Cuestiones helénicas

Hace ya más de cuarenta años, el presidente Betancur afirmó que la violencia en Colombia tiene causas objetivas para denotar que había un trasfondo de justicia en las acciones armadas que distintos grupos realizaban. Para entonces existían conflictos de tierras no resueltos con sectores campesinos —origen de las Farc— y prosperaban otras guerrillas, entre ellas el ELN, en el contexto de la Guerra Fría y del apoyo de Cuba a quienes quisieran expandir su modelo revolucionario por América Latina.

Al abrirles el camino a la negociación política, Betancur aceptó que, si bien esos revolucionarios cometían crímenes horrendos, lo hacían por una buena causa, motivo suficiente para tratarlos con benevolencia. Esa fue una postura que los países “civilizados”, tan amigos de la paz en Colombia, rechazarían de plano en sus propios países, pero que encontraban aceptable en otro tan primitivo como el nuestro. Su iniciativa fracasó estruendosamente. Aunque inspirado en nobles ideales, Belisario carecía de sentido estratégico y de un equipo adecuado para afrontar un reto de singular complejidad. La buena voluntad no basta, como lo aprendió Andrés Pastrana con su fallido despeje del Caguán.

Belisario no tuvo en cuenta, de otro lado, que esos grupos, tan empecinados en transformar la sociedad a sangre y fuego, ya habían entrado en el negocio de las drogas ilícitas, actividad que con el correr de los años no ha dejado de crecer y que está complementada con el portafolio de otros negocios ilegales: minería, extorsión, deforestación, coltán y saqueo de los fiscos territoriales.

A pesar de esta realidad evidente y creciente, el país, caso único en esta región del mundo, en vez de afrontar el problema de una actividad delincuencial desbordada, siguió creyendo en la teoría del “conflicto armado interno”, un fenómeno de naturaleza política. No es ahora popular decirlo, pero Álvaro Uribe, con amplísimo respaldo nacional, decidió enfrentar a los violentos sin concederles importancia a sus discursos políticos. Santos, en el turno siguiente, negoció con las Farc tratándolas como adalides del cambio social, probablemente no por convicción, sino por pragmatismo. Carece de estética negociar con meros bandidos.

Ese acuerdo nos fue presentado como la garantía de una “paz estable y duradera”. Ilusionados con esa expectativa, algunos pocos de sus adversarios, pese a que no creíamos en la perorata fariana, cambiamos de bando. Aunque ciertas concesiones nos parecieron excesivas, consideramos que la desmovilización, así no fuera completa, era un logro valioso; que el cambio social por medios violentos quedaría, en adelante, huérfano de respaldo político, y que el contenido del compromiso con las Farc implicaba, entre otros aspectos positivos, una agenda de modernización del campo, costosa y difícil de implementar, pero razonable en muchos aspectos. La irrelevancia política de las Farc quedó en evidencia después de que se desmovilizaron. Sus líderes carecen de propuestas y de militantes. Están a la espera de que algún día la JEP les imponga las llamadas “penas restaurativas” por los delitos que han confesado.

El gobierno Santos no ahorró esfuerzos para incorporar en su proyecto de paz al ELN, a sabiendas de que esa organización jamás ha cedido un ápice en su utópica pretensión de que se disuelva el Estado para que la sociedad civil, sin ataduras de ningún orden, proceda a su refundación; y de que está contaminado hasta los tuétanos de turbios negocios. El atentado terrorista contra una escuela de formación policial, ocurrido en enero de 2019, clausuró cualquier posibilidad de negociación con la administración Duque.

Con estos antecedentes, cabía suponer que el gobierno actual le daría prioridad a la implementación del acuerdo con las Farc y a tratar de frenar los asesinatos selectivos en ciertas zonas rurales. Se esperaba también que no reabriría negociaciones con los elenos sin verificar previamente tres cuestiones fundamentales: la posibilidad de lograr acuerdos sustantivos; la existencia de unidad de mando, cuestión fundamental para negociar con una estructura armada de carácter federal, y la garantía, plena y creíble, de que no se cometerían nuevos actos terroristas.

Petro no tuvo en cuenta estas precauciones e instaló con evidente precipitud una mesa formal, añadiendo que esas conversaciones generarían resultados positivos en pocos meses. Perdió así, de un plumazo, la ventaja estratégica: ya no es un presidente generoso que tiende la mano, es un gobernante acosado por la necesidad de entregar resultados positivos. Para colmo, en vez de disponer que las negociaciones comenzaran por la búsqueda de posibles puntos de acuerdo, optó por un cese al fuego multilateral entre todos los actores armados que luchan por el control en ciertos territorios.

Esa propuesta carece de viabilidad por una razón elemental: esos otros protagonistas no son parte de la negociación, no obstante lo cual decretó un cese bilateral que la contraparte elenica no había aceptado. Para corregir esa equivocación, en la actualidad se discute la posibilidad de pactarlo. Si así llegare a suceder, como no existe la capacidad de verificar su cumplimiento en el vasto territorio en el que opera el ELN, se materializaría un riesgo grave: que, en realidad, el único actor que dejaría de usar las armas sería… la Fuerza Pública.

De hecho, eso parece ser lo que está sucediendo. El asesinato de un policía y el secuestro de más de sesenta uniformados por una banda delincuencial no podría haber sucedido sin una orden, expresa o tácita, del Alto Mando para que nuestros policías se rindieran ante el asedio criminal. No se trata, como lo dijo Petro, de que unas “comunidades” hubieran “retenido” a unos servidores públicos. No, presidente. Hubo delitos de homicidio, asonada y secuestro, y son delincuentes quienes los cometieron. Eso, al menos, dice el Código Penal.

Mucho le serviría al gobierno repasar la historia del proceso con las Farc, que fue exitoso en muchas dimensiones, para avanzar hacia un acuerdo de paz. Si ese fuera de veras el objetivo y no, como parece, claudicar ante los violentos para hacer emerger algo que denominan “justicia”. Los dolorosos episodios de esta semana exigen una amplia deliberación colectiva y rendición de cuentas ante el parlamento.

Briznas poéticas. José Emilio Pacheco, cumbre de la poesía hispanoamericana: “Partir, extraño verbo con dos puntas hirientes, / lanzas que afilan la separación, la desesperada tarea de desunir el desenlace. / Partir: deshacer un todo en partes iguales o desiguales. / Marcharse, irse, decir adiós, empezar de nuevo, / otra vez como náufrago, como lombriz en pedazos”