Corcho es la tapa

Supongamos que son ciertas todas las críticas de la ministra Carolina Corcho al actual sistema de salud. Pero sus propuestas de cambio están basadas en ingenuidades. Desaparecen las EPS como entidades que reciben las cotizaciones de los afiliados. Los que hoy pagamos a Sura, Sanitas, Nueva EPS, etc., le pagaremos la cuota mensual a la Adres, un fondo del Ministerio de Salud, pero no cambia la atención médica, según la ministra. Sus palabras: “Lo que va a cambiar aquí es que va a haberuna administración pública de los recursos públicos. Va a ser más transparente. Los funcionarios de la Adres son funcionarios públicos disciplinables y perseguibles penalmente”. La ministra parece que considera a los colombianos tarados, gilipollas y estúpidos. Los funcionarios públicos que ya tenemos en todas las órbitas de la administración son disciplinables por la Procuraduría y perseguibles penalmente por la Fiscalía y la justicia penal, pero eso no ha hecho mella en la corrupción. Plantear la disciplinabilidad y la perseguibilidad como un gran avance es un insulto que la ministra lanza contra sus propios recursos intelectivos. El experimento de nombrar un funcionario público para manejar los recursos públicos de la salud ya se hizo y nos dejó grandes experiencias carcelarias. Fue director de la Dian, donde manejaba todos los recursos públicos, y fue presidente del Instituto de Seguros Sociales, donde manejaba todos los recursos públicos de la salud. Fue disciplinado por la Procuraduría, que lo destituyó y lo inhabilitó por 12 años, y fue perseguido penalmente y condenado. Se llama Guillermo Fino Serrano. La ministra quiere volver al pasado. Con presidente de izquierda o de derecha, los asaltantes del tesoro público roban igual. Si la ministra abre más frentes de trabajo, ellos estarán muy agradecidos. Y qué dirá la ministra de Eva Katherine Carrascal Cantillo, superintendente delegada para la supervisión institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, un cargo bastante más alto que los que van a ocupar los burócratas de la Adres, a los cuales pagaremos la cuota mensual de la EPS. Fue condenada en 2022 a más de seis años de prisión por vender información a las EPS. Recibió dádivas por 700 millones de pesos, con los cuales compró un apartamento en el norte de Bogotá, según la Fiscalía. El verdadero efecto de la reforma Corcho será que más funcionarios del Ministerio de Salud podrán comprar apartamento en el norte, en el occidente y en el sur de Bogotá. Están frotándose las manos los vendedores de finca raíz. ¿Sabe la ministra por qué la declaración de renta se paga en los bancos y no en las oficinas de la Dian? Porque cuando se pagaban los impuestos en la Dian sus empleados se robaban la plata. Pero los de la Adres son disciplinables.

Otra ingenuidad es la recuperación del Consejo Nacional de Seguridad Social porque “el sistema tiene que ser legítimo, cercano a la gente, y ese consejo nacional va a ser también departamental y municipal, cosa tal que la propia gente controle el sistema. Ese consejo departamental puede llamar al director de la Adres, venga, señores, qué pasó aquí que le están como que girando mucha plata a esta clínica, venga, miremos. Hay un control social porque se recupera la administración pública de los recursos públicos, las transacciones van a ser conocidas por el país, y se supera eso que se denomina la intermediación financiera, que es una administración privada de recursos públicos de todos los colombianos para el cuidado de la vida”. ¡Cuántas necedades logra comprimir la ministra! La gente no va a poder controlar el sistema de salud de la misma forma que no ha podido controlar a las bandas de delincuentes que se apoderaron de las gobernaciones desde cuando hace 30 años se implantó la elección popular de gobernadores, porque supuestamente el gasto público debería hacerse en cada sección del país según las necesidades locales. Dice Corcho que las transacciones van a ser conocidas por el país. Sí, tenemos el Secop, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, pero eso no ha impedido que defraudadores ya conocidos como Emilio Tapia vuelvan a ganarse contratos del Gobierno falsificando aun las garantías del banco. Cuando la ministra habla de la administración privada de recursos públicos de todos los colombianos, hay que precisar que las EPS se nutren de las cotizaciones de los particulares. Luego le ponen la etiqueta de recursos públicos a platas que pagamos todos los afiliados a la EPS, pero no son dineros oficiales. No los gira el Gobierno a las EPS. Los afiliados pagan su propia salud. A los pensionados, por ejemplo, les quitan un 12 por ciento de su pensión para la EPS todos los meses. El Estado no nos regala nada, pero sí quiere fomentar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios de la Adres.