El debate postergado

Hablar de limitaciones presupuestales de Ecopetrol o de problemas de seguridad debidos al conflicto interno del país, para de alguna manera argumentar los pobres resultados de la actividad exploratoria en los últimos años, sería incurrir en un enfoque fragmentado e incompleto de lo que ha sido el manejo de la política exploratoria en Colombia. Si bien es cierto Ecopetrol ha contado con los recursos que ha demandado anualmente para el desarrollo de dicha actividad, también es preocupante su falta de gestión en la ejecución presupuestal, tal como lo manifiesta la Contraloría General de la Nación en su último informe, situación que deja entrever no sólo serios problemas de planeación sino también la ausencia de un portafolio eficiente de proyectos.

En esta lógica, no es desacertado afirmar a propósito de los planes exploratorios de Ecopetrol, su falta de coherencia ante el inminente desabastecimiento de hidrocarburos hacia el año 2005. La estructuración de los planes y la demanda de recursos se queda corta ante dicha realidad. El costo de encontrar un barril de petróleo en Colombia se ha estimado en 1,6 dólares, lo cual traducido a las expectativas del gobierno de encontrar 1.000 millones de barriles en los próximos cuatro años, significa una inversión del orden de los 1.600 millones de dólares sólo en exploración, sin incluir una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares para el desarrollo de dichas reservas. En este escenario es importante preguntarnos cuáles serían las obligaciones de Ecopetrol en materia de inversión y cuál la contribución privada. La respuesta a esta pregunta indudablemente toca con aspectos de política petrolera y fiscal cuya incidencia merecen un análisis cuidadoso, no obstante, luego de más de tres lustros de ser autosuficientes y poseer excedentes exportables es conveniente referirse a algunos determinantes que han influenciado negativamente la actividad exploratoria en el país. Los más aceptados y que no necesitan mucha explicación, además de obvios, por tratarse de factores exógenos a la actividad, se refieren al conflicto armado y a los licenciamientos ambientales. La rigidez en materia de normatividad ambiental y la compleja tramitación de las licencias ambientales como requisito para el desarrollo de las actividades propias de la exploración petrolera han constituido en cierta forma un inconveniente que afecta con frecuencia los planes y por supuesto los costos exploratorios. La alternativa es hacer más flexible la norma y eficiente la tramitación lo cual no es contradictorio con el control que debe ejercer el Estado ni permisivos con acciones dañinas para el ambiente y que son comunes en esta actividad. En general, aquí se ha generado un factor que ha contribuido a retrasar la actividad exploratoria nacional. Ahí no hay discusión. Pero, atribuirle el problema del desabastecimiento a esta situación es buscar la fiebre en las sabanas. Ahora, los costos debidos al conflicto armado sobre todo en lo atinente a la reparación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura petrolera ascienden ya a cientos de millones de dólares, sin embargo un análisis juicioso sobre el nivel de correlación entre la intensidad del conflicto armado con las inversiones en exploración y los cambios en materia de política petrolera aún no ha sido realizado.

Es evidente y nadie puede negar que la intensidad actual del conflicto armado colombiano ha tenido incidencia sobre toda la actividad productiva nacional, en consecuencia al hacer una retrospectiva y comparar esta coyuntura con la década de los 80 sobre todo en lo pertinente al conflicto político y a la violencia generada por el narcotráfico, se puede intuir la existencia de una débil dependencia entre conflicto armado y exploración petrolera. Durante los años 80 se registraron los niveles más altos en la actividad exploratoria del país con extraordinarios resultados, explicados incuestionablemente por la solidez de la política petrolera, sobre todo en materia de contratación.

