratar los costos e impulsó la creación de este tipo de entidades con el fin específico de hacer intermediación laboral. Como pertenecen al sector solidario no pagan impuesto de renta, aportes parafiscales (caja de compensación, Icbf y Sena, pagos que corresponden al 9% de lo que debería asumir una empresa por su empleado), cesantías, primas o vacaciones (los asociados a una cooperativa deben, de su bolsillo, procurar estos aportes, pero bajo otros nombres) y lo más grave: algunas CTA ni siquiera reconocen las cotizaciones a la salud, pensión o riesgos profesionales.

De esto se quejan otras cooperativas que consideran que hacen bien su labor. La gerente de la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera, Madecoop, Mercedes Castro, considera que es mejor entrar a vigilar, para no iniciar una cacería de brujas: “No somos una cooperativa de trabajo, pero he escuchado que en muchas de ellas se comenten abusos. El tema hay que revisarlo muy bien”, manifiesta. 
 

La gerente de la Cooperativa de Trabajo Con-Unión CTA, Rosa Helena Laverde, indica que si se respetaran las ideas del cooperativismo, otra historia se estaría viviendo en estos momentos. “Nosotros nacimos hace siete años y estamos en contra de las cooperativas de intermediación laboral. Desafortunadamente, algunas distorsionaron el mercado y todas nos estamos viendo afectadas”, agrega Laverde.

Comienza el crecimiento
Un estudio elaborado por Claudia Sacristán analiza el tema de las cooperativas de trabajo en Bogotá. Se trata de la tesis “Cooperativas de trabajo asociado en Bogotá, empleo y efecto refugio 2000-2005” realizado para la maestría en teoría política y económica (Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, 2006). La autora afirma que “si bien la creación de nuevas CTA pudo haber sido impulsada por diversas causas: la necesidad de organización autónoma de los trabajadores, procesos inducidos por el sector cooperativo, políticas gubernamentales, empresas privadas u ONGs, también podría explicarse por el crecimiento económico que se viene presentando desde el año 2000. Todo parece indicar que en la medida que las CTA se han convertido en empresas de intermediación laboral y administración de nómina que garantizan a la empresas tradicionales reducción de costos y minimización de los conflictos internos, hay agentes económicos que impulsan su creación, pero desfiguran los principios que rigen las cooperativas”.

Los datos recopilados para la tesis, suministrados por la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop (ver tablas), dan cuenta del auge de estas entidades entre el sector solidario. En la región Bogotá-Cundinamarca había una participación de CTA del 15.6% del total del sector cooperativo en el año 2000. Esta cifra pasó a ser en el 2004, de 36.5%. Eso quiere decir que en el 2000 había en esta región 795 CTA, en 2003 alcanzaron a ser 1386 y en 2004 sumaron 2094. 
 

En los departamentos de Antioquia, Valle y Santander la participación disminuyó, en el caso “paisa” la reducción fue absoluta. En el Valle se presentó una tendencia creciente entre el 2000 y 2003 al pasar de 5.2% a 14.3%. En 2004 se redujo la participación al 11.7%.

Llegan las sospechas
Con tanta proliferación comenzaron a lanzarse las primeras advertencias por parte de los organismos del Estado. Una de ellas fue la circular N° 0067 de 2004, la cual hizo la distinción entre las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y las empresas de servicios temporales (EST). “Esta decisión obedece al hecho de que bajo la figura de trabajo asociado se vienen constituyendo una gran cantidad de cooperativas y precooperativas para desarrollar inapropiadamente su objeto social, ofreciendo actividades propias de las Empresas de Servicios Temporales o para operar como Agrupadoras en Salud”, indica la circular.

En el Ministerio de Protección Social se encuentra la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, liderada por Luz Stella Veira de Silva. Recientemente, con su equipo de trabajo, sancionó a 26 empresas del país por contratar con cooperativas que se prestaron para hacer intermediación laboral. 
 

“Desde hace tres años realizamos visitas por todo el país. En total, acumulamos 1067 visitas, le hicimos requerimientos a 1011, de las cuales investigamos a 961. La mayoría cumplieron con los requisitos, pero de las que incumplieron tuvimos que sancionar a 118 el año pasado”, indicó Veira.

En su concepto, ahora tiene un marco legal más específico para trabajar, gracias a la expedición del decreto 4588 de diciembre 27 de 2006. “Con este decreto se estableció lo que era competencia del Ministerio, ahora tenemos una herramienta mejor para hacer nuestra labor de control más eficiente”, señala Veira. 
 

Sin embargo, en la Superintendencia de Economía Solidaria piden más herramientas para hacer su labor de control. “El año pasado multamos a unas 250 cooperativas por prestarse a hacer intermediación laboral. Pero para ellas es muy fácil cancelar estas multas porque el “negocio” es muy bueno”, dice el superintendente Valderrama. En su opinión, el control debería ejercerse con la DIAN y la Procuraduría para llegar incluso, al cierre de las entidades que no están haciendo las cosas bien y que reincidan en la falta.

Tomar otro rumbo
El presidente del Departamento Nacional de Economía Solidaria, Rosemberg Pabón, cree que todavía se está a tiempo de corregir el camino tomado por algunas cooperativas del sector: “Se han producido algunas desviaciones, pero el Gobierno tiene toda la voluntad de corregirlas y por eso expidió el decreto que salió a fines del año pasado. Nosotros hemos recibido la orientación del presidente Uribe de ayudar, de buscar caminos que faciliten el trabajo serio sin perder los principios cooperativos de las CTA”, dijo el directivo.

Por su parte la directora de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, Clemencia Dupont, dice que este tema está en un proceso de maduración y que las mismas fallas se han detectado en otros países donde se ha aplicado el modelo. “No estamos de acuerdo con que las CTA sean usadas para practicar la flexibilización laboral. No se puede generalizar ni para el lado de los empresarios, ni para el de las cooperativas, porque de ambas partes hay gente que está haciendo las cosas bien. Creemos que aún hay tiempo para los que no están cumpliendo, de que se ajusten a las modelo, tomen conciencia y acaben con la intermediación”, afirma.

Según los dirigentes hay que actuar rápido para no condenar a un modelo que, está comprobado, puede dar trabajo a las personas, pero que hasta hoy ha sido utilizado en muchos casos, únicamente para dar empleo.

*Los nombres fueron cambiados.