El departamento del Cauca, en la vorágine

Las maravillosas tierras del departamento del Cauca cubren una superficie de 29.308 km², en los cuales 42 municipios tratan de surgir a través de una historia de conflictos. Su economía aporta al presupuesto de la nación algo más del 1,82 % del PIB, según reporta el Dane, la cual se desarrolla en su gran mayoría en las tierras bajas y en la media montaña del departamento enmarcadas entre las cordilleras central y occidental; lo anterior contrasta enormemente con las grandes cifras que se obtienen como resultado de las economías ilegales que se desarrollan en la parte alta de la cordillera occidental y que se extiende hasta las costas del litoral pacífico. Aunque existen muchas dudas sobre el monto real que genera la industria de la coca y de la minería ilegal, los diferentes centros de estudios coinciden que se estima en una cifra equivalente entre el 2 y el 3,5 % del PIB. El mismo Dane, de acuerdo con el censo del año 2020, determinó que la población del departamento es de 1′436.916 habitantes.

Este escrito no busca, de ninguna manera, pretender desconocer el derecho de las comunidades indígenas a reclamar las tierras despojadas a lo largo de la historia por las diferentes corrientes sociales que en cada época se han presentado desde la Colonia, pero ciertamente busca dar una visión diferente a la de los que tradicionalmente la presentan en textos y estudios con un claro sesgo, atribuyendo casi de manera exclusiva el estado de zozobra, en virtud de la violencia en la cual por décadas se ha sumido el pueblo del Cauca, a terratenientes, paramilitares y a la fuerza pública, desconociendo de manera muy intencional que las mismas comunidades han sido culpables en buena medida de su propia tragedia.

El departamento del Cauca ha sido tradicionalmente foco de muchas disputas y no necesariamente por razones de la tenencia de la tierra, lo que no es un tema menor, pues van en aumento los enfrentamientos entre las mismas comunidades indígenas, y estos contra los afro, contra los grandes cultivadores de caña y aun contra los poseedores de pequeñas fincas y parcelas. Este panorama no muestra una mejoría, pues en virtud de la restitución de tierras que nace en la ley de víctimas contempla únicamente a los campesinos afectados a partir del año de 1991 y deja por fuera a indígenas y afros, quienes sus reclamos y lucha por la liberación de la madre tierra incluyen periodos originados desde la misma Conquista.

El Cauca ha sido, y es, el escenario casi natural de muchas organizaciones; unas desplazadas desde otras regiones que han encontrado refugio en esos territorios, otras nacidas allí y otras que se han posicionado a fuerza, todas con la indiferencia de las autoridades del Estado, en connivencia con las autoridades indígenas y el silencio complaciente de la misma comunidad, sin entrar a detallar la presencia de los carteles mexicanos en la zona. Atreverse a describir lo que pasa en el Cauca es en verdad una acción riesgosa, pues el hacerlo toca fibras muy sensibles, pero hay que comenzar diciendo que la realidad nos muestra que la autoridad de los alcaldes tiene un alcance muy limitado, que no va más allá del casco urbano y que se va diluyendo en la medida que la distancia a partir del despacho municipal aumenta, y la autoridad del gobernador en el departamento es casi nula, pues las autoridades indígenas son las que en principio controlan los territorios.

En las últimas décadas, entrar a los resguardos sin un propósito abierto es difícil para cualquier ciudadano; el control que ejercen los resguardos a través de las guardias obliga a que el extraño se someta a ellos al entrar y salir de un territorio. Es un secreto a voces que no pocos miembros de las guardias indígenas tienen relación con los grupos armados, algunos son combatientes con tareas de inteligencia, los cuales cambian de rol cuando les toca enfrentar a la fuerza pública.

Es precisamente la fuerza pública la que ha llevado la peor parte en este escenario de desgobierno institucional. La tarea de llevar la seguridad a las áreas rurales del departamento y especialmente a los territorios indígenas la hace altamente vulnerable, pues constantemente ha sido objeto de asonadas para arrebatar delincuentes capturados por la tropa y, en otros casos, sencillamente expulsados de las veredas sin razón válida, impidiendo además la erradicación e incluso la destrucción de laboratorios, abusando de las atribuciones que la Constitución les concede en virtud del artículo 246, que consagra la autonomía en sus territorios, mientras los grupos armados ilegales se pasean por poblados y campos sin objeción alguna.

El departamento del Cauca siempre ha sido la ‘papa caliente’ que ningún gobierno ha querido meterse a la boca y han preferido dejar que las cosas pasen, dando un manejo paliativo con la billetera estatal a los graves problemas de gobernabilidad y de control territorial, sin que al final se sepa a dónde van a parar esos recursos. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación contempló la asignación de 220.000 millones de pesos para el bienio 2023-2024,y en sesión del Consejo Regional Indígena del Cauca, el director del DNP anunció, el pasado 24 de marzo, que en el marco del plan cuatrienal 2023-2026 están asignados 1,3 billones de pesos de recursos de inversión. En el año 2019, el entonces presidente Duque revelaba que a las comunidades indígenas, desde el año 1990, se les ha entregado más de 20 billones.

El tema de las tierras y de los recursos merece un análisis más amplio y detallado para despejar también muchos mitos en torno al “abandono ancestral” por parte del Estado, ya que la motivación de este escrito se origina en la carta de nueve páginas que envía el Consejo Regional Indígena del Cauca, al comandante del bloque occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, no exigiendo que se vayan de los territorios, sino manifestando su preocupación por las 1.777 acciones violentas en contra de las comunidades indígenas.

Llama la atención que las autoridades indígenas firmantes de la misiva expresen: “… Son cifras que indican que las acciones contra el pueblo durante su dirigencia superan por siete las adelantadas contra el Estado. Más allá de lo miserable y contradictorio que resultan estos datos, a cualquiera le queda muy claro que el enemigo de ustedes dejó de ser el Estado o el régimen político o la oligarquía o los ricos, lo que una fuerza revolucionaria podría entender como enemigo”. El texto deja en evidencia que la convivencia de muchos años con los ilegales salió mal, se les ha salido de las manos y que las autoridades territoriales en cada resguardo perdieron el control hace rato.

Esta realidad no debe sorprender a los colombianos, ya que estaba en mora de darse; tantos años de convivencia y tolerancia con estos grupos armados está terminando en lo que se podría llamar un ‘efecto parásito’, parodiando la película coreana. Pero aquí, en la vida real, es más peligroso, pues el huésped empoderado ha desplazado no sólo la autoridad estatal, que poco o nada la ha ejercido, sino que sometió la autoridad del dueño de casa. Ahora son los delincuentes los que controlan la entrada, la salida, y son los dueños de un negocio del que antes eran las comunidades, y las Farc sólo cobraban el gramaje, primero durante la bonanza de la marihuana en los años setenta y ochenta, después con la coca hasta el día de hoy, cuando ya son dueños totales del negocio. Esto es los cultivos, los laboratorios, la producción, las rutas y la comercialización de la droga.

Las Farc o disidencias, como las quieren llamar, tienen el control de los territorios en el Cauca y las cifras así lo indican. 374 asesinatos, 43 ataques explosivos, 214 hostigamientos, 25 desapariciones, 225 amenazas de muerte y 785 reclutamientos de menores, son la demostración del trabajo de consolidación de la organización, tal como lo ha venido haciendo a lo largo del territorio nacional durante muchos años. Aunque el mensaje de la carta no es el de rechazar la acción criminal y repudiar la presencia de los delincuentes en sus tierras, sólo claman que no se metan con ellos, se destaca que las autoridades indígenas se han dado cuenta de que la motivación no es la toma del poder, no es el enfrentarse al Estado, pues eso ya no les interesa.

La lucha popular dejó de ser parte de su ideario, si es que les queda algo de eso; su interés principal es el mantener el dominio de esa industria que alimenta sus finanzas, actividad que van a seguir desarrollando hasta que puedan, hasta que otra droga inunde el mercado o hasta que el Estado decida imponer su autoridad y gobernanza para incorporar de manera efectiva al departamento del Cauca en la vida de la nación. Es irónico que con tantos viajes de Gustavo Petro al Cauca antes, durante y después de la campaña y con la incidencia de Francia Márquez en estos territorios, frente al enorme apoyo brindado a ellos en las elecciones por parte de las comunidades indígenas e incluso por miembros de las organizaciones armadas ilegales, se esté viviendo este panorama, pues se esperaba algo diferente.

El presidente decide suspender el cese al fuego parcialmente con esas estructuras, precisamente porque las comunidades indígenas así lo pidieron, y con el grito “nos están matando”, quieren recuperar el control perdido. Este gobierno no puede mirar para otro lado. El trabajo de las Farc está hecho y si las comunidades indígenas, con sus autoridades, no voltean a mirar a la fuerza pública como sus verdaderos aliados, los habitantes del Cauca estarán en la vorágine, en ese remolino agitado que se origina en las corrientes de la legalidad cuando se enfrenta a la ilegalidad, o en términos bíblicos, entre el caos y el infierno que implica la imposibilidad de salir de las tinieblas para llegar a la luz de la paz.