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General retirado Eduardo Enrique Zapateiro.

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¡Alerta máxima!

Hoy, igual de preocupado que muchos colombianos por la situación gravísima que atraviesa el país, me pregunto: ¿dónde están todos los que, por obligación ciudadana, personal, moral, constitucional, tenemos que ser vigilantes de evitar que se atropelle la Constitución y la ley?

Redacción Semana
17 de noviembre de 2023

Como soldado de esta nación y ciudadano colombiano, estoy llamado a preservar el orden, la libertad y el respeto irrestricto a la Constitución, que es el juramento que hacemos todos los nacionales y los servidores públicos en las tres ramas del poder.

Por lo anterior, es importante poder dejar claro en esta columna que, mientras expresamos nuestras preocupaciones frente a decisiones sin límites, otros buscan debilitar al país. Se hace, entonces, necesario hacer un llamado a los distintos estamentos de la sociedad:

Al Ejecutivo: los ministros, los directores de departamento, todas las entidades del nivel central y descentralizado. En este orden de ideas, un especial llamado al Ministerio de Hacienda, de cuyas políticas dependen la confianza inversionista, la estabilidad económica, la tasa de cambio, en fin, todos aquellos factores macro de los cuales depende que los demás aspectos de la economía funcionen.

Al Ministerio de Salud, con nefasta reforma a la salud que pone en peligro la vida de millones de colombianos, al querer borrar con el codo lo que se ha construido y avanzado en 30 años de trabajo de diferentes gobiernos.

Al Ministerio de Trabajo, del cual la pretendida reforma laboral no solo no crea empleo ―palabras de la propia ministra―, sino que ha acelerado decisiones de los empresarios que ya se empiezan a reflejar en la economía; además, cuya reforma pensional (la cual es, sin duda, necesaria) genera una carga insoportable para las futuras generaciones, al tiempo que desincentiva el ahorro.

Al Ministerio de Comercio Exterior, que insiste en hacer una Revisión Comprehensiva del Acuerdo Comercial del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, desconociendo las consecuencias que ello conlleva para los exportadores colombianos. Recordemos que fue el presidente Gustavo Petro quien usó el término de “renegociar” el TLC con Estados Unidos, y posteriormente el ministro de Comercio salió a rectificarlo cambiando la palabra por “Revisión Comprehensiva”.

Al Ministerio de Minas, que ha sido exitoso en la anunciada meta de decrecer la economía, paralizando uno de los sectores más importantes para el país.

Al Ministerio de Defensa, que debe por fin asumir su liderazgo para conseguir la paz en el país, pero no entregando a los colombianos de bien, sino fortaleciendo las Fuerzas Militares y de Policía. Hoy, hasta se nos intimida proponiendo un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende incorporar en el Código Penal algo denominado “obstrucción a la paz”, desconociendo que quienes se armaron para dedicarse a fomentar la lucha armada para la toma del poder, sumando a su negocio las rentas ilícitas producto del narcotráfico y la minería ilegal, son los que han perturbado la tranquilidad y la paz de los colombianos por más de seis décadas.

Y se preguntarán: ¿quiénes son estos? Son con los que este “Gobierno” está negociando una ‘paz total’, de mentiras y que nos ha dejado ver a lo largo de estas “negociaciones” un sinnúmero de improvisaciones que solo nos desgastan y debilitan como Estado.

La reciente situación con el padre de nuestro futbolista Luis Díaz, víctima del secuestro por la estructura criminal del ELN, y por quien al parecer se pagó una suma considerable de dinero, nos deja una duda muy grande, la cual describiré en esta pregunta: ¿qué pasara con los otros colombianos secuestrados por estos bandidos con los que se negocia sin reglas claras, sin líneas rojas, sin ningún criterio de estricto cumplimiento? Es decir: ahora, pensar, opinar y exigir que no se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad será considerado como un ¡nuevo delito! Por Dios, ¿hasta dónde tanta perversidad?

Exijamos, colombianos, que se pongan en libertad todos los que se encuentren en esta situación y condición deplorable. Les pregunto, colombianos: ¿quiénes acompañarán a las familias de los que hoy viven la pesadilla del secuestro?, ¿quién dará el dinero para que estas estructuras criminales se sigan burlando del país?

Al momento, nadie le pone seriedad al tema, pero al no ponerle cuidado a este flagelo, solo estamos legitimando un delito de lesa humanidad dentro de unas negociaciones de paz… ¡Inaudito! Entonces, al ponente de este aberrante proyecto de ley, más bien le aconsejo que asuma con seriedad y responsabilidad su cargo en esas mesas donde están negociando y dejen de confundirnos más y no nos traten como estúpidos.

Un llamado al DPS, que tiene a su cargo una de las misiones más importantes frente a la población vulnerable del país, pero que debe trabajar para ello de manera articulada con todas las entidades de su sector (especialmente el ICBF) y medir su éxito en función del número de personas que superen la pobreza, no del número de personas que reciben subsidios (que seguramente cada vez van a ser más los necesitados si seguimos por la ruta actual).

Al DNP, que debe ser técnico y fijar posturas que llamen a la cordura a todos los anteriores.

Al Legislativo: corporación donde se congregan quienes son considerados los “padres y madres de la patria”, en cuyo seno se debaten las reformas, tiene la importante misión de representar a cada uno de sus votantes, tiene que leer al país y entender que las reformas pretendidas por el Gobierno no representan el querer de los colombianos. Tienen que seguir dando la pelea sin descanso para defender las instituciones, la salud, el empleo, la productividad, el futuro. En sus manos está generar las condiciones para que el país en el que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos sea viable.

Al Judicial y a los órganos de control: con el respeto que les profeso, a la Corte Constitucional en primer lugar, para que siga en su función de defender la Carta Magna y sea rigurosa en el análisis de los aspectos sometidos a su tutela. Al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, para que cada uno de ellos, desde sus competencias, propenda por la conservación del Estado de derecho.

A la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría de la República, para que no descuiden por un minuto cada una de las actuaciones de los funcionarios públicos y cuiden con ello lo que es más querido para los colombianos: el aparato estatal, el cual debe estar siempre al servicio de todos los colombianos y no de quienes ostentan de manera transitoria el poder.

A los empresarios, que sin lugar a duda cumplen un papel importantísimo en la construcción del país, generando empleo, progreso y mejores condiciones de vida para los ciudadanos, no decaigan, no pierdan la fe y, sobre todo, no dejen de lado lo que han construido en tantos años. Los necesitamos aquí para que Colombia siga siendo una nación próspera, sin ustedes no hay futuro.

Por último, a todos los colombianos, para que tomemos conciencia de nuestros deberes y trabajemos unidos por construir el país en el que queremos vivir. Por todo lo anterior, quiero decirles que trabajemos ¡unidos y convencidos!; que Colombia no quiere divisiones de ningún tipo; que hoy los colombianos no queremos saber de izquierda, ni de derecha, ni de centroderecha, ni centroizquierda; tampoco queremos saber que se nos gobierne con ideologías rancias traídas de países que hoy no han mostrado nada positivo.

Hoy me veo en la obligación de seguir sirviéndole a mi país con todo mi amor, como el primer día que jure defenderla, hasta ofrendar mi propia vida si llegara el caso.

Por eso, frente a este teclado seguiré plasmando mis pensamientos, los cuales, de manera responsable y con el único ánimo de construir país, expongo y discuto con amigos profesionales para que unidos por una sola causa continuemos trabajando por Colombia, por lo cual, ante todo lo que ocurre, hoy quiero enviar esta voz de ¡alerta máxima!

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