Defender a Santos

Como absurda e improcedente se puede calificar la decisión del juez ecuatoriano que pretende judicializar al ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por haber estado al frente de la operación militar que produjo la muerte de 'Raúl Reyes' en territorio de ese país. Para Colombia, la legitimidad de esta operación está indisolublemente ligada al carácter de inimputable del ex ministro Santos. Por esta razón, la defensa de Santos debe ser una causa nacional.

En efecto, los juristas han abundado en argumentos que demuestran que por haber sido dicha operación militar una acción del Estado colombiano, por ella misma no se pueden abrir causas penales ni de ningún orden a quienes como funcionarios del Estado participaron en su concepción, planeación o ejecución. En este sentido, son tan intocables el presidente Uribe como su ministro Santos, y hasta el último de los soldados colombianos que participaron en forma directa o indirecta en esa exitosa operación. Si alguien quisiera iniciar un proceso judicial en relación con esta operación, tendría que hacerlo en contra del Estado colombiano y ante un tribunal internacional habilitado para tal efecto.

Descartada entonces la responsabilidad individual, llegamos nuevamente a la cuestión de fondo: la legitimidad de la acción militar del Estado colombiano contra el campamento permanente que 'Raúl Reyes' como jefe guerrillero tenía establecido en Ecuador. Esta fue una acción lícita de legítima defensa ante la agresión ilegítima que significaba el hecho de que las autoridades ecuatorianas permitieran la existencia en su territorio de un campamento perteneciente a un grupo guerrillero que permanentemente atenta contra la sociedad y contra el Estado colombiano.

La legítima defensa es una figura muy antigua en el derecho penal y es un principio reconocido en el derecho internacional, avalado incluso por Naciones Unidas. Este principio busca proteger un bien jurídico que ha sido puesto en peligro por una agresión ilegítima. En el caso de la Operación 'Fénix', se trataba de proteger la seguridad nacional de Colombia frente a la existencia de un campamento permanente de las Farc en Ecuador. Así, la legítima defensa, cuando está justificada, no puede ser antijurídica. El artículo 51 de la Carta de la ONU así lo establece al afirmar que "ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas". Y el artículo 22 de la Carta de la OEA llama a sus miembros a no utilizar la fuerza, "salvo en los casos de legítima defensa".

Con estos argumentos, la Operación 'Fénix' es defensable en cualquier escenario político o judicial, en Colombia y en el resto del mundo. Lo ilegal no es atacar al terrorismo, sino albergarlo y protegerlo, como lo establece la ONU en su Resolución 1373 de 2001. En la reivindicación de la legitimidad de esa operación los colombianos debemos tener una sola voz, a pesar de nuestras diferencias internas. Es la defensa de nuestra seguridad colectiva frente a la amenaza común del terrorismo. En estas circunstancias, todos los colombianos, sin distingos de ningún tipo, debemos estar en la primera línea de defensa de nuestra seguridad y nuestra democracia. En procura de este objetivo, bien ha obrado el gobierno colombiano al crear un equipo de alto nivel para defender a los servidores públicos que de manera injusta se pretende judicializar por el "terrorismo jurídico", sólo por cumplir de manera legítima y legal su deber de luchar contra las múltiples expresiones de la amenaza terrorista.

De otra parte, cabría esperar que la actitud del juez de Sucumbíos no represente la postura del gobierno ecuatoriano. Los colombianos esperamos que de una vez por todas se pase la página de este incidente con Ecuador, luego de que los hechos tozudos han ido desvirtuando una a una las condiciones que el presidente Correa exige para normalizar las relaciones bilaterales, entre las que se cuenta, por ejemplo, que el gobierno colombiano desista de su afirmación según la cual algunos funcionarios ecuatorianos tuvieron relaciones con las Farc. La misma Fiscalía ecuatoriana ha demostrado que este señalamiento es cierto. Pero la condición continúa ahí, inamovible.

Y ahora el presidente Correa, que si tuviera verdadera voluntad de normalizar las relaciones con Colombia habría al menos lamentado la decisión del juez ecuatoriano, ha optado por lavarse las manos y por boca de sus voceros parece avalar esa estrambótica decisión. Así las cosas, la defensa de Santos se convierte para los colombianos en un asunto de dignidad y de soberanía nacional.