El Gobierno de Gustavo Petro resultó deficiente en la mayoría de sus indicadores técnicos, pero para amplios sectores populares esta crítica es solo la visión de las élites económicas y académicas, ajena a su realidad cotidiana.
La gestión se resume en una marcada ineficacia administrativa: un gabinete inestable, con 54 ministros, y una ejecución presupuestal que, en sectores críticos, mostró retrasos significativos. Pese a la inexperiencia del equipo —admitida incluso por el mandatario al sentirse defraudado por sus propios nombramientos—, se otorgó a los colombianos más vulnerables un alivio temporal frente a la pobreza que no debe desestimarse.
Las transferencias monetarias directas adquirieron una relevancia mayor frente a los subsidios tradicionales a la vivienda de interés social (VIS) o los créditos condonables para estudiantes. Estas ayudas, sumadas al incremento real del salario mínimo en 2026 —que cuadruplicó la inflación proyectada—, no solo consolidaron la popularidad presidencial, sino que mitigaron el costo de vida para millones de familias.
Si bien la expansión burocrática fue ineficiente y gravosa para el erario, aquellos ciudadanos que accedieron por primera vez a empleos en el aparato estatal mantendrán una lealtad política hacia la izquierda durante décadas.
A pesar de estos resultados, lo grave del mandato fue la institucionalización de una retórica de confrontación social. Se impuso la idea de que el éxito empresarial no deriva de la creación de valor o empleo, sino del despojo de los pobres. Esta narrativa ofrece una ventaja psicológica: exime de responsabilidad individual a quienes enfrentan precariedad, situando el origen de sus carencias exclusivamente en una supuesta explotación por parte de quienes han logrado prosperar legalmente.
Además, la ambigua relación con grupos armados bajo políticas de diálogo fue interpretada por muchos bajo la lógica de que ‘el enemigo de mi enemigo es mi amigo’. Sectores radicalizados vieron en los victimarios la personificación de una supuesta lucha contra la oligarquía, erosionando el respeto por el Estado de derecho y la meritocracia.
Esta es la nación que recibe Abelardo De La Espriella: un país con esperanzas renovadas, pero financieramente frágil. Colombia corre el riesgo de un estallido si las expectativas financiadas con deuda pública y un déficit fiscal creciente no encuentran sostenibilidad. Resulta urgente desmentir la premisa errónea de que solo la izquierda protege al desvalido, mientras la derecha busca explotarlo.
Ante la ofensiva narrativa de figuras como Iván Cepeda, el nuevo gobierno debe actuar con sofisticación estratégica. No basta con cerrar brechas de desigualdad de forma más técnica que su antecesor; también requiere una comunicación política rigurosa en canales digitales y tradicionales. La meta es demostrar que el bienestar no solo es viable, sino que depende de la libertad económica, contrarrestando el discurso irascible que pretende monopolizar la justicia social bajo la égida de un Estado que ha demostrado, históricamente y a nivel mundial, su incapacidad para generar desarrollo sostenible.