Las empresas que reciben recursos del cargo por confiabilidad asumen un compromiso concreto: respaldar la demanda eléctrica con energía firme cuando las condiciones del sistema lo exijan. Al Estado le corresponde verificar ese compromiso y actuar, con fundamento técnico, ante eventuales incumplimientos. La advertencia presidencial sobre las centrales térmicas merece, por tanto, seguimiento y resultados.
El contexto obliga a actuar. XM informó que durante los primeros 15 días de octubre de 2026 los aportes hídricos alcanzaron apenas el 60,46 % de la media histórica. Los embalses habían cerrado septiembre en el 76,24 % de su capacidad útil. Desde la activación del mecanismo de sostenimiento de la confiabilidad, la generación térmica promedió 82,8 GWh diarios, por debajo de los requerimientos reportados para ese periodo.
Conviene explicar qué pagamos. Creado en 2006, el cargo por confiabilidad remunera compromisos de energía firme destinados a atender la demanda en situaciones de escasez. En septiembre de 2026, según XM, la remuneración total del esquema fue de $ 449.202 millones y el CERE alcanzó $ 65,1 por kWh. El mecanismo comprende generadores hidráulicos y térmicos; esas cifras no corresponden exclusivamente a las termoeléctricas ni equivalen al cobro individual de cada factura.
Las plantas de gas, carbón y combustibles líquidos son indispensables cuando escasea el agua. TEBSA, Termoflores, Termocandelaria, Gecelca, Termotasajero, Termopaipa, Termovalle y Termoemcali integran ese respaldo. Su aporte permite atender demanda sin presionar tanto las reservas hidráulicas, siempre que las unidades dispongan de combustible y estén en condiciones de operar.
Los reportes operativos de octubre muestran indisponibilidades térmicas asociadas a fallas técnicas, restricciones de combustible y mantenimientos. Esas causas requieren seguimiento y planes de recuperación, pero no demuestran por sí mismas incumplimientos contractuales. Tampoco debe confundirse el mecanismo extraordinario de sostenimiento de la confiabilidad con la activación de las obligaciones de energía firme.
XM confirmó que en septiembre se registraron 17 periodos horarios de escasez, distribuidos en 11 días, durante los cuales se hicieron exigibles las obligaciones de energía firme. Este dato permite formular la pregunta pertinente: qué obligaciones correspondían a cada generador y cómo fueron atendidas. La verificación exige revisar el despacho ideal y las reglas de liquidación, no solo comparar la generación observada con un requerimiento agregado.
Pero las explicaciones técnicas no pueden convertirse en una excusa para la inacción. Es necesario identificar las unidades restringidas, publicar las causas, fijar plazos de recuperación y comprobar avances. El suministro de gas, la logística de combustibles alternativos y las condiciones regulatorias requieren soluciones coordinadas. Facilitar la operación no significa relevar a los generadores de sus responsabilidades.
Propongo una mesa técnica temporal, encabezada por el Ministerio de Minas y Energía, con XM, la CREG, los generadores y las autoridades competentes. Su trabajo debería traducirse en un tablero público de generación requerida y entregada, disponibilidad por central, restricciones de combustible y fechas de retorno al servicio. Las verificaciones y eventuales sanciones deben seguir los procedimientos establecidos, con respeto por el debido proceso.
Mientras avanzan los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento, Colombia necesita conservar un respaldo térmico confiable. La transición energética no elimina esa necesidad inmediata; exige planear cómo sustituirla progresivamente sin comprometer el suministro.
El llamado presidencial debe convertirse en gestión verificable. Los usuarios pagan por un mecanismo de respaldo y tienen derecho a saber si está listo cuando se necesita. La confiabilidad no se proclama: se demuestra.