No obstante, en la última década la política petrolera del país ha sido errática sin expresar evidentemente las expectativas del país en cuanto a la exploración y la producción de hidrocarburos, así mismo ha sido débil en su esfuerzo por integrar todos los eslabones de la cadena productiva, es decir el transporte, la refinación y la comercialización. En otras palabras, ha faltado un proyecto nacional alrededor del tema energético y específicamente en materia de hidrocarburos. En efecto en la última década se introdujeron numerosos cambios en el esquema contractual, que si bien es cierto estaban orientados a mejorar la participación de los inversionistas privados, incidieron de manera negativa en la actividad exploratoria como consecuencia de la inestabilidad en la política. Por otro lado las expectativas generadas alrededor del cambio en el régimen de regalías obligaron a las compañías a esperar por condiciones más favorables al momento de firmar un nuevo contrato. No hay que olvidar que la actividad que condujo a los grandes hallazgos de Caño Limón y Cusiana se hizo bajo un esquema contractual que fue el mismo por más de tres lustros desde su creación.

De otro lado, Ecopetrol realizó un drástico giro en su actividad exploratoria interesante de analizar. De la década del 80, cuando desarrolló una vigorosa actividad exploratoria, pasó a otra década en los 90 a una posición más reflexiva y conservadora. Es decir, si se estableciera una diferencia entre las dos décadas, se puede expresar en los siguientes términos: en los años 80, se era más pragmático, hallar reservas sugería la materialización de los proyectos a través de una perforación exploratoria, esa era la guía para la acción y, se puede decir con orgullo que Ecopetrol fue exitoso. En los 90, la conceptualizacion y el conocimiento geológico de nuestras cuencas constituyó el eje alrededor del cual giró la estrategia exploratoria de Ecopetrol. Aunque este procedimiento es acertado y lógico, hay que señalar que la tarea quedó a mitad de camino ya que la actividad de perforación se redujó considerablemente, llegando a niveles alarmantes. (¡Ningún pozo de operación directa en el año 97!). El resultado de esta estrategia es peculiar y por supuesto preocupante, pues se incrementó el potencial petrolífero del país, pero no obtuvimos materialmente ni una gota de aceite de reservas. Esta situación sólo genera inquietudes ante los resultados de Ecopetrol y la proximidad de vernos abocados a importar hidrocarburos con las trágicas consecuencias fiscales para el país.

Es evidente que si el conflicto armado y las licencias ambientales son la causa de los bajos niveles de exploración, el país puede ir buscando su mejor proveedor de petróleo, por una razón simple, es de manejo gubernamental el tema ambiental, mas no así el tema del conflicto armado, donde el Estado es sólo uno de los actores en una situación donde no existe ni la voluntad ni la disposición hacia una solución dialogada del mismo. Por el contrario, los recursos que vía impuestos se destinarán a la seguridad, posiblemente escalen el conflicto generando aún más incertidumbre al capital privado. Ahora, si hacemos abstracción de estos dos factores, nos encontramos con que ni Ecopetrol ni las compañías asociadas cuentan con proyectos generosos en volúmenes de reservas que apunten a resolver el problema del autoabastecimiento. Identificar los bajos niveles de exploración petrolera en Colombia con problemas de política o de estructura en el contrato de Asociación es contradictorio debido a la amplia sucesión de alternativas ventajosas para el inversionista privado que ofrece el contrato de asociación colombiano. Tal vez, sería importante para Ecopetrol hacer una profunda reflexión sobre su propia gestión y de qué manera sus resultados de alguna manera se han convertido en el elemento que ha justificado y avalado los cambios sistemáticos en materia de política petrolera. Ante un escenario tan complejo, es importante que Ecopetrol desarrolle una estrategia integral que fortalezca su actividad directa con resultados que generen expectativas en el sector privado e incentive alternativamente a los inversionistas privados a través de una acertada promoción de proyectos de exploración. En materia contratación se debe proyectar una imagen de estabilidad que transmita tranquilidad al inversionista .

*Ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Medellín, máster en estudios políticos de la Universidad Javeriana y miembro permanente del comité energético de la Asociación de Geólogos de la Universidad Nacional (Agunal).