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María Jimena Duzán

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El disfraz de policía

Duque se disfrazó de policía y fue a visitar a los uniformados en sus CAI, pero no ha ido a visitar a las familias de las víctimas ni a los heridos que sobrevivieron, como sí lo ha hecho la alcaldesa.

María Jimena Duzán
19 de septiembre de 2020

Al presidente Duque lo hicieron disfrazar de policía, pero parece que no le hicieron el favor de mostrarle ni un video de los cientos que captaron la brutalidad policial y en los que además se ve a muchos policías disparando a diestra y siniestra contra civiles desarmados. A lo mejor si se los hubieran mostrado no se habría vestido de policía sino de presidente, y no estaría negando lo innegable.

Para comenzar, el presidente y su arrogante ministro de Defensa niegan que la muerte, o mejor, el asesinato a manos de unos policías de Javier Ordóñez, sea un síntoma de una crisis profunda de la institución que ha permitido el abuso policial. Por el contrario, en todas sus declaraciones nos han hecho saber que este “episodio”, como le llama el presidente al asesinato de Javier Ordóñez, es un hecho que si bien hay que repudiar –el propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le pidió perdón a los familiares de Ordóñez–, de ninguna manera puede ser utilizado para estigmatizar a toda la institución. Sin embargo, los hechos y los videos, que no mienten, indican que el presidente y su ministro nos están mintiendo con esta repetida tesis de las manzanas podridas.

Lo más grave del video, en el que se ve a varios policías sometiendo a golpes a Ordóñez en un claro uso desmedido de la fuerza, no es la sevicia con que lo hacen, sino la tranquilidad con que le dan la muenda a Ordóñez pese a que saben que los están grabando. No se inmutaron ni un ápice. Y no lo hicieron porque sabían que no les iba a pasar nada y que su crimen iba a quedar cobijado por la impunidad que siempre los ha amparado. Si esto no refleja la crisis profunda que padece la policía y la urgencia de abrirle paso a una reforma, entonces es que toda esta polarización nos ha vuelto tan imbéciles, tan imbéciles que ni siquiera somos capaces de reaccionar sin que nos manipulen.

Prueba de que los policías se sienten protegidos por la impunidad es que dos de los agentes que participaron en la matanza de Ordóñez habían sido ya denunciados por abuso policial, pero las investigaciones estaban dormidas. Según fuentes obtenidas por esta columna, de los 140 casos de denuncias por abuso policial en lo que va de este año, solo hay 38 investigaciones abiertas. Es decir, los policías que actuaron como asesinos y mataron a Ordóñez lo hicieron a sabiendas de que la institución no les iba a pedir cuentas. Qué horror.

También resultó indigna la primera reacción que tuvo la policía una vez empezó la protesta por la muerte de Ordóñez porque quiso encubrir lo que había sucedido, lo cual refleja una opacidad en las cadenas de mando que asusta. “El señor se había sentido mal en el CAI y lo llevamos al hospital”, reza la primera declaración que hizo a los medios un coronel de la policía metropolitana con una tranquilidad pasmosa, como si la muerte de Ordóñez no hubiera sido producto de los golpes que le infringieron sino de un fortuito problema de salud. Fue después de que la alcaldesa Claudia López denunció la muerte de Ordóñez como un caso de abuso policial que la policía y el ministro de Defensa tuvieron que cambiar tan vergonzoso libreto.

Sin embargo, este drama no paró ahí. La muerte de Ordóñez produjo un estallido social como el que se generó con la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, y los manifestantes salieron a las calles con furia, se tomaron 72 CAI y los incendiaron. La policía intentó retomarlos y entró con toda su fuerza disparando a diestra y siniestra. ¿Quién dio la orden de esa retoma? No se sabe. Solo se ha podido constatar que la alcaldesa nunca la dio y que desde el puesto de mando unificado de la Alcaldía tampoco salió. Lo que sí se sabe es que desde las seis hasta las ocho de noche de ese 9 de septiembre la jefatura de la Policía Metropolitana quedó acéfala y solo después de esa hora, cuando ya se habían producido los primeros muertos, se le notificó a la alcaldesa el nombramiento de un nuevo general, que llegó a tomar las riendas de la situación sin saber mucho del asunto.

El saldo de muertos el 9 de septiembre fue de nueve personas. El 10 murieron cuatro más. Con excepción de una de ellas que murió atropellada por un bus tomado por unos vándalos, las demás murieron por armas disparadas por la policía. Cuatro de ellas ni siquiera estaban protestando, sino que pasaban por allí, como sucedió con Alexander Fonseca, quien falleció de un paro respiratorio luego de recibir cuatro impactos de arma de fuego en el pecho. Él deja un bebé de 6 meses. O como Cristian Hernández, de 23 años, quien se despidió de su papá para llevar un domicilio en su bicicleta y fue interceptado más tarde por dos policías que lo arrastraron y le dispararon en la frente.

El Gobierno pidió perdón por la muerte de Ordóñez, pero no se ha referido ni nombrado a las 13 víctimas que murieron entre el 9 y 10 de septiembre. Duque se disfrazó de policía y fue a visitar a los uniformados en sus CAI, pero no ha ido a visitar a las familias de las víctimas ni a los heridos que sobrevivieron, como sí lo ha hecho la alcaldesa.

¿Y cuál puede ser la razón para semejante desplante? Pues solo hay una: la de que el Gobierno se ha inventado la tesis de que estas protestas que terminaron con las tomas de los CAI fueron orquestadas por el ELN y por las disidencias de las Farc en cumplimiento de un plan que venían preparando desde semanas antes.

Si esta tesis es cierta, significa que la policía sabía que este plan estaba en marcha y que no lo pudieron detener. ¿Tan mal estamos también en ese frente? ¿Y cómo se explica que haya habido tantas víctimas que pasaban por ahí que no estaban protestando?

La tesis de graduar a los cerca de 4.000 jóvenes que salieron a protestar a las calles luego de la muerte de Ordóñez como milicianos es tan descabellada que no resiste ningún reporte de inteligencia. Pero claro, siempre es más fácil echarle la culpa a las nuevas Farc que buscar las causas que motivaron el estallido social del miércoles porque el Gobierno terminaría crucificado. Es más fácil inventarse la tesis de que estos jóvenes son desechables que responder sus preguntas sobre la falta de oportunidades, sobre la falta de libertades y de cómo sienten que el país se va devolviendo a una guerra que ellos pensaron ya no volvería.

Pero además, esta tesis de graduar a los que protestan de sediciosos les sirve para justificar el abuso policial que se dio esas noches del 9 y 10 de septiembre, en las que se vieron no solo a policías disparando a mansalva sino a civiles recibiendo armas de la mano de uniformados, como si hubiera una fuerza paramilitar. Y desde luego les sirve para estigmatizar la protesta y amedrentar a los que quieran salir en el futuro.

En realidad esta protesta no es ni siquiera de Petro, así él pretenda captarla a través de unos trinos que en esos días no estuvieron a la altura de su responsabilidad como líder político. Un presidente que se disfraza de policía sin haber gobernado es tan peligroso como pretender apagar un incendio con gasolina.

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