¿Y si la decisión más importante del nuevo Congreso no fuera la Presidencia del Senado? ¿Y si, mientras el país concentra su atención en la disputa entre el Centro Democrático y la Nueva Derecha o en el debate sobre si Abelardo de la Espriella debe posesionarse en una guarnición militar, la verdadera batalla institucional estuviera librándose en una comisión que rara vez ocupa los titulares? La respuesta empezará a escribirse en los próximos días.
Los diecisiete integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara elegirán a su presidente. Quien ocupe ese cargo tendrá la facultad de repartir los expedientes, designar hasta tres representantes investigadores para cada denuncia, nombrar un coordinador entre ellos y reasignar los procesos cuyos responsables ya no integran la Comisión. En un órgano donde la velocidad y el rumbo de las investigaciones dependen en buena medida del reparto de los casos, esa función adquiere un enorme peso.
La importancia de esa elección aumenta porque actualmente cursan más de doscientas investigaciones contra el presidente Gustavo Petro. Entre ellas se encuentra el expediente relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, sobre el cual los nuevos integrantes deberán decidir entre un proyecto favorable al archivo y otro que propone llamarlo a indagatoria. También existen denuncias por una eventual participación en política durante el ejercicio del cargo y otras actuaciones que solicitan investigar las decisiones adoptadas en desarrollo de la política de Paz Total, incluidos los cuestionamientos surgidos tras los audios divulgados por Caracol sobre presuntos cambios en las capacidades de inteligencia y operaciones del Estado. Corresponderá a la Comisión determinar si esas denuncias tienen o no mérito jurídico.
Pocas decisiones ilustran mejor la importancia de esta Comisión que la negociación política que permitió al Pacto Histórico quedarse con un asiento adicional. De acuerdo con la cifra repartidora, el cupo correspondía inicialmente a la Alianza Verde, pero ambas colectividades acordaron modificar esa distribución, de manera que el petrismo aumentó su representación de cuatro a cinco integrantes.
Cuando un partido decide negociar un espacio en este órgano en lugar de otro, envía un mensaje claro sobre cuáles considera sus prioridades políticas. Por eso, la elección de la mesa directiva debería hacerse mediante votación nominal y quedar plenamente registrada en el acta. En una decisión de esta trascendencia no hay lugar para el anonimato. Cada representante debe asumir públicamente su voto y permitir que los ciudadanos conozcan quién respaldó a la persona que dirigirá el órgano encargado de investigar al presidente de la República.
La autonomía del Congreso debe respetarse plenamente. Rodrigo Lara no puede intervenir en una elección que corresponde exclusivamente a la Cámara. Distinto es que la futura coalición de gobierno construya una mayoría mediante acuerdos políticos legítimos. En ese escenario, Daniel Briceño aparece como el candidato natural: reúne la simpatía del presidente electo, el respaldo del Centro Democrático y una reputación de independencia construida a través del control político. Es precisamente esa combinación la que probablemente convertirá su candidatura en el principal obstáculo para quienes prefieren una presidencia menos incómoda para el petrismo y sus socios del pasado.
La correlación de fuerzas sugiere que ninguno de los dos sectores cuenta con una ventaja definitiva. Cinco representantes pertenecen al Pacto Histórico, tres más llegan con antecedentes de cercanía al actual gobierno y cuatro exhiben una trayectoria claramente opositora. El comportamiento de los cinco restantes será determinante para la elección de la mesa directiva y, con ello, para el rumbo que tome la Comisión durante los próximos cuatro años. Más que especular sobre el desenlace, corresponde a la ciudadanía observar con atención las decisiones de quienes llegan con trayectorias políticas diversas y exigir que cada actuación quede plenamente documentada.
Kelyn Johana González, Juan Loreto Gómez y Luis Ramiro Ricardo Buelvas acompañaron en distintos momentos iniciativas relevantes del Gobierno Petro. Aunque hoy puedan construir puentes con la administración entrante, esos antecedentes justifican un seguimiento especial por parte de la opinión pública, pues su comportamiento permitirá establecer si prevalecen las nuevas alianzas o las relaciones políticas construidas durante los últimos cuatro años.
José Fredy Arias y Mario José Carvajal comparten una característica: los dirigentes que impulsaron sus carreras mantuvieron una relación de cooperación con el Gobierno Petro. Arias llegó a la Cámara con el respaldo de la estructura de Diego Patiño, mientras que Carvajal tuvo como principal referente político a Jaime Durán, senador que acompañó varias iniciativas del oficialismo. Aunque sus trayectorias personales apuntan en otra dirección, esa combinación convierte a ambos en dos de los votos más difíciles de anticipar dentro de la Comisión.
José Luis Duarte parece llegar con mayores incentivos para acompañar al presidente electo, pues su trayectoria no registra un nivel de cercanía comparable con el petrismo. Diana Riveros, en cambio, fue elegida por el Partido de la U, que hará parte de la futura coalición del gobierno entrante, aunque llegó a la Cámara gracias al caudal electoral construido por su esposo, Diógenes Quintero, quien mantuvo una relación cercana con el Pacto Histórico. Jorge Rodrigo Tovar, a su vez, acompañó a Petro durante la pasada legislatura, pero recientemente expresó públicamente su respaldo al presidente electo, una posición que ahora deberá reflejar en su voto.
Más definida parece la posición de Carlos Alberto Cuenca, quien promovió varias actuaciones contra el presidente Petro durante la legislatura anterior. A él se suman los representantes del Centro Democrático, conformando un bloque que, por sus antecedentes, probablemente respaldará el avance de las investigaciones. Sin embargo, para alcanzar los nueve votos que exige la mayoría de una Comisión integrada por diecisiete miembros, deberán convencer a los cinco representantes cuyo voto sigue siendo una incógnita.
La responsabilidad del presidente Gustavo Petro solo podrá establecerse mediante el debido proceso. No obstante, las investigaciones no empiezan cuando se profiere una decisión, sino cuando se define quién las administra. Aunque la presidencia de la Comisión será rotativa, quien la ocupe durante el primer año marcará el rumbo de expedientes que, por su complejidad, tardarán años en concluir. Por eso esta elección merece mucha más atención de la que hasta ahora ha recibido.