Dialogar para construir consensos: ¿Una función del Ministerio Público?

La máxima institucional ‘diálogos para construir consensos’, adoptada por la Procuraduría General de la Nación, expresa una disposición activa para fortalecer la relación entre la institucionalidad y la ciudadanía; mediante esta orientación, el Ministerio Público promueve espacios de participación que permiten recoger necesidades colectivas, facilitar el análisis jurídico e incorporar las expectativas sociales en el desarrollo de sus funciones; este enfoque constituye una forma operativa de materializar la defensa de los intereses de la sociedad, entendidos como aquellos derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución y la ley.

En este marco, la función de intervenir en procesos judiciales y administrativos adquiere mayor sentido cuando se articula con esta lógica de apertura institucional; por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución Política, la Procuraduría actúa para garantizar el respeto por la legalidad, la vigencia del orden normativo y la protección de los principios estructurales del Estado social y democrático de derecho; esta atribución no supone asumir una representación de parte ni sustituir la función jurisdiccional, sino que se ejerce con autonomía, fundamento técnico y criterio jurídico, en defensa del interés general y del orden constitucional; así, el diálogo no sólo fortalece la legitimidad democrática del Ministerio Público, sino que permite proyectar su función constitucional con mayor cercanía institucional.

Desde esta aproximación, los diálogos para construir consensos permiten que la Procuraduría General de la Nación despliegue su función constitucional con mayor proximidad a la ciudadanía; no se trata únicamente de una técnica de interlocución, sino de un mecanismo que habilita la construcción normativa de soluciones jurídicas, recogiendo demandas sociales desde los territorios, canalizándolas institucionalmente y formulando intervenciones orientadas a la protección efectiva del interés general. En consecuencia, el acercamiento a la ciudadanía se convierte en una condición operativa para el cumplimiento sustantivo de la función de defender los intereses de la sociedad.

En este sentido, el fortalecimiento de la relación entre el Ministerio Público y la ciudadanía, a través de una política institucional basada en el diálogo, permite comprender que la defensa de los intereses de la sociedad no se agota en la intervención judicial ni en el control preventivo, sino que incorpora una dimensión participativa, territorializada y deliberativa; dicha dimensión no altera la naturaleza jurídica de las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación, pero sí amplía su capacidad de respuesta frente a nuevas conflictividades sociales, fortaleciendo la legitimidad institucional mediante procesos de escucha que, al ser jurídicamente orientados, contribuyen a articular la acción del Estado con las necesidades constitucionalmente relevantes de la población.