En los años noventa, Colombia era considerada un “Estado fallido”. No poseía el monopolio de la fuerza, por lo cual no controlaba vastas extensiones del territorio. La guerrilla y el narcotráfico —y la guerrilla luego convertida en narcotráfico— competían por la soberanía con ese Estado. El homicidio de un candidato era noticia frecuente; el secuestro de un ciudadano, un evento casi rutinario.
Ello comenzó a revertirse con el Plan Colombia, iniciado en 1999. El país experimentó un proceso de reconstrucción institucional. Las Fuerzas Militares y policiales se profesionalizaron y fortalecieron. Los cultivos de coca se redujeron. Con ello se robusteció la autoridad estatal, aumentaron la seguridad y la capacidad de gobernar. Como resultado, disminuyó el accionar de los grupos armados.
En 2012, el gobierno de Santos comenzó negociaciones con las Farc en pos de un acuerdo de paz. Se llevaron a cabo en La Habana. No podía tratarse de un lugar propicio para una mediación neutral: Cuba había equipado, entrenado y financiado a las Farc y al ELN por décadas. Agréguese que los representantes de las Farc llegaban a La Habana en aviones facilitados por Hugo Chávez.
La escritura estaba en la pared. Como era de esperar, las Farc no renunciaron a la violencia y tampoco abandonaron el narcotráfico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito daba cuenta regularmente del crecimiento de la superficie ocupada por los cultivos de coca durante esos años. Mientras se negociaba el acuerdo, la superficie del cultivo de coca crecía, superando las 170 mil hectáreas en 2017. Entre 2013 y 2017, la superficie ocupada por el cultivo de coca creció el 45 %. Si el narcotráfico crece, la paz no es sostenible.
Si el modelo eran los Tupamaros, el FMLN y el IRA, grupos insurrectos que abandonaron la violencia para adoptar métodos exclusivamente políticos, ello nunca ocurrió con las Farc. En La Habana usaban el vocabulario de la paz y la reconciliación mientras continuaban con la voladura de torres de alta tensión y oleoductos, la contaminación de ríos y el reclutamiento de menores. La justicia transicional no está pensada para narcotraficantes; el crimen organizado no renuncia a la violencia.
El acuerdo se firmó en septiembre de 2016, pero fue rechazado en el plebiscito de octubre siguiente por un margen del 0,4 %. No fue una total sorpresa: el resultado reflejaba una sociedad dividida. Las encuestas previas mostraban que la amplia mayoría quería paz, pero pocos tenían esperanza de que el proceso llegara a buen puerto. El gobierno, por su parte, profundizó dicha división reduciendo el acuerdo a una mera contienda electoral entre quien buscaba la paz, el sí, y quien deseaba la guerra, el no. Desafortunadamente, con ello se perdió una oportunidad, pues los acuerdos de paz con grupos irregulares siempre deben estar basados en consensos amplios. Son equivalentes a actos constitucionales, de construcción estatal, nunca el producto de una, por definición transitoria y siempre ajustada, mayoría electoral, que ni siquiera existió.
Eventualmente, el acuerdo fue revisado y refrendado por el Congreso en noviembre, pero con su legitimidad empañada y un país partido por la mitad. Las Farc siempre lucharon, o eso dicen, con el objetivo de eliminar a una élite política que controla las instituciones de un Estado opresor. Fracasadas militarmente y desacreditadas ante la sociedad, es paradójico que se acercaran a ello sentados alrededor de una mesa conversando sobre la paz. Pues el acuerdo resultó en una intensa polarización y fragmentación de dicha élite.
El proceso en cuestión también dejó como legado una pesada carga fiscal para el siguiente gobierno. Estimaciones de los compromisos asumidos por el acuerdo con relación a una reforma rural integral habrían representado un costo fiscal de 0,7 % anual del PBI durante 15 años. Estos programas no solo implicaron una onerosa deuda, sino que también generaron incertidumbre en cuanto al manejo futuro de las cuentas públicas. Dicho legado esperaba a Duque al llegar a la Presidencia en 2018.
Estas dificultades se agudizaron durante el gobierno de Petro, dejando una herencia de violencia. Ello se ve en el fracaso de su política de seguridad, la llamada “Paz Total”. No fue un buen augurio que, en el sexto día de su gobierno, Petro dispusiera pasar a retiro a 52 generales, todos con amplia experiencia en la lucha contra el crimen. Fue un mensaje de debilidad desde el mismo comienzo: paz por medio de la capitulación, de la abstención o de la abdicación.
Los grupos armados leyeron bien el mensaje. Mientras negociaban los diferentes ceses al fuego, avanzaron en sus territorios, se rearmaron y expandieron el reclutamiento. Pero, como también se fragmentaron, las diferentes facciones se enfrentaron en la disputa por el control de las rutas comerciales de la cocaína y otros ilícitos. Esa fue la “Guerra del Catatumbo” de enero de 2025, por ejemplo, un enfrentamiento entre bandas que se cobró 56 vidas y desplazó a más de 54.000 personas.
Un mapa de la presencia de grupos armados en el territorio colombiano ilustra el punto. El Clan del Golfo pasó de operar en 255 municipios en 2022 a hacerlo en 468 hacia 2026. Las disidencias de las Farc pasaron de tener presencia en 233 municipios en 2022 a expandirse a 265 municipios. El ELN pasó de 189 municipios en 2022 a 260 municipios en 2026. Si no se trata de un Estado fallido, se le parece.
Petro y su gobierno descuidaron la seguridad. Detrás de un lenguaje pseudoprogresista, ignoran que la primera obligación de un Estado es el mantenimiento del orden público y la protección de la ciudadanía, ya sea ante amenazas externas o internas. Desconocen que la seguridad es un bien público y es socialmente redistributiva. A diferencia de los grupos de altos ingresos, los sectores humildes no pueden acceder a la seguridad privada. Por ello, son las principales víctimas de la criminalidad; esta les impide ir a trabajar, a estudiar o a cuidar a un familiar enfermo.
El gobierno de Petro ha significado una regresión en términos de estatalidad. La tarea del gobierno entrante es revertir esa tendencia y emprender una ambiciosa reconstrucción de ese Estado; el verdadero milagro sería lograrlo en cuatro años. No obstante, como con el Plan Colombia, el país debe volver a empezar.