La elección presidencial dejó un país partido por la mitad, un presidente electo combativo con una ajustada mayoría y un presidente saliente nostálgicamente insurgente que no acepta su derrota. El escenario es, en una palabra, explosivo.
Resultado electoral: la victoria de Abelardo De La Espriella —49,6 % frente al 48,7 % de Iván Cepeda, una diferencia de menos de un punto porcentual— no fue una celebración, sino un corte profundo en el tejido social.
Fraude sin pruebas: el mandatario saliente, Gustavo Petro, desconoce los resultados y alimenta una narrativa de fraude sin pruebas. Su demanda de nulidad electoral admite, de puertas para adentro, lo que niega en público: no hay evidencias.
Candidato derrotado: de otro lado, Iván Cepeda —quien inicialmente reconoció la derrota— deja el liderazgo de la oposición ante la irregular participación política del presidente saliente y ahora simplemente se limita a convocar manifestaciones pacíficas, en una oposición que se perfila beligerante.
Congreso sin mayorías: el Pacto Histórico, con 25 senadores y 42 representantes, es la primera fuerza en el Congreso, pero está lejos de la mayoría absoluta. Ningún bloque alcanza los 52 escaños del Senado o los 92 de la Cámara.
Aprobar el programa de gobierno exigirá negociar cada proyecto en un tablero atomizado, donde los partidos tienen una representación proporcional diversa:
De La Espriella distante: De La Espriella, por su parte, ha marcado distancia no solo de Uribe, sino también de Juan Manuel Santos —a quien culpa del “daño” del proceso de paz— y de Ernesto Samper. Se desprende así de sus posibles aliados y queda, paradójicamente, más solo de lo que parece. El Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, lo apoyó en segunda vuelta para evitar otro gobierno del Pacto Histórico, pero la alianza es incómoda. Uribe ya descartó “bajar la guardia” ante el nuevo partido del presidente electo, Defensores de la Patria, y apuesta por fortalecer su propia estructura.
Revolución híbrida: Petro, antiguo guerrillero del M-19, no necesita regresar a las armas para desestabilizar al Gobierno. Desde la oposición, utilizará su discurso provocador —llamando a la desobediencia civil y desconociendo la legitimidad electoral—, emprenderá acciones judiciales y apelará veladamente a los aliados que heredó de su fallida Paz Total: las economías ilícitas, los grupos armados que nunca se desmovilizaron y las redes clientelistas tejidas en los territorios de frontera.
No es una revolución de tanquetas, sino de bloqueos de carreteras, de paros armados, de presión institucional desde las gobernaciones y alcaldías del Pacto Histórico. La revolución insurgente inconclusa, que no le sirvió llegar a la Casa de Nariño, se mantendrá en las plazas con el control de las calles y los corredores ilegales.
Factor externo: Donald Trump sancionó a Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro Benedetti mediante la OFAC, acusándolos de facilitar el narcotráfico. De la Espriella, alineado con el trumpismo, llega con el respaldo de Washington.
Campo de batalla: El riesgo es que el país se convierta en un campo de batalla híbrido donde la polarización no se resuelve en las urnas, sino en las calles, en los tribunales y en los territorios dominados por los grupos armados ilegales.
Presidencia y calle: De La Espriella tiene la Presidencia, pero no el país. Petro tiene la calle, pero no el poder. Y, en medio, la ciudadanía exhausta ve cómo sus instituciones se desgastan en rivalidades partidistas, lejos de la armonía y la reconciliación.
El 7 de agosto es apenas el principio de una crisis que nadie sabe cómo terminará.
Cita de la semana: “Lo que permanece vigente de Bolívar es su proyecto mesiánico de una república disciplinada y virtuosa para Colombia y los colombianos”. Hernando Valencia Villa, Cartas de batalla (1987